El estado de protesta llegó a 27 días de medidas contra el aumento del combustible y la expansión de actividades extractivas, mientras el gobierno radicaliza el enfrentamiento con la militarización del territorio.
El pasado miércoles, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el levantamiento del paro y los bloqueos, tras una reunión que mantuvo con Martha Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac); Mesías Flores, de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI); entre otros dirigentes.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) desconoció el acuerdo, resaltó el carácter nacional del reclamo y confirmó la continuidad de las movilizaciones. “El paro no ha terminado, nuestras comunidades siguen en resistencia hasta que se atiendan las demandas nacionales”, amplió la CONAIE.
🔴 [COMUNICADO] Llamado a la unidad del Movimiento Indígena
Nuestro llamado fraterno a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades a actuar con unidad, disciplina y respeto a nuestras estructuras organizativas.𝐀𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞… pic.twitter.com/BVPqwnT8x0
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 16, 2025
Previo al anuncio del acuerdo, el gobierno envió a la zona un convoy militar “humanitario” para despejar los bloqueos en las rutas de la provincia de Imbabura, epicentro de los reclamos, generando incidentes bajo el pretexto de suministrar alimentos y medicinas a las zonas afectadas por la protesta.
En este marco, la organización indigena confirmó el fallecimiento de José Alberto Guamán, un comunero kichwa de 30 años, tras recibir un disparo durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Otavalo (Imbabura), en el norte del país. La organización campesina calificó el suceso como un “crimen de Estado”.
Las muertes confirmadas en el marco del paro nacional convocado por la Conaie asciende a tres desde que comenzó el 17 de septiembre en rechazo al decreto ejecutivo que eliminó el subsidio al diésel.
A su vez, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó 346 vulneraciones a derechos humanos: 172 personas detenidas, 282 heridos y 15 personas desaparecidas temporalmente.
El ajuste fiscal promovido por el Ejecutivo coincide con la austeridad pedida por el FMI quien acaba de finalizar una visita técnica para corroborar el funcionamiento del crédito que mantiene activo.
Según el anuncio realizado el 9 de octubre, desde el FMI consideraron que en Ecuador “cumplieron con todos los criterios de desempeño cuantitativo” por lo que confirmaron que accederán a un nuevo crédito por 600 millones de dólares.
El gobierno de Daniel Noboa aumentó un 55% el precio del combustible provocando la reacción popular.
Ecuador lleva más de 10 días de paro general contra el alza del combustible y por mejores condiciones de vida.
