Detrás de las grandes empresas, las entidades agrarias y los productores que usualmente vemos en las protestas en las rutas, se encuentran los trabajadores, la fuerza indispensable para la creación de todas las riquezas en los campos argentinos.
Según un informe de la Fundación FADA, en 2018 las cadenas agroindustriales aglutinaban 3.716.317 trabajadores, representando el 22% del empleo privado a nivel nacional y el 18% del total del empleo en Argentina. El sector primario es el que cuenta con mayor cantidad de trabajadores, con 1.413.381, destacándose la actividad agrícola con el 50% de los empleos. Le sigue la comercialización, que generó un total de 958.930 empleos; el eslabón industrial, con 774.713; y el transporte y la logística con 304.620.
El carácter estacional y el trabajo familiar son dos aspectos que invisibilizan el trabajo agrario. En el contexto actual, debido a los avances tecnológicos y las necesidades del capital, el trabajador rural raramente reside en el campo, su residencia mayoritariamente es urbana y el trabajo se concentra en el
lapso de uno o dos meses, correspondientes a las épocas de siembra y de cosecha.
Las nuevas técnicas y el perfeccionamiento de la maquinaria reducen drásticamente, además de la presencialidad en el campo, la necesidad misma de trabajadores: “un empleado menos, es un problema menos”, suele ser una expresión común en empresarios del ámbito rural.
Por ejemplo, con la implementación de la siembra directa, una técnica de cultivo de la tierra sin arado previo, se reemplaza la rotación de cultivos. Ello les permite ahorrar hasta un 60% las horas de trabajo necesarias para una nueva siembra generando a su vez la erosión del suelo.
Sin embargo, a pesar de estos avances aun se mantienen en este sector bastos ejemplos de explotación extrema del trabajo, a través del trabajo en negro, el trabajo infantil y hasta trabajo en situacion de esclavitud. En diciembre, Jose Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), denuncio la presencia de mas de “500 mil trabajadores en negro. Estamos hablando de más del 60% de trabajadores en negro en la actividad”.
En febrero de este año, como resultado de un operativo de Gendarmería Nacional, se rescató a 76 trabajadores agrícolas, entre ellas varios menores de edad, en dos campos próximos a la localidad de Los Frentones, provincia de Chaco, víctimas de explotación laboral.
Además, a partir de denuncias y operativos de organizaciones sociales, sindicales y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), se detectaron y rescataron 132 victimas de grave explotación laboral en las provincias de Rio Negro, La Rioja, Corrientes y Santa Fe. Estos trabajadores se enfrentaban a extensas jornadas de más de 12 horas; con magros salarios, sin registrar y muy debajo del convenio de trabajo agrario rural; viviendo y trabajando en condiciones denigrantes e inhumanas.
“Cuando hablamos de políticas públicas para el desarrollo del sector, todos “Somos el Campo”, pero cuando hablamos de terminar con la vergüenza nacional de los negreros y explotadores, solo queda la UATRE levantando la bandera del blanqueo”.
Jose Voytenco (UATRE).
A pesar de ser definidos como esenciales desde el primer día de la pandemia y de ser uno de los pocos sectores que trabajaron con total normalidad en todo el 2020, las cámaras patronales rechazaron el pedido de un bono de 15.000 pesos para los trabajadores alegando “dificultades económicas”. En cambio, resolvieron el pago de un bono de 10.000 pesos, en carácter no remunerativo y dividido en diciembre, enero y febrero.
La unidad es lucha
Mientras que, por un lado, los trabajadores agrícolas enfrentan la informalidad y la explotación, por el otro, tienden puentes de unidad y ejemplos de lucha, proyectando a pesar del contexto, un futuro por condiciones justas para todo el movimiento obrero.
21 días es lo que duró la huelga que torció el brazo al complejo agroexportador, paralizando los puertos y el movimiento de granos en todo el país, para cerrar el 2020 con el conflicto de mayor envergadura del año. El paro implicó una reducción del 80% la descarga de camiones, la caída de descarga de vagones en el puerto de 4079 a 135, y la paralización de 173 barcos con capacidad de 4,7 millones de toneladas por una estimación de US$ 2.500 millones.
La medida fue llevada adelante en unidad por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODYARA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), la Unión de Recibidores de
Granos y Anexos (URGARA) y la solidaridad de organizaciones y trabajadores de todo el país.
Según un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, el paro implicó una reducción del 80% en la descarga de camiones, una reducción de 4079 a 135 en la descarga de vagones y la paralización de 173 barcos con capacidad de 4,7 millones de toneladas por una estimación de US$ 2.500
millones.
El acuerdo logrado, que aumenta el salario básico de la actividad a $93.000 e incluye un bono de fin de año por $70000 y un bono adicional para los trabajadores que desempeñaron tareas en pandemia de $90.000, propuso un antecedente para toda la clase trabajadora al ir más allá del parámetro de la inflación para plantear una mejora efectiva del poder adquisitivo del salario de los trabajadores.
El fundamento del reclamo se basó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que definen el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
En un comunicado, FTCIODYARA subrayó que “es un logro de todos ustedes, compañeras y compañeros, que impulsaron la solidaridad con conciencia de clase, que sostuvieron la unidad, que lograron vencer a la prepotencia patronal del poder económico concentrado de las empresas y multinacionales que controlan este sector clave para la economía de nuestro país”.
La semana pasada se reavivaron los conflictos en el sector, al tiempo que se replicaron los gestos de unidad. Por un lado, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento (SIPEDyB) se declaró en “estado de alerta”, llevando adelante asambleas en varias terminales y paralizando la actividad en un paro llevado a cabo el 26 de febrero, en reclamo por el riesgo que corren los 500 trabajadores a poco tiempo de la finalización de la concesión de la hidrovía.
Por otro lado, FTCIODYARA lanzó una huelga nacional en reclamo por la reactivación de la discusión salarial para los trabajadores desmontadores de algodón, instancia aplazada desde octubre del año pasado. Trabajadores portuarios y aceiteros ya anunciaron su voluntad de unificar sus reclamos.
Hoy el movimiento obrero, diezmado por la crisis y la pandemia, que no es otra cosa que desempleo, precarización y sobrevivencia, afronta las consecuencias de la inserción de una Argentina en el mercado global como proveedor de cereales, granos y subproductos. Esta inserción demanda de una feroz competencia consistente en aumentar la productividad y reducir los costos.
Es este callejón sin salida, donde las ganancias se escurren en cada vez menos manos y las promesas caen en saco roto, el lugar y la oportunidad que nos obliga a salir del hermetismo, abandonando las fantasías de consensos o una “mejor distribución” y asumiendo la realidad del enfrentamiento que vivimos día a día. Solo así habrá un porvenir para el pueblo trabajador.
