El sistema de la deuda constituye un virus por el cual se expanden las redes del poder capitalista ejerciendo la dominación sobre la clase trabajadora. Bancos, fondos de inversión y gobiernos se constituyen en las venas por las cuales recorre la infección.
Acuerdo de deuda
El año 2020 encuentra como antecedente en la política económica argentina el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, liderado por el Frente de Todos, con los acreedores de la deuda.
Durante el contexto de pandemia tuvo lugar esta negociación que arrancó siendo uno de los ejes de campaña por parte del presidente Alberto Fernández, quien centró gran parte de sus críticas a los niveles de endeudamiento alcanzados durante la gestión de Mauricio Macri, consecuencia de una extendida fuga de capitales y el pedido de rescate financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2018 por U$S 55.000 millones (mayor préstamo otorgado en la historia por la institución).
Los niveles de stock de deuda alcanzados previos al acuerdo con los bonistas llegaron a constituir U$S 320.000 millones (un PBI/deuda), tras el acuerdo fueron negociados el 21,25% (U$S 68.000 millones), comprendidos bajo legislación extranjera.
Estos acreedores se agruparon en tres bloques conocidos como: Grupo Ad Hoc de Bonistas (AllianceBernstein, Amundi, Ashmore, BlackRock, Fidelity, T. Rowe Price Associates, entre otros); Comité de Acreedores de Argentina (Greylock Capital, Fintech Advisory, Gramercy Funds Management); Grupo de Bonistas del Canje (HBK Investments, Monarch, Redwood Capital Management, VR Group, entre otros).
El clima sobre el cual ejercieron presión los acreedores estuvo enmarcado en una recesión económica mundial que con la llegada de la pandemia del coronavirus se profundizó. Algunos números reflejan que el sector manufacturero acumuló en 2020 una caída de 7,6%, mientras que el mismo indicador en la construcción mostró una baja de 19,5%. Mientras que el Estimador Mensual de la Actividad Económica
(EMAE) registró en noviembre un caída de 3,7% en relación al mismo mes de 2019 y contabilizó un retroceso de 10,6% en los primeros once meses del año pasado, según datos del Indec. Las previsiones del FMI estimaron que la recesión de 2020 fuera de 10,4%.
Si bien esta batalla librada por los fondos de inversión y las entidades acreedoras por el respectivo acuerdo de deuda para lograr un mejor resultado, lo central en la disputa se estaba jugando en el plano global del sistema financiero. Estos grupos abanderados del capitalismo financiero global debían trazar los antecedentes ante futuras negociaciones de deuda tanto estatal como privada. Podemos encontrar algunas muestras de esta partida mundial en los llamados posicionamientos de la “comunidad internacional” frente al proceso de negociación.
Como por ejemplo en el sitio Proyect Sindicate una publicación del mes de mayo en la que 160 economistas, entre ellos Joseph Stiglitz (Nobel de Economía), llaman a los acreedores a aceptar la deuda instándolos a “actuar de buena fé”. Nota que luego fue respaldada nuevamente por otra carta en la que “instan a la comunidad internacional a rechazar este comportamiento irresponsable” por parte de los acreedores tras un primer rechazo a la propuesta del gobierno de Argentina.
En ese rumbo hallamos posicionamientos de actores de la Unión Europea, el Papa Francisco, el G-20 y el FMI llamando a realizar políticas de flexibilidad para el pago de deudas en todo el mundo acompañados de una masiva inyección de liquidez por parte de los bancos centrales para controlar los flujos de capital desatendidos en el marco de la pandemia.
En términos de negociación fueron 3 las propuestas que giraron entre la cartera de economía, liderada por Martin Guzmán, y los acreedores. El 21 de abril se giró la primera propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés, Securities and Exchange Commission) la cual fue rechazada de conjunto por los acreedores.
En cuanto a la negociación que se terminó adoptando, la propuesta del gobierno se centró en la emisión de 12 nuevos bonos (6 en dólares y 6 en euros) que implican un adelantamiento en el pago de intereses, amortizaciones y sostenimiento de letras de contrato del canje del 2005.
Las condiciones de la nueva propuesta cambiaron optimizando el valor presente de la oferta a un promedio de U$S 54,8 por cada 100 suponiendo una mejora respecto a la oferta inicialmente presentada obteniendo la adhesión del 93,5% de los tenedores. Además se cerraron las ofertas por la deuda en moneda extranjera bajo legislación local por U$S 41.715 millones.
Esta negociación supuso la postergación del pago de intereses en la primera parte de la gestión, además de una quita de intereses pero no redujo la dependencia futura al sistema-deuda que supondrá el pago de elevados intereses principalmente en el periodo 2024-2030.
