El negocio de la salud se expande a costa del trabajo de científicos y trabajadores del sector. A ello se le suma miles de médicos y enfermeros en situación paupérrima, a pesar de ser la primera línea de enfrentamiento contra el Covid-19. En paralelo, los dueños de la industria facturan millones año tras año.
Las enfermedades y patologías existen desde los comienzos de la humanidad, erigiéndose sobre ellas una necesidad vital de las sociedades: la salud. Con el paso del tiempo se desarrollaron maneras de obtener, mediante la transformación de la naturaleza, técnicas que la satisfagan.
Particularmente, en la sociedad capitalista emergió una capacidad extraordinaria de desarrollo científico y técnico que dió respuestas a muchas enfermedades antes imposibles de tratar. Este desarrollo depende de dos cuestiones fundamentales: Por un lado, convirtiendo esa necesidad humana básica en un mercado apto para el desarrollo del lucro, buscando, al fin y al cabo, saciar las ambiciones empresariales a través del consumo masivo antes que promover la cura de enfermedades y el bienestar social; y todo ello, por el otro, a costa de trabajadores/as, obreros, técnicos, científicos, que componen toda la cadena de producción y que son, en definitiva, quienes producen lo necesario para la investigación, el desarrollo y la producción de medicamentos, vacunas y tratamientos.
Todo lo que se produce en el sistema capitalista necesita ser o convertirse en mercancía, esto significa que, al producirse, los poseedores de las máquinas, las materias primas o el dinero obtienen ganancias a costa de aquellos que trabajan en su elaboración.
El sector de la salud no escapa a dicha lógica adaptando una de las máximas de la democracia liberal contemporánea, “un hombre, un voto”, a la idea de “una persona, una pastilla”. Según algunos estudios, alrededor de 22 mil muertes al año en Argentina, equivalente al 7,5 por ciento del total de defunciones, se producen por uso inapropiado y consumo abusivo de fármacos, como la automedicación y sobredosis.
El imperio farmacéutico en Argentina
Según datos oficiales, la industria farmacéutica argentina se ubica como el tercer sector industrial en cuanto a la magnitud del valor agregado, sólo detrás de la actividad de refinación de petróleo y el sector del hierro y el acero.
Y, a pesar de que el 60% de la producción de medicamentos la llevan a cabo capitales “nacionales”, como mencionamos anteriormente su origen en el territorio de Argentina no significa para nada que la población sea dueña de ella.
Su claro ejemplo es el Grupo Insud, un conjunto empresario de capitales argentinos altamente diversificado y con presencia en más de 40 países. Sus principales activos se encuentran en la Argentina, España, Italia, China, Estados Unidos y Suiza. Sus fundadores y únicos accionistas son
la doctora en Bioquímica, Silvia Gold, y el médico psiquiatra, Hugo Sigman.
Estamos ante un imperio multinacional de origen argentino que, a través de Chemo, Exeltis y mAbxience, participa de todos los eslabones de la cadena de esta industria. También es accionista de los laboratorios Elea, Biogénesis Bagó, Sinergium Biotech, Chemotecnica S.A e Inmunova. Además, posee 16 plantas de producción y 9 centros de I+D a nivel global.
Además, la concentración es una tendencia que plaga todo el sector. En Argentina los 10 laboratorios más grandes tuvieron el 47% de la facturación total y el 49% en unidades vendidas del total del mercado durante el 2019. Los primeros ocho son de origen nacional, y en el puesto 9 y 10 se encuentran dos extranjeros, Sanofi Aventis y GSK respectivamente. Dentro del top se encuentran también Roemmers, del Grupo Insud, con U$S 459 millones; Elea Phoenix, dueño de la marca Adermicina, Geniol, entre otros, con U$S 334 millones; y Casasco, con U$S 271 millones.
