Opinión de Iván Darío Rojas Moreno, maestro de Ciencias Sociales y especialista en Memoria colectiva y derechos humanos.
El 9 de septiembre en horas de la madrugada es asesinado el ciudadano Javier Ordoñez a manos de la policía nacional, en medio de un operativo donde su humanidad es reducida, posteriormente los agentes proceden a propinarle descargas eléctricas y después de llevarlo a un Centro de Atención Inmediata[1], recibe múltiples golpes que terminan por arrebatarle la vida.
A partir de este suceso, conjunto de las 55 masacres que se han perpetuado en el país en lo que va del 2020, la ciudadanía se autoconvoca para generar acciones de denuncia, protesta y repudio frente a la violencia creciente que afecta a los territorios, y que por efectos del manejo político que se le ha dado a la pandemia del COVID-19, fueron ocultadas o negadas por el gobierno nacional.
En tal sentido personas de diversas procedencias sociales se dan cita para realizar acciones de protesta en los múltiples Centros de Atención Inmediata que tiene la policía en las ciudades, desarrollando concentraciones, mítines y acciones directas contra estos espacios, frente a lo cual los agentes de policía responden con medidas de represión que van hasta el punto de disparar sus armas contra los manifestantes, dejando un saldo de 13 civiles muertos, 64 heridos por arma de fuego y 120 heridos en la ciudad de Bogotá, como epicentro de la movilización.
Estos sucesos nos deben invitar a generar varias reflexiones, en primera instancia que la policía como institución encargada constitucionalmente de la protección de la vida, rompió los protocolos para atender la protesta social, generando violaciones fragantes a los derechos humanos y en especial fortaleciendo el imaginario del enemigo interno, este último representado por cualquier ciudadano que no se enmarque en los estereotipos sociales de la “normalidad”. Por otra parte, que al intentar el gobierno nacional escudar las acciones fuera de la ley producidas por policía, da la espalda de manera abierta a los reclamos de los sectores populares que reivindican el derecho a vivir en paz, la disminución de las brechas de desigualdad social y la posibilidad de garantizar una vida digna.
Al mantener de manera tozuda sus posturas aumenta la indignación colectiva, agudizando los reclamos populares que se movilizaron en el anterior paro nacional, situación que hace prever la posibilidad del aumento de las dinámicas de movilización del pueblo colombiano, que se encuentra en un proceso de reconstrucción y reacomodamiento de sus sectores sociales. Finalmente, el gobierno del actual presidente Iván Duque, al dar continuidad a los pactos con los sectores latifundistas, agroindustriales, transnacionales y financieros del país, fuerza sus medidas políticas, económicas y sociales a un despotismo que solo se puede mantener por medio de la represión, el negacionismo histórico y las prebendas a los clanes políticos regionales.
Es así que se abre un camino tortuoso entre autoritarismo de derecha, o la posibilidad de realizar un acuerdo histórico programático entre los grupos políticos demócratas, para de esta manera construir un gobierno de transición hacia la democracia. Lo cual depende en buena medida de la capacidad de los sectores de izquierda para retomar las demandas de los ciudadanos, la posibilidad de visibilizar las masacres y la consecución de alianzas estratégicas para llegar a un escenario electoral en el 2022 en unidad.
El gobierno del presidente Duque, al dar continuidad a los pactos con los sectores latifundistas, agroindustriales, transnacionales y financieros del país, fuerza sus medidas políticas, económicas y sociales a un despotismo que solo se puede mantener por medio de la represión, el negacionismo histórico y las prebendas a los clanes políticos regionales.
Mientras tanto los sectores sociales deben seguir movilizando sus agendas, exigiendo en la calle sus derechos y en especial cualificando sus apuestas ciudadanas, para que estas se conviertan acciones concretas que permitan territorializar la transformación social. De esta manera es necesario construir nuevas contrahegemonias que aborden temas sentidos como la violencia estructural contra la mujer, los procesos de precarización laboral, las luchas por los bienes de la naturaleza y el surgimiento de las nuevas ciudadanías que reclaman poder plasmar sus planes de vida en la materialidad.
[1] Centro de Atención Inmediata es el lugar operativo territorial de la policía nacional de Colombia, tiene como fin recluir de manera transitoria a ciudadanos que se encuentren infringiendo la ley.
