Aprueban el primer trigo transgenico

El pasado 9 de octubre, se publicó en el boletín oficial la aprobación de la semilla de trigo transgénico HB4, variedad resistente a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. Esta especie de trigo fue desarrollada por la empresa biotecnológica INDEAR, constituida por el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y la empresa Bioceres (propiedad de los empresarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros), y será explotada comercialmente por estos últimos junto a la gigante global de producción de semillas Florimond-Desprez. Su liberación final en nuestro país espera la aprobación de la semilla del gobierno de Brasil, principal destino de exportación del trigo argentino. Su aprobación generó un rechazo generalizado de organizaciones sociales e investigadores de todo el país.

¿Qué es el trigo HB4?

El trigo HB4 es una variedad transgénica del cereal, contenedora de una modificación que le incorpora un gen aislado del girasol que lo hace resistente a la insuficiencia hídrica, como así también al herbicida glufosinato de amonio (probadamente más tóxico que el glifosato), además de aumentar sus rendimientos y por lo tanto sus beneficios empresariales.

¿Por qué utilizar glufosinato de amonio?

Una población de malezas (como llama la agronomía tradicional a las hierbas silvestres que “compiten” con los cultivos) se va volviendo resistente a los herbicidas mediante mutaciones naturales, lo que hace necesaria la aplicación de dosis cada vez mayores de estos compuestos para combatirlas, e incluso se llega al punto en que las mismas se vuelven inmunes al químico (por eso se habla de tolerancia o resistencia). Tal es así que hoy en día se encuentran declaradas 48 especies de plantas resistentes al glifosato, mientras que apenas 3 especies son resistentes al glufosinato de amonio. Esto llevó a que, desde el año 2015, todos los eventos transgénicos aprobados en el país presentaran entre sus características la resistencia a este herbicida.

¿Cómo surge el trigo transgénico en nuestro país? Ciencia estatal, empresas biotecnológicas y beneficios privados.
Su historia se remonta al año 2004, cuando un equipo de investigación del CONICET-UNL (Universidad Nacional del Litoral) liderado por la Dra. Raquel Chan, pudo aislar y patentar el gen del girasol Hahb-4 (modificado y mejorado en el 2012, bajo la sigla HB4). Ese mismo 2004, el CONICET de Rosario se unió empresarialmente con la empresa argentina Bioceres, formando una compañía denominada INDEAR (Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario), con el objetivo de desarrollar modificaciones genéticas en cultivos haciéndolos resistentes a herbicidas (glifosato, glufosinato), a situaciones climáticas adversas, entre otros “factores de riesgo”. Así patentaron eventos transgénicos resistentes a los herbicidas más usado en soja, alfalfa, maíz, y por último el trigo.

Concretamente, los socios privados aportaron 10 millones de dólares para la construcción de oficinas y laboratorios, mientras que el instituto de ciencia estatal aportó en comodato su predio, además de más de 60 investigadores y personal administrativo. Los beneficios comerciales que surgieran de sus operaciones, se repartirían entre sus socios privados, la Universidad Nacional del Litoral y el mismo CONICET. “El vínculo entre el sector público y el privado es el sustrato sobre el cual se generará competitividad”, opinaba en ese momento el ingeniero agrónomo Gustavo Grobocopatel, presidente de Bioceres. Del mismo modo se expresaba la Dra. Chan, para quien “(las empresas) tienen el conocimiento y gerenciamiento empresarial que los científicos carecemos (…) Nosotros estamos dando ese gran salto, tratar de culminar todas las etapas, no convertirnos en una empresa, pero darle a la empresa un producto más acabado”.

En el año 2015, el evento transgénico trigo HB4 de Bioceres, ya asociada a la gigante francesa del mercado de semillas Florimond-Desprez, recibe la aprobación necesaria por parte del SENASA y de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria), que dictaminan su inocuidad para el medio ambiente y para los seres humanos. Sin embargo, su liberación final requería aún la aprobación por parte del Ministerio de Agricultura, mediante el aval de su Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que evalúa la posibilidad de comercialización en los mercados demandantes.

Dicha resolución y publicación final en el boletín oficial ocurrió el 9 de octubre de este 2020, aunque su implementación se encuentra condicionada a la aprobación del gobierno de Brasil, principal destino de nuestro trigo, lo que por el momento parece improbable dado el manifiesto rechazo de la Asociación Brasileña de Trigo (Abitrigo), cámara integrada por los molinos harineros más grandes de aquel país.

