Las últimas semanas fuimos testigos de la lucha de los pesados actores de las finanzas por condicionar el regreso a los mercados de capitales para “invertir”. La “industria” a la que apuntan no es otra que el esquema de valorización de la deuda.
“La única medida sostenible es permitir que la moneda se mueva hasta un nivel que frene la dolarización, incentive la repatriación y permita que los mercados de capitales y los mercados privados funcionen”, ratificó recientemente PIMCO, uno de los fondos más grandes con presencia en Argentina.
En paralelo al lanzamiento de las reformas, el esquema de ocupación del Estado se efectiviza a través de diferentes mecanismos. Así, dividen las fuerzas de la protesta social detrás de señuelos parlamentarios para continuar su lucha por la apropiación de los recursos.
También sabemos que este no es un fenómeno nacional o regional. En todo el mundo promueven la austeridad fiscal, reformas de pensiones y laborales, y ajuste a programas sociales.
Lo estructural de esta disputa salta a la vista: licitaciones para la venta y concesión de empresas de transporte y energía, acuerdos para la exportación de tecnología y minerales, y regulaciones para asentar el negocio de los Fondos Comunes de Inversión en el país.
Abajo, la sociedad aparece desgastada. Años de burocratización de las luchas y erosión democrática derivaron en la vacilación de las dirigencias y el desinterés del movimiento. Solo se convoca a discutir nombres, no estructuras ni políticas.
Esa es la verdadera carnada: hablar solo de “reforma laboral” sin mirar el programa integral en marcha desde la dictadura hasta la actualidad.