La fracción financiera al mando del Estado está cumpliendo con su cometido: aumentar las actividades extractivas en el país para realizar sus ganancias a costa del empobrecimiento de la población.
Esta política implementada por una fracción capitalista, es decir, ya no por un partido político en particular, avanza sostenidamente con su plan coronándose en los hechos con el control de los territorios.
Una actividad clave que grafica esta situación la constituye el sector energético en general, y la explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta a manos de un puñado de empresas extranjeras en particular.
La explotación intensiva de estos recursos se acelera mientras trazan una alianza directa con pequeñas corporaciones financieras que sostienen niveles de liquidez monetaria para financiar los proyectos en curso.
Esa es la verdadera “inserción” de Argentina al mundo: abrir la economía extractivista y conectarla a los mercados globales de endeudamiento, concentrarse en pocas actividades y sostener niveles récord de precarización del conjunto de trabajadores, pequeños productores, comerciantes, entre otros.
En este juego, las reformas anunciadas son más un ítem a destacar para los financistas globales que un cambio de la realidad cotidiana de millones que ya están en los hechos viviendo una reforma laboral.
Ante ello, la pelea a las reformas que se vienen implementando desde la dictadura a la actualidad no podrá ser definida en vericuetos legislativos, sino en la condición de conformar una fuerza social capaz de priorizar la vida ante la voraz explotación a la que se encuentran sometidos la gran mayoría de los trabajadores del país.
