Los gobiernos profundizan su compromiso con el pago de los intereses de la deuda externa, haciendo oídos sordos a los reclamos por el aumento al financiamiento educativo.
El pasado miércoles los trabajadores de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) concretaron un nuevo paro de 24 horas para reclamar nuevamente por recomposición salarial.
La medida se dio en el marco de la convocatoria a escala nacional de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).
El reclamo denuncia el deterioro de los salarios, la suspensión del llamado a paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada tanto por el Congreso de la Nación como por la Justicia.
Esta semana, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó que el Gobierno Nacional deberá ejecutar inmediatamente los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades nacionales.
Las universidades profundizan el conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el llamado a paritarias en el marco del inicio de clases. 
Dichos artículos refieren específicamente a la actualización salarial desde diciembre del 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025 y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El fallo rechazó la apelación del gobierno expresada en el Decreto 759/2025, en el que suspendió la ejecución de la Ley y estableció que la norma sólo podrá aplicarse cuando el Congreso determine las fuentes para solventar su implementación.
En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán subrayaron la “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” del Poder Ejecutivo al considerar que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público.
Las leyes se las lleva el viento
El año pasado la actual gestión logró por primera vez la aprobación del presupuesto para el presente 2026, dado que durante los primeros dos años el financiamiento estatal funcionó a partir de la prórroga de la ley para el ejercicio 2023.
La ejecución del actual presupuesto contempla un gasto de $148 billones de pesos, lo que implica una reducción del 2,5% con respecto al cierre previsto para 2025, considerando la inflación del 13,8% proyectada por el Gobierno.
Para el rubro “Educación y Cultura” se destinará este año 6,8 billones de pesos a precios de 2025, lo que representa un aumento del 23% y un crecimiento real del 4,4% tomando como referencia la inflación estipulada.
Sin embargo, pese al aumento previsto, la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de la inversión educativa continúa representando menos del 1%, alcanzando apenas el 0,75%. En 2015, este ítem alcanzó su máximo de 1,59%, comenzando desde entonces un ciclo descendente.
Cabe aclarar que la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, aprobada en 2006, exige destinar al menos el 6% del PIB a educación (sumando los aportes de Nación y provincias), meta que solo se alcanzó en el año 2015.
En este marco, el gobierno estableció en el artículo 30 de la actual ley la derogación de los límites mínimos de financiamiento para las áreas educativas establecidos en la mencionada 26.206, la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional.
A lo que vine
En detrimento del ajuste educativo, el pago del rubro en servicio de la deuda pública es el segundo rubro más importante del presupuesto 2026, representando cerca del 10% del gasto público con 14 billones de pesos.
Por si fuera poco, en el artículo 41 se habilita al Tesoro nacional a emitir títulos públicos en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa por hasta el 18% del endeudamiento total autorizado, es decir, alrededor de $36.520 millones de dólares.
A su vez, el proyecto da vía libre al Ministerio de Economía para efectuar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a “mejorar el perfil de los vencimientos”.
El presupuesto nacional del 2026 destina 6.8 billones de pesos a educación y 14 billones al pago de deuda.
Para este año, el calendario de vencimientos totaliza alrededor de 18.000 millones de dólares, de los cuales 7.400 son bonos privados, 2.600 del FMI, 4.500 de otros organismos (Club de París, Banco Mundial, BID, CAF, entre otros) 2.200 de Bopreales y 1.200 millones de los préstamos REPO del Banco Central.
Los préstamos REPO son un instrumento financiero en el que una entidad vende de manera temporal valores o activos financieros a una institución bancaria extranjera, con el compromiso de su recompra.
En enero, el Banco Central acordó un nuevo préstamo repo por 3.000 millones de dólares con 6 bancos internacionales (sin aclarar cuales) para pagar los 4.200 millones que vencían en ese mes.
¡Libertad! (para endeudarse)
A su vez, en el artículo 61 se exceptúa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las limitaciones de la Ley 23.928 respecto a la prohibición de indexación en operaciones de endeudamiento y emisión de títulos públicos en moneda nacional. De esta forma, la gestión flexibiliza restricciones a las provincias para tomar deuda extranjera.
Esto toma una relevancia particular en la provincia de Córdoba, donde los conflictos salariales universitarios se solapan con los de la docencia de nivel primario, secundario y terciario. Ambos por igual afrontan las condiciones de pobreza a las que los someten por igual las administraciones provinciales y nacionales.
En este marco, el gobierno provincial concretó en enero una colocación de deuda por 800 millones de dólares, con un plazo de nueve años y una tasa anual del 8,6%, lo que representó el regreso de las provincias al mercado de financiamiento internacional.
El Gobierno Nacional y los gobernadores buscan inversiones para la extracción de los recursos mineros, energéticos y agrarios. Se prioriza el beneficio al capital financiero perjudicando a la industria manufacturera y los trabajadores.