¿Cómo funciona la CONABIA, organismo estatal que debe aprobar los OGM (Organismos Genéticamente Modificados)?

La Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) evalúa y aprueba los OGM presentados por las empresas biotecnológicas del sector, y tiene “como objeto garantizar la bioseguridad del agroecosistema” a partir de su liberación en el agro. La comisión está conformada por 47 representantes de organismos estatales (INTA, SENASA, Ministerios, universidades, CONICET) y del sector privado agroindustrial (AACREA, AAPRESID, ACA, Bolsa de cereales, entre otros), aunque para la aprobación de un nuevo OGM sólo requiere la firma del secretario ejecutivo y 4 de sus miembros (5 sobre 47). Además, estas deliberaciones se dan de manera reservada, sin audiencias públicas y en base a pruebas presentadas por las propias empresas interesadas.

Tal es la flexibilidad y automatismo de estas licencias, que recién 20 años después de aprobada la primera licencia para implantar soja RR (Roundup Ready, o resistente al glifosato, en el año 1996), se pudo conocer que la misma no presentaba evaluaciones de impacto medioambiental en el 80% del territorio argentino donde se lleva adelante. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA), por su parte, descubrió que los estudios de impacto son conducidos en espacios controlados llamados “agroecosistemas”, que no tienen en cuenta la coexistencia de los mismos con zonas habitadas, ni los efectos en los cultivos de campos lindantes.

¿Qué consecuencias generan estos herbicidas en la salud?

Debido a la imposibilidad lógica de medir experimentalmente los efectos de estas sustancias químicas en la salud humana, las comisiones estatales encargadas de regular las licencias aprueban su utilización en base a impactos parciales e interesados, y en general realizan las prohibiciones cuando los efectos nocivos ya han sido comprobados. Luego de que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara al glifosato como “probable cancerígeno”, son más de 18 los países, además de decenas de ciudades, que han vetado su aplicación.

Estudios publicados desde el año 2003 por el equipo de investigación del reconocido científico de la UNLP, Rafael Lajmanovich, han demostrado los efectos toxicológicos tanto del glifosato como del glufosinato de amonio en distintas especies de anfibios, los cuáles se toman como organismos modelos dadas sus similitudes celulares con el ser humano. Allí se comprobaron los efectos neurotóxicos (inhibición de impulsos nerviosos) y genotóxicos (malformaciones en el proceso de división celular llamadas aberraciones nucleares), a raíz de la inhibición de la colinesterasa producida mediante la aplicación de dosis “no tóxicas” de estas sustancias. “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones produce convulsiones y muerte celular en el cerebro”, había alertado hace años el investigador Andrés Carrasco, autor incansable de estudios sobre los efectos del glifosato de Monsanto en seres vivos.

¿Cómo se sustenta y justifica la utilización de venenos en la producción del pan que consumimos?

Según cifras de la Bolsa de Comercio de Rosario, el consumo de fertilizantes en la Argentina pasó de 300.000 toneladas en el año 1990, a 4.686.000 toneladas el pasado 2019 (1.562% de aumento, con un componente importado del 65%). Por otro lado, según la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), el consumo de herbicidas era de 19,7 millones de kg/litros en 1991, mientras que el año pasado esa cifra se elevó a 600 millones (30,7 veces más que 30 años atrás).

Esto se justifica, por un lado, mediante un argumento ético que embandera a las empresas del sector. Según Alejandro Mentaberry, Director Científico de INDEAR y científico del CONICET, “las estimaciones sobre el crecimiento demográfico mundial y las prospectivas económicas indican que se necesitará duplicar la producción de alimentos y de energía en los próximos 20-30 años. Esto, que por sí mismo representa un enorme desafío productivo, deberá efectuarse en condiciones crecientemente limitantes de recursos físicos (agua, suelo, combustibles fósiles) y de bruscos cambios climáticos”. Este pronóstico que parece presagiar una crisis alimentaria sin comparaciones, sienta en soledad en el banquillo de los acusados al crecimiento demográfico de la población. Es así que, para la Dra. Chan, la única respuesta posible es “desarrollar tecnologías para que no lleguemos a un momento en el que haya guerras por la comida”.

