Ante la llegada de la segunda misión del FMI, el Gobierno define sus prioridades de cara al 2021.
Esta semana llegó la segunda misión del FMI con el objetivo de comenzar las tratativas para cerrar un nuevo programa económico con el Gobierno. El ministro de Economia, Martin Guzmán, en la planta de Toyota en Zárate, anticipó que “tras la reestructuración de la deuda, se viene algo más profundo que es la definición de un programa plurianual para poner en orden y estabilizar la economía argentina. El contexto en el cual se está negociando con el FMI es una oportunidad para que entre todos nos pongamos de acuerdo en pilares fundamentales para la estabilidad”.
El Gobierno busca renegociar un programa con el FMI por al menos 43.900 millones de dólares, a través de un programa de Facilidades Extendidas, que permitiria refinanciar la deuda en cuotas a partir del cuarto año y hasta un máximo de diez. A cambio, el país debería comprometerse a realizar una serie de cambios estructurales.
Anteriormente, Argentina tuvo dos antecedentes de este programa con el FMI: en 1992, cuando el Fondo pidió bajar déficit, además de una reforma previsional y otra tributaria; y en 1998, cuando el organismo pidió privatizaciones, una reforma tributaria y una reforma laboral.
La misión del Fondo, compuesta por Julie Kozack (subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental) y Luis Cubeddu (jefe de la misión para Argentina), abrió la agenda el martes en el Palacio de Hacienda con Martín Guzmán, y el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos. También estuvo el representante residente del FMI en la Argentina, Trevor Alleyne.
El miércoles, la misión se reunió con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, que pidió eliminar las retenciones, bajar el gasto y sostuvo que los desafíos más importantes que enfrenta la economía son “la alta presión impositiva, la amplia brecha cambiaria, la falta de acceso al crédito y el déficit de infraestructura”.
La agenda de la semana de la misión (que se extenderá hasta el 23 de noviembre) se completó con reuniones con Claudio Moroni, ministro de Trabajo; Eduardo de Pedro, ministro de Interior; Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP; y finalmente, con Guzmán y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce.
Ajuste de cuentas
Los programas de facilidades extendidas demandan reformas estructurales, en materia previsional, de ingresos, de impuestos y laborales, entre los ítems destacados. Desde el Gobierno afirman que no estarían en discusión medidas de esa magnitud, pero acumula gestos en esa dirección.
Ver: Reuniones entre el gobierno y empresarios
Martín Guzmán anunció esta semana la decisión de que no haya un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, el subsidio que se venía pagando a casi 9 millones de personas para paliar el impacto del coronavirus. “Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”, explicó.
“Algunos están muy preocupados por ver dónde vamos a hacer el ajuste: lo estamos haciendo pagando menos intereses de la deuda que otros tomaron”.
Alberto Fernández.
Por otro lado, el Gobierno presentó su propuesta para actualizar el monto de las jubilaciones. La fórmula es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y no contempla actualizarse cada semestre en base a la inflación, sino a los sueldos y a la recaudación de impuestos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a partes iguales.
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, declaró: “yo al proyecto lo veo muy mal y, hasta simbólicamente, da la impresión de que están haciendo algo para cumplir con la manda de los organismos”.
Este rumbo se explicita aún más en el proyecto del Presupuesto 2021, aprobado con cambios por el Senado, que contempla una caída del 14% real en el gasto social explicada por la discontinuación de la asistencia de emergencia (IFE y ATP), una caída real en las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones) y una reducción de transferencias a provincias.
A su vez, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) prevé para el 2021 una caída de 7% real, respecto al presupuesto vigente, en las partidas destinadas a la AUH; de casi 36% en la Tarjeta Alimentar; y de 16% en el seguro de desempleo.
Los que quedan afuera
En una reunión del consejo directivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su “preocupación” por las decisiones del Gobierno en un comunicado titulado “La pandemia no terminó” que manifiesta “la preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales”.
“El esfuerzo compartido entre el Estado, los trabajadores, los jubilados, los beneficiarios de planes sociales y las empresas, para transitar la pandemia, sosteniendo el empleo y evitando profundizar más aún la desigualdad social, no puede ni debe ser dilapidado”, agregó el documento.
En Villa María, el texto fue rápidamente compartido a través de redes y plataformas entre los más de 30 sindicatos integrados a la central. “No aceptamos que los jubilados actuales ni futuros, ni los trabajadores activos, sean la moneda de cambio para mostrar cambios estructurales al FMI”, ampliaron a El Diario.
Gustavo Temporini, de APOPS, afirmó que el sistema previsional es “un circulo vicioso”, que tiene a sus beneficiarios como rehenes. Además, opinó que las políticas están encaminándose a “viejas recetas que hacen que los que menos tienen son los que pagan el ajuste”.
El rumbo del amplio marco de alianzas del Gobierno Nacional se encuentra en días vertiginosos, en un contexto de definiciones que traslucen la relación de fuerzas que conducen la política y el futuro del país.
El equilibrio de la balanza del pacto social se tensa cada vez más, volviendo insostenible el peso de los intereses sectoriales en puja y abriendo un sombrío panorama para las ya deterioradas condiciones de la clase trabajadora de cara al 2021.