Dependiendo del año y la fuente, también podemos ver laboratorios cómo Bagó, Pfizer, Novartis, Bayer y Roche, entre los de mayor facturación en el mercado nacional, todos ellos dentro de los más grandes del
mundo. En total, la facturación de la industria farmacéutica en el último trimestre de 2020 en la
Argentina fue de $87.440,3 millones, lo que representa un incremento de 46,3% en relación con el mismo trimestre de 2019.
Acceso y trabajo en el país
A su vez, la salud depende del acceso a la información de la que sólo se puede conocer acudiendo a profesionales, cómo médicos o enfermeros/as. Estos sirven a su vez de eslabón para el consumo de determinado tipo de medicamentos. Es de por más conocida la presión que ejercen los laboratorios a clínicas, hospitales y trabajadores de la salud para que receten determinado tipo de drogas vendidas por ellos.
Según la agencia Télam, el 70% de la población recurre al sector privado para la atención médica, concentrado principalmente en el servicio de medicina prepaga y obras sociales, en contraste con un 30% que se atiende en el sector público. Aunque, sobre una población de 44 millones, menos de 6 millones pueden acceder a los planes de las empresas de medicina pre-paga.
Mientras tanto, las políticas de gobierno que apuntan al acceso universal de medicamentos se limitan a crear programas para su consumo, independientemente del valor de estos y las condiciones en las que son ofrecidos en el mercado, cediendo totalmente a las condiciones impuestas por los laboratorios, como por ejemplo el programa “Remediar+Redes”. En paralelo, las ganancias de estas firmas crecen exponencialmente año tras año.
Un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS), que nuclea a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, obras sociales, financiadores y servicios de urgencia, dice que, pese a que la inflación de 2020 en Argentina fue de 36,1%, la mayoría de los medicamentos aumentaron en promedio más del doble de esa cifra y algunos superaron el 1300% de aumento en un año.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el presupuesto destinado a la salud para 2021 se enfrenta a un doble dilema: primero, el ínfimo porcentaje destinado del total (2% del PBI) a comparación de otros
ítems como el pago de deuda (7% del PBI); y, segundo, la incapacidad de las políticas de establecer acceso universal a medicamentos y tratamientos, llevándolo a cabo sólo a costa de cumplir con las exigencias de las empresas del sector y sus intereses.
El último eslabón
En el sector trabajan alrededor de 43.000 asalariados de forma directa y unos 120.000 de forma indirecta, ocupado principalmente por trabajadores altamente calificados y personal graduado de las universidades. A ello se le agregan los/as trabajadores/as en el sector de la atención que son alrededor de 440.000 entre médicos y enfermeros.
Estos últimos, con las condiciones impuestas por la pandemia, fueron la primera fila de combate contra el virus. Y, a través de innumerables acciones, dejaron explícita la precariedad, salarios de miseria y condiciones nefastas que llevan en los lugares donde desarrollan su trabajo.
Además, la pandemia sacó a la luz las enormes falencias estructurales e históricas del sistema de salud que no pudo dar solución inmediata a los problemas ocasionados y colapsó por varios meses. Mientras tanto los recursos seguían girando a las cuentas bancarias de las empresas.
A lo largo y ancho del país, junto a muchos otros lugares del mundo, manifestaciones, concentraciones, videos y comunicados fueron algunos de los métodos adoptados para protestar contra esta situación. Aunque aún no fue suficiente para revertirlo, ya que, como vimos, en el sector se encuentran firmas con gran peso productivo y financiero ligadas a acuerdos con los Estados en todo el mundo.
Lo anterior deja en claro cómo este sistema, con algo tan esencial para el desarrollo y bienestar de la vida humana como es la salud, sólo se regula por la ambición de ganancias. Aunque también queda demostrado que son los/las trabajadores/as quienes realizan, sostienen y hacen todo lo necesario para satisfacer las necesidades vitales y está en sus manos transformar radicalmente esta situación en pos del bienestar de la humanidad.
