Estudiantes en alianza con trabajadores de la educación se manifiestan por la educación gratuita en Paraguay a través del proyecto de la ley “arancel cero”.
La ley de arancel cero es un proyecto de ley que dispone la gratuidad de toda la enseñanza de grado en todas las universidades públicas del país, en forma permanente. Establece que las carreras universitarias públicas serían financiadas con el 7 por ciento de los recursos que provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Ya con media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó hace dos semanas el proyecto de ley “que prohíbe el arancelamiento de los cursos de grado en todas las universidades públicas del país”. Sin embargo, este miércoles durante el tratamiento en particular de cada uno de los artículos, se introdujeron modificaciones que devolvieron el proyecto al Senado.
Entre las modificaciones, se incorpora la gratuidad al cursillo de ingreso y se permitiría que tanto egresados de colegios públicos como de privados subvencionados tengan este beneficio automáticamente. No obstante, establecieron que se extenderá el beneficio solo a estudiantes en “situación de vulnerabilidad”.
“Para nosotros es una gran injusticia porque finalmente solo se trata como una ampliación del programa de becas y se distorsiona el proyecto de ley, donde justamente la universalidad hace la razón histórica de la lucha”. Lía Rodríguez, estudiante universitaria.
La Coordinadora de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (CEUNA) expresó antes de la sesión, en un comunicado, su rechazo a propuestas del Gobierno que pretendan boicotear el proyecto, reduciendo los beneficiarios del mismo a un 10% del total de los estudiantes, “convirtiendo el ARANCEL CERO en un programa mas de BECAS que no alcanzaría en lo absoluto a cubrir las necesidades reales y actuales de los costos arancelarios”.
Por su parte, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), a través de un comunicado, convocó el estado de movilización permanente exigiendo el aumento el presupuesto de los “Fondos de Gratuidad”, el establecimiento de un fondo propio para alimentación escolar, la implementación de TICs en la educación y un fondo para máquinas y herramientas para colegios técnicos.
Según datos oficiales, en Paraguay, la cantidad de personas en edad de asistir a la educación superior (18 a 35 años), representa el 26% del total de la población, es decir, 2.057.364. De esa población, el 15% (310.000 mil personas) asisten a la educación superior. Entre las ocho universidades públicas del país se estima que hay 80 mil estudiantes universitarios matriculados.
Los estudiantes exigen aumento presupuestario para la educación, que representa un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta alcanzar el 7% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, siglas en inglés) para financiar la actividad. En caso de aprobarse el proyecto, el Estado necesitaría de US$31 millones de forma anual para dicha inversión.
El conflicto sigue languideciendo desde ya meses atrás cuando estudiantes y docentes se movilizaron contra los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno y cuestionaron la actuación del ministro de Educación, Eduardo Petta, a quien en mayo pasado se le aprobó en el Senado una moción de censura por mala administración frente a la pandemia de la Covid-19.
