Un continente en movimiento

Desde Río Bravo hasta la Patagonia, toda América Latina atraviesa horas tumultuosas: en Brasil la desigualdad tocó su techo histórico: el 10% más pobre concentra 0,8% de la masa salarial ante un 43,1% del 10% más rico. En Bolivia el proceso electoral en el que resultó reelecto por un estrecho margen el gobierno de Evo Morales contrajo violentos enfrentamientos en la calle entre los sectores opositores y oficialistas, bajo la atenta mirada de organismos internacionales que “sugieren” una segunda vuelta. Mientras que en Argentina, las urnas negaron la continuidad de las políticas neoliberales de Mauricio Macri, consagrando a la terna de Alberto y Cristina Fernández.

Estudiantes colombianos  se manifiestan con asambleas y movilizaciones en contra del Gobierno de Iván Duque. En Uruguay y Panamá se realizaron movilizaciones contra reformas constitucionales. Los campesinos paraguayos alzan su voz contra las medidas sociales y económicas que perpetra Mario Abdo Benítez, al igual que en Honduras y Haití, donde las protestas sacuden los gobiernos de Hernández y Moise.

Un “paquetazo” contra el gobierno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció a comienzos del mes de octubre un conjunto de medidas conocidas públicamente como el “paquetazo”.

En el combo económico anunciado se impuso la elevación del precio de combustibles (120% al diésel- 30% a la nafta) a través del decreto 883. Al cual se le sumó un 20% menos de remuneración para contratos ocasionales, la reducción de 30 a 15 días de vacaciones para empleados públicos, la eliminación al impuesto de salida de divisas y la necesidad de promulgar una reforma laboral para “modernizar” el trabajo en el contexto actual. Estas medidas se producen en el marco del acuerdo establecido entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Los sectores organizados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), compuesto por siete centrales sindicales, salieron a criticar la medida promulgando la derogación de las mismas, con la adhesión de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador y las comunidades indígenas, amparadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

El 4 de octubre, en las calles de Quito, ecuatorianos comenzaban a ser protagonistas de una gesta popular que denunciaba el amedrentamiento del gobierno y los empresarios contra la clase trabajadora. El clima de protesta fue subiendo de tono a medida que el gobierno, firme a su decisión, respaldó el anuncio con la ocupación policial en las calles.

El nivel de tensión se combinó con el anuncio de Lenin Moreno de decretar el estado de emergencia que refiere al cuidado principal sobre los recursos estratégicos como empresas, refinerías de petróleo, aeropuertos y control militar sobre la población.

Dirigentes sindicales detenidos

El 4 de octubre se produce la detención de líder sindical de los taxistas, Jorge Calderón, de los líderes del Sindicato de Choferes de la provincia de Azuay y de la Cámara de Transporte de la ciudad de Cuenca. Los trabajadores del transporte fueron uno de los grupos que mayor respaldo dió a la movilización popular, denunciando que la liberalización del precio en los combustibles solo traería mayor empobrecimiento a la población.

A su vez, la CONAIE hizo un llamado a los indígenas de las periferias a la capital ecuatoriana a una gran movilización en caravana. El motivo fue el llamado al diálogo con el gobierno de Moreno, estableciendo como condición necesaria para la negociación, la detención inmediata de la represión.

Tras dos semanas de lucha, y posterior al diálogo establecido entre FUT, CONAIE, el Episcopado de Ecuador, la ONU y el gobierno de Lenin Moreno, se derogó el decreto 883 y las postergación de las medidas del “paquetazo”. “¡Victoria de la lucha popular!”, exclamó la CONAIE en twitter.

“¡Victoria de la lucha popular!”

CONAIE

Capitalismo “humano”

En el caso de Bolivia el nivel de tensión social fue ascendente las últimas semanas. Movimientos sociales vienen manifestando de manera persistente su descontento frente al modelo en zonas de extracción de recursos naturales, en el caso del Litio al suroeste y la expansión de la frontera agrícola al noreste.

El Gobierno de Evo Morales canaliza gran parte de ese descontento a través de mecanismos de negociación con las empresas que desarrollan su actividad productiva en el territorio, como en el caso de Shell y Repsol.

Asimismo el acompañamiento por parte de las organizaciones sindicales e indígenas hacia el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fue casi total. 

Referéndum negativo para el MAS

El antecedente en el que se sienta gran parte de los reclamos de los grupos “opositores” al gobierno es en el referéndum realizado el domingo 21 de febrero de 2016. La propuesta buscaba modificar la constitución para que Evo Morales se presente nuevamente como candidato a presidente. El resultado de ese referéndum fue negativo.

