Una masiva movilización tuvo lugar en las calles céntricas de la ciudad de Villa María denunciando un Golpe de Estado en Bolivia.
Alrededor de 400 personas, organizaciones sociales y sindicales locales se concentraron en la esquina de Plaza Centenario bajo la consigna #EvoNoEstasSolo. Luego de congregarse, se realizó una marcha alrededor de la plaza y se habilitó un micrófono abierto.
Alex Siñani, unos de los presentes en la plaza, agradeció a los que hicieron posible la convocatoria y remarcó que “el fin que nos une es el mismo. Los pueblos tenemos nuestros derechos y tenemos que defendernos”. “Hoy una oligarquía se une para dar un golpe de Estado y volver a relegarnos a nosotros, las clases humildes, los desposeídos y los campesinos”.
La guerra por los recursos
En 2008 el Gobierno de Bolivia estatiza por decreto toda la cadena productiva de minerales en la región de Potosí. Esto habilita a la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) a intervenir para llevar a cabo ese proceso.
Recordemos que en Bolivia se encuentra la mayor reserva de Litio a nivel mundial, material utilizado para baterias, autos electricos, celulares, etc. Los productores de dichas mercancías disputan en los territorios donde se encuentra este mineral.
Desde hace poco más de media década han aparecido firmas privadas adquiriendo participación en parte del proceso en el Salar de Uyuni, siendo algunas de ellas Lin Yi Dake Co. (China), Camc Engineering Co. (China), Machinery Engineering Co. (China), esta última fue destinataria de la exportación de la primera tonelada de litio boliviano.
En 2018 a través de un acuerdo que firma la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se busca dividir la explotación del mineral con una empresa con sede en Alemania llamada ACISA (del Grupo ACI), creando YLB-ACISA E.M.
Producto de ello sectores de la burguesía “nacional” junto con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) de Potosí comienzan con las movilizaciones contra dicho acuerdo. Manifestaban que el mineral debía quedarse en manos de los bolivianos y exigían que la retención de regalías a la región pasase de 3% al 40%.
En la vereda del frente la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (Frutcas), desautoriza al Comcipo, por “querer coartar tan anhelado proyecto de industrialización en los salares de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia que solamente beneficia al pueblo en su conjunto”.
Tras intentos de acuerdo entre el Gobierno, YPFB y Comcipo, que no llegaron a concretarse, y movilizaciones en la región, el 3 de noviembre tienen que dar marcha atrás con el decreto que promovía la alianza.
Entre los grupos interesados en la explotación de ese recurso se encontraban Livent Corporation (Estados Unidos), Grupo TBEA (China) y K-UTEC, que ya se encontraba operando en la zona desde el 2017, entre otros.
Golpe de fuerzas
Tras la situación y aprovechando el contexto electoral, sectores ligados a la burguesía “nacional”, la oposición política, la Iglesia católica y de clase media representados en los Comités Cívicos confluyeron en sus intereses, generando las condiciones para efectivizar el golpe.
Estos últimos han sido identificados con la figura de Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esta figura ha desplazado de la agenda política al referente Carlos Mesa y ha impulsado en conjunto al comité de Potosí, encabezado por Marco Antonio Pumari, el pedido de renuncia a Evo.
El líder opositor Camacho junto a su familia corresponden a una de las élites económicas santacruceñas quienes mantienen negocios en la producción avícola, energética e inmobiliaria.
A su vez, estos sectores recibieron el acompañamiento explícito de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció “delitos vinculados al proceso electoral” por parte de funcionarios del MAS acusando fraude, además de “sugerir” la realización de nuevas elecciones.
Las movilizaciones impulsadas han creado un escenario de enfrentamiento directo en el seno del pueblo. Según datos de la Defensoría del Pueblo boliviana los días de agitación han dejado 7 muertos, 346 heridos y 220 detenidos.
Del otro lado, la Central Obrera Boliviana (COB), junto a otros sindicatos y comunidades indígenas, con movilizaciones en todo el país, legitiman abiertamente el proceso electoral con la victoria del MAS en primera vuelta.
La renuncia y exilio
Ante la posibilidad que generó la situación, los grupos más reaccionarios avanzaron públicamente. Williams Kaliman, general comandante en jefe, pronunció ante la prensa que “luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial”.
Lejos de apaciguar, la situación se volvió cada vez más tensa. Hubo renuncias de alcaldes y gobernadores, ataques racistas por parte de grupos paramilitares y de todo el arco opositor arengando la salida del Presidente.
Tras hacer un llamado al diálogo y convocando nuevas elecciones (propuesta que fue denegada por sectores de la oposición) Evo Morales renuncia a su cargo de presidente, y Álvaro García Linera, al de vicepresidente. Junto con ellos Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, y el ministro de Minería, César Navarro también renunciaron.
Luego de resguardarse en Cochabamba unos días, México le ofreció este domingo asilo político a Evo Morales después de que la embajada mexicana en La Paz acogiera a funcionarios y legisladores bolivianos.
Marcelo Ebrard, Canciller mexicano, via twitter dijo: “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”.
Pronunciamientos
Desde el Grupo de Puebla, en la reunión que mantuvieron los referentes progresistas en Buenos Aires, declararon que “fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de estado y forzar la renuncia del presidente Evo Morales”.
La ONU, por su parte, expresó su “profunda consternación e indignación ante los altos niveles de violencia registrados el día de ayer” e instó a todos los actores políticos a “reducir de manera inmediata las tensiones políticas y desestimar completamente cualquier manifestación violenta”.
El norteamericano, Donald Trump, comunicó su apoyo al golpe de manera oficial: “la renuncia del presidente boliviano Evo Morales es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental”. Y concluyó: ”Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger” la constitución.