Sumado a ello el gobierno avanza en procesos de negociación por deuda con los organismos multilaterales como el FMI y el Club de París. Recordemos que al tercer trimestre del 2020 la deuda con los organismos es del 22,6%, del sector privado un 36,3% y un 41% de agencias del sector público.
El endeudamiento crece en todo el pueblo latinoamericano y los propios registros del FMI advierten que el nivel de deuda de América Latina alcanzó el 79% del PIB creciendo 10 puntos en un año. En ese sentido informaron que desembolsaron alrededor de U$S 130.000 millones constituyendo nueva deuda pública.
Evolución del saqueo
Encontramos en la deuda un recorrido histórico al que fuimos sometidos desde la última dictadura cívico-militar a la actualidad como parte de un proceso asentado en el desarrollo del capital financiero dominante, primero en su fase de neoliberalización y en el presente reconfigurado bajo las nuevas dimensiones globalistas-progresistas.
Para el año 1976, el stock de deuda externa total se ubicó en U$S 8 millones y alcanzó en 2001 los
U$S 147 millones representando un crecimiento exponencial del 1837,5%. A su vez la evolución del interés que fue pagado durante la dictadura militar al 2001 se extendió al 16% anual acumulando al final del período alrededor de U$S 120 mil millones superando el PIB en el año 2002. Y la fuga de capitales del 13% anual, con un acumulado de u$s138 mil millones al 2001.
Como la contracara de una misma moneda observamos que el creciente ritmo de endeudamiento se justifica por el mecanismo de fuga de capitales que realizan las principales empresas oligopólicas instaladas en el país.
A través de la operatoria vía endeudamiento en el mercado de capitales y realizando operaciones de cambio obtuvieron ganancias por las diferencias entre el pago que otorgaban las tasas de interés externas e internas para luego girar las divisas al exterior. El llamado proceso de formación de activos externos es básicamente la fuga de las riquezas expropiadas al pueblo y luego valorizadas en circuitos
financieros.
Un trabajo realizado por Leandro Bona analiza la fuga de capitales en Argentina durante 1976 al 2017 describe que posterior a la salida de la convertibilidad (2002- 2015) la fuga de capitales acumuló entre U$S 102.000 y U$S 142.000 millones (variación según método de medición), cifra que es similar a la que se registró en el periodo 1976-2001.
Esta tendencia al endeudamiento/fuga de capitales fue el esquema utilizado por excelencia por la CEOcracía que había aterrizado a la administración del Estado en el periodo 2015/2019 con el mandato macrista.
Inmediatamente asumido el gobierno se allanó el terreno jurídico e impositivo beneficiando los intereses de grupos dominantes de la gran banca financiera (tanto bancos como fondos de inversión), agroexportadoras, de las telecomunicaciones, energía, siderurgia y minería que resultaron victoriosos de un modelo de inversión que lejos está de haber sido producto de errores en la administración.
Podemos mencionar la quita al tope para compra de dólares, obtención de permisos para operaciones de cambio a corto plazo, llegada de capitales “golondrina”, eximición de la obligatoriedad en la liquidación de ingresos por exportaciones y habilitación a mecanismos de la bicicleta financiera por intermedio de emisiones de letras y bonos del BCRA.
Además en el 2016 fue aprobado el blanqueo de capitales que permitió la declaración de la formación de activos externos que no se encontraban declarados. Fueron declarados alrededor de U$S 116.800 millones que no necesariamente fueron traídos nuevamente al sistema local.
El informe del BCRA sobre el periodo 2015- 2019 revela íntegramente la estafa sufrida por el pueblo a condiciones del enriquecimiento por parte del capital concentrado. En el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019, la fuga de capitales superó los U$S 86.000 millones. Apenas el 1% de las empresas explica las tres cuartas partes de la formación de activos externos realizada por personas jurídicas. De igual forma, tan sólo el 1% de los inversionistas individuales dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por los individuos.
El discurso oficial atribuyó la causa de los problemas económicos a una cuestión de orden monetario, se propuso bajar la inflación y regular la emisión de pesos además de elevar las tasa de interés. Se obtuvieron divisas generadas por la deuda externa que una vez ingresadas al país, fortalecida por el ingreso de capitales externos sin restricciones jurídicas, se cambian por pesos. Para ello el tesoro emitió deuda para cubrir sus necesidades fiscales haciendose de dolar del exterior que luego eran cambiados por pesos. En paralelo el BCRA emitió instrumentos de deuda que compraban esos pesos para restringir la circulación monetaria.
El saldo de cuatro años que profundizaron un modelo de negocios que data desde la dictadura militar dejó un saldo de 40% de argentinos por debajo de la línea de la pobreza con niveles salariales plenamente deteriorados tanto por el ciclo de megadevaluación como por el incremento en el acceso a bienes imprescindibles como alimentación y servicios básicos.