El Tesoro estadounidense junto al JP Morgan y los organismos internacionales de crédito tomaron posiciones en la deuda y el gabinete del Gobierno para fortalecer su política de ocupación.
La fracción financiera al mando del Gobierno Nacional busca consolidar el negocio de los grandes bancos y Fondos de Inversión sosteniendo el control monetario sobre el dólar y elevando las reservas para el pago de la deuda.
Para garantizar sus posiciones, el Tesoro norteamericano anunció previo a las elecciones un acuerdo por 20.000 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) también hicieron lo suyo con anuncios de préstamos e inversiones.
La lucha económica y los bloques de poder
A la cabeza de este bloque financiero se encuentra el JP Morgan, quien puso el moño a su desembarcó en el país mediante un encuentro en el Teatro Colón el 23 de octubre en el que participaron funcionarios y empresarios nacionales, además de otras figuras y financistas internacionales.
Así catalogó el Bank of America a la región. Por otro lado, el JP Morgan dijo en un informe que esta oportunidad está impulsada por “las recientes reformas económicas”.
De esta manera, el banco, junto al Tesoro norteamericano y los organismos de crédito (FMI, BM y el BID) lograron afianzar su dirección en el gobierno del Estado consolidando el bloque de poder dominante.
Su programa es aplicado pero no sin encontrar oposición y resistencia de otros bloques. Los bancos que hace unos meses pedían reactivar el crédito, fueron satisfechos con la propuesta de renovación de bonos y las altas tasas de interés para hacer jugar su capital en la timba.
Los chispazos por el incremento de los encajes no fueron suficientes para encender la bronca generalizada del sector. La semana pasada volvieron a bajar considerablemente la tasa de interés acrecentando aún más el problema de liquidez de estas entidades.
Por otro lado, los grandes industriales nacionales viven su propio calvario. Producto de la primera suba de tasas fueron obligados a acceder a financiamiento por medio de la emisión de Obligaciones Negociables, también operadas por fondos de inversión en el sistema financiero. Ello sumado a la apertura de importaciones que generó el cierre de fábricas y empresas.
Las centrales empresarias expresaron su apoyo a las primeras medidas del Gobierno, aunque varios sectores sostienen reclamos sobre los alcances particulares del decreto.
Frente a esta situación, al no poder bajar su costo de otra manera, este bloque industrial exige reformas y reducción de impuestos, extendiendo su agonía. Así fue que nuevamente se hizo eco del reclamo por las reformas tributaria, laboral y previsional (pautadas previamente en el último acuerdo con el FMI).
Las agroexportadoras, por su parte, fueron atendidas con una política de retenciones. Para el gobierno fue un modo de asegurar el control sobre el dólar por algunos meses y mantener bajo su ala a un sector importante para la provisión de divisas.
Tras el triunfo electoral de Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA) los actores económicos presentan sus programas de gobierno para que sus ganancias no pierdan lugar en la agenda política.
En la base del sector del agro, los pequeños y medianos productores se ven condicionados en la actividad ante los vaivenes de la política cambiaria. El margen que logran extraer de la tierra no alcanza para sostener su reproducción: alquilan o venden sus hectáreas, cediendo terreno a las grandes firmas exportadoras.
Mientras tanto, desde la política estatal, profundizan las condiciones de valorización para los sectores minero y energético que subieron en el ranking de los principales conglomerados exportadores y lideraron la presentación de proyectos para el RIGI.
A su vez, el programa económico también perjudica a sectores como los industriales pymes, otros productores y comerciantes, conformando el bloque “productivo” que, con poca consistencia política, busca retener algo de la influencia perdida en los últimos años producto de la recesión económica y la caída del consumo.
Entre medio, una gran masa de población trabajadora se ve perjudicada por el ajuste de forma directa, mediante el despido de empleados públicos y la baja de programas estatales, o indirectamente, a través de la recesión económica, la inflación y la depresión salarial.
Cerrar las cuentas para el pago de la deuda es el norte del Gobierno, aún cuando eso implique que la fiesta la paguen los trabajadores.
En este contexto se define la conformación de dos grandes polos. El primero, integrado por el JP Morgan, los bancos y los organismos de crédito internacionales, que ejerce el control efectivo del Estado. Ellos lograron incorporar parcialmente a las agroexportadoras y neutralizar a los demás actores en sus reclamos.
El segundo polo está formado por los productores rurales, la pequeña y mediana burguesía industrial y comercial, y los trabajadores, que luchan a reacción y de manera fragmentada por el sostenimiento de sus condiciones de existencia.
La disputa política
En ese marco, la cuestión partidaria adquiere su significado para mantener en apariencia acaparados los intereses sectoriales.
Así, La Libertad Avanza (LLA) se conforma como el partido dirigente del primer bloque, una alianza que también contempla otras expresiones políticas y que, con sus medidas, buscan dividir los actores del polo contrario.
El programa económico del Gobierno favorece la rentabilidad financiera de los bancos, mientras los industriales se quejan porque esto encarece el crédito para financiar la actividad.
El PRO de Mauricio Macri, integrado a la alianza de gobierno, pertenece al espacio de Fundación Mediterránea-AEA-IDEA, con vinculaciones al sector bancario internacional desde donde derivan sus relaciones con el JP Morgan y el FMI.
Sectores del segundo polo le dan forma a la oposición política y sus matices. El partido Provincias Unidas también actúa como brazo político de esta estrategia, conformado por intereses principalmente de la capa intermedia del agro —Mesa de Enlace— y del sector industrial-financiero concentrado en las cámaras industriales provinciales y las Bolsas de Comercio.
Este partido impulsa el reclamo de la reforma tributaria, laboral y previsional, además de una devaluación ejecutada con mayor cautela para captar la voluntad de los sectores del polo productivo. Los actores que lo conforman consiguen algunas concesiones en forma de medidas, cargos y bancas, pero carecen de poder real frente al núcleo financiero.
El recorte de los fondos del transporte al interior del país del Gobierno, antes que una declaración de guerra a los gobernadores, fue una “sugerencia” del banco JP Morgan.
Otra parte de la oposición se concentra en Fuerza Patria, alianza que integra la línea globalista de los BRICS. De allí su insistencia por parte del Gobierno de actuar en contra de esta fuerza y de la injerencia de China al mismo tiempo.
En el proceso de disputa se fortalece la estrategia del polo dominante que consiste en subordinar al conjunto de fracciones a la interna parlamentaria obstruyendo la posibilidad del conflicto para un cambio social.
Su objetivo es ocultar o maquillar el enfrentamiento real de los sectores, negando así la lucha por el reparto de las riquezas y los territorios del país entre las fuerzas que lo integran. De esta manera mitigan el accionar de las fuerzas del polo contrario, hoy el único capaz de ofrecer una verdadera resistencia.