Por otro lado, la visión de los gobernantes de nuestro país delega en los sectores extractivistas (agro, minería, combustibles) el rol de proveedores de divisas necesarias para nuestra economía mediante sus exportaciones, como de los puestos de trabajo que la sociedad precisa. En su “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”, el gobierno se plantea como objetivos “definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”, para que el agro argentino genere un incremento de 35.000 millones de dólares en las exportaciones, generando “700.000 empleos”.

Aunque el documento no precisa los modos en que se llegará a este “boom exportador”, sí podemos precisar algunos indicios en boca del presidente de la Nación Alberto Fernández, quién en el Consejo de las Américas decía: “Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo”.

Argentina, granero del mundo

Muchos sectores de la sociedad aún piensan en base al antiguo slogan de la Argentina del centenario, y algunos datos parecen darles la razón. Nos preguntamos aquí, ¿cómo se ha desarrollado la producción y exportación del trigo durante los últimos años?

En base a estas estimaciones, se observa un aumento de los rindes de 18,4 a 32,7 quintales por hectárea (3,27 tn/ha). Acompañando una tendencia modelizada de crecimiento productivo, y a pesar de esbozar apenas un tímido incremento de la superficie sembrada, se observa que la producción el año anterior alcanzó una cosecha récord de 21,2 millones de toneladas. Sobre este panorama, las estimaciones de la compañía INDEAR calculaban un incremento del 20% en los rindes actuales mediante la utilización de la semilla de trigo HB4, gracias a la adaptación que le permite a la planta soportar mejor las situaciones de déficit hídrico durante su crecimiento.

Como la demanda del mercado interno es una constante (entre los 5,5 y 6,5 millones de toneladas al año), lo que en definitiva se expande con este crecimiento productivo son los márgenes disponibles para exportación, donde la Argentina ocupa el 9º lugar entre los principales países exportadores de trigo.

Las exportaciones de trigo (granos, harinas y productos farináceos), alcanzaron en el 2019 los u$s 2.800 millones, representando un nada despreciable 4,6% de los u$s 65.000 millones de las exportaciones totales de la Argentina, siendo el séptimo complejo exportador del país.

Por último, presagiando quizá las trabas potenciales nacionales a las importaciones de un trigo modificado genéticamente, la matriz de exportación del cereal se diversificó diametralmente a partir del 2017, donde se pasó de una cartera exportadora de 70 países donde Brasil ocupaba el 74% del volumen total, a un mercado de 88 destinos, con este país acaparando ahora el 40% de las mismas.

La reacción y el camino marcado por las organizaciones sociales

El rechazo generalizado de las organizaciones sociales tras la aprobación del trigo transgénico sigue una inagotable tradición de lucha y resistencia contra la expoliación de nuestros recursos y la contaminación de las fuentes de vida humana. En una carta abierta al presidente Alberto Fernández, remitida el pasado 26 de octubre y firmada por una extensa lista de más de 1.000 investigadores de todo el país, se plantearon una serie de argumentos que desnudan los intereses ocultos detrás de la aprobación de este cultivo: “Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”. También la “Alianza Biodiversidad” que reúne a 10 organizaciones latinoamericanas que trabajan en defensa de la biodiversidad, el pasado 15 de octubre expresó su rechazo a la iniciativa, mediante la enunciación de 20 puntos críticos del actual modelo agroextractivista, los riesgos latentes para la reproducción de la vida humana y de la naturaleza.

No existe otra herramienta que la pregunta y la repregunta para tratar de aclarar el panorama que se nos presenta. Para continuar el debate, ensayamos algunas de ellas: ¿los organismos estatales deben ser los únicos con el derecho de decidir sobre las leyes y normas que regulen el uso del suelo? ¿hay que generar “condiciones favorables para el mercado”, aunque estas impliquen un cheque en blanco para la explotación de nuestros recursos, bajo el sólo argumento de aumentar las exportaciones y generar dudosos puestos de trabajo? ¿es justo que los institutos científicos estatales, que son financiados con los aportes del conjunto social, estén abocados a desarrollar tecnologías que serán explotadas por empresas privadas? ¿para qué necesitamos aumentar las exportaciones y generar un mayor ingreso de divisas? ¿se encuentra el pueblo en condiciones de plantearse un proyecto económico para el país y la región que sea alternativo al modelo dominante?