Luego de la destitución de Dina Boluarte de la Presidencia y la asunción de José Jerí como interino se intensificaron los levantamientos sociales en el país.
Las protestas en el país andino se replican en varias localidades y comunas denunciando problemas de inseguridad, violencia y pedidos de justicia por manifestantes muertos y heridos.
Ante esto, el gobierno de Jose Jerí decretó hace dos semanas “un estado de excepción” por 30 días en Lima con el objetivo de “facilitar el trabajo policial y frenar el crimen”, según expresó en un discurso presidencial y redes sociales.
La declaratoria regirá por 30 días, tiempo durante el cual se restringen libertades constitucionales como la libertad de tránsito, de reunión, de seguridad personal y la inviolabilidad del domicilio, entre otras.
La situación convulsionó con la movilización de estudiantes, trabajadores y organizaciones que reclaman ante el Gobierno por el costo de vida, la inseguridad y la corrupción política.
El anuncio del Ejecutivo fue rechazado por el movimiento juvenil Generación Z, que denunció que el gobierno utiliza la declaratoria para “reprimir la protesta ciudadana” y “acallar las voces disidentes”.
Ante esto realizaron una movilización en Lima el pasado 25 de octubre, sumando la exigencia de justicia por la muerte de un manifestante baleado por un policía en una marcha anterior y por el pedido de derogatoria de leyes que consideran “pro crimen”.
Durante el recorrido, la columna de manifestantes pasó por avenidas céntricas y se mostraron frente a canales de televisión. Al final de la jornada, convocaron a un paro y movilización nacional el próximo 14 de noviembre.
Sector de transporte
El país enfrenta una escalada de violencia que afectó también a sectores de transporte quienes ya vivenciaron repetidos hechos de inseguridad y hasta la muerte de transportistas por lo que, desde los gremios se reunieron con el gobierno para declarar al sector en “estado de emergencia”.
Además, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, informó que los transportistas convocaron a un paro nacional el 4 de noviembre para exigir mayor seguridad.
Frente al estado excepcional impulsado por el mandatario, Ojeda declaró que “la delincuencia, el sicariato y la extorsión no tienen horario. Por eso, un toque de queda no resolvería el problema, porque los ataques pueden ocurrir en cualquier momento del día”.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima, Ricardo Fonseca por su parte declaró que no se sumará al paro ya que destacan “la importancia de mantener el diálogo con la nueva autoridad con quien ya se han discutido soluciones para la problemática del sector.”