A través de un acuerdo con organismos internacionales la candidatura de Morales fué inminente. Según Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, por dicho acuerdo la candidatura del líder del MAS se volvía constitucional a pesar de haber perdido el referéndum.

Así el pasado 20 de octubre se realizaron las elecciones donde a partir de la demora del resultado electoral y el pequeño margen que definía si se iba a balotaje entre los dos principales candidatos a presidente, comenzaron las movilizaciones y protestas.

Injerencia y bloqueos

Luego de presentados los resultados que daban por ganador a Evo Morales en primera vuelta en distintas ciudades se realizaron movilizaciones con una fuerte impronta ciudadana. La figura más resonante fueron los Cabildos donde los habitantes de esas localidades se reúnen y definen en asamblea las medidas a tomar.

El Cabildo del Dpto. de Chuquisaca denunció irregularidades en el proceso electoral y exigió la renuncia del presidente por corrupción, además de llamar a toda la sociedad chuquisaqueña junto con asociaciones civiles y sindicatos a realizar una masiva movilización acompañando dichas consignas. Esto provocó la renuncia de funcionarios del Tribunal Electoral de Departamental.

En algunas regiones y ciudades del país convocaron a un paro cívico por tiempo indeterminado. Dichas protestas fueron respaldadas desde el comienzo por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) que, más allá del resultado oficial, “recomendaban realizar el balotaje”. Hasta Mike Pompeo, secretario de Estado de EUA, dijo que están ”preocupados por las irregularidades del proceso electoral”.

También los gobiernos de la Argentina, Brasil y Colombia exigieron que sea la OEA la que verifique el resultado de las elecciones presidenciales.

Frente a la situación el presidente electo denunció un intento de golpe de Estado comandado por la OEA y Carlos Mesa, principal candidato opositor, donde las centrales sindicales y organizaciones de trabajadores no esperaron para posicionarse a favor del gobierno. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central de Trabajadores de Bolivia (COB) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) denunciaron actos de violencia y convocaron a una movilización “en defensa de la democracia”.

Hasta el cierre del presente número los enfrentamientos seguían en pleno desarrollo. Organizaciones sindicales y políticas afines al MAS bloquearon los ingresos en las principales ciudades del país y el paro cívico sigue hasta nuevas definiciones, mientras el gobierno conformó una mesa junto con los organismos internacionales para buscar una salida pacífica a la situación.

Chile: “Nos Cansamos, Nos Unimos”

El estallido social detonado por el alza de 30 pesos en el precio del pasaje de subte en Santiago de Chile puso al país trasandino frente a la mayor crisis política desde la dictadura militar de Augusto Pinochet, poniendo en evidencia el descontento por las políticas impulsadas en las últimas décadas.

Desde el 18 de octubre, Chile es escenario de masivas movilizaciones en las que confluyen estudiantes y trabajadores de diversos sectores, en confrontación directa con el Gobierno de Sebastián Piñera, que respondió decretando el estado de emergencia y el toque de queda, para sacar el Ejército a la calle con el objetivo de “restablecer el orden público”.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”.

Sebastián Piñera

Hasta el momento, hay registro de 20 muertos, 997 heridos y 3.162 detenidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y rechazó toda forma de violencia en el marco de las protestas. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile denunció violaciones a los derechos humanos, a través de la presentación de 46 acciones judiciales contra militares y carabineros.

Las principales organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, agrupados en la llamada “Unidad Social”, concretaron una huelga general de 48 horas bajo el lema: “Nos Cansamos, Nos Unimos”, durante los días 23 y 24, donde se destacó la adhesión de sectores claves en la economía chilena, como los trabajadores de la minería en el norte y los trabajadores de la industria salmonera en el sur.

A pesar de la suspensión de la suba del pasaje, la presentación en el Congreso de un paquete de medidas (congelamiento de tarifa eléctrica, aumento de salarios y pensiones, entre otras) y la aprobación en Diputados de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, las manifestaciones crecieron exponencialmente, alcanzando su cúspide el dia viernes 25, cuando más de un millón de personas marcharon en Santiago por reclamos que abarcan salud, educación y sistema jubilatorio en paralelo a cortes en las rutas de la región Metropolitana de Chile en rechazo al sistema de pago de peajes.

Se registraron concentraciones en al menos 68 ciudades de Chile al tiempo que en distintas ciudades del mundo, se realizaron muestras de apoyo al pueblo chileno. 

Al día siguiente, Piñera anunció la suspensión del estado de emergencia y el levantamiento del toque de queda y le pidió la renuncia a todos sus ministros, aunque sólo terminó reemplazando a 8 de los mismos, dejando sin tocar algunos ministerios claves en las proclamas de las manifestaciones, como Salud, Educación y Transporte.