El sindicato de trabajadores de la industria láctea confronta con Lacteos Mayol en busqueda de “blanquear” la situación de los trabajadores de la empresa.
Tras derramar lágrimas frente a una cámara y el pedido de acabar con las “lacras” y “mugres” que mantuvieron bloqueada su fábrica, se tornó relevante en la última semana el conflicto que sostiene la empresa Lacteos Mayol con los trabajadores lecheros.
En un video difundido por los principales medios de comunicación y redes sociales, uno de los dueños de la empresa expresó su rechazo a la huelga realizada por los trabajadores lácteos en las inmediaciones de la fábrica ubicada en Udaondo, el interior de la provincia de Buenos Aires.
Durante la semana pasada se realizaron huelgas, acampes y se detuvo la producción de la fábrica que procesa alrededor de 20 mil litros diarios de leche para su comercialización en el mercado interno.
Desde Tribuna conversamos con Eber Ríos, secretario gremial a nivel nacional de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), quien nos comentó que detrás de la posición empresarial se esconden graves delitos contra los derechos básicos de los trabajadores y la violacion sistemática de las leyes por parte de la familia empresaria.
“Lo que estamos pidiendo es que se respeten las leyes. En Lacteos Mayol existen trabajadores en negro, compañeros de trabajo encuadrados en otros convenios colectivos, otros encuadrados en ATILRA pero que no se les respeta lo planteado en el convenio colectivo, malas condiciones laborales, falta de suministro de ropa de trabajo y seguridad, además de que no se cumple protocolo por covid”, comentó Eber.
Manifestó que la decisión tomada con el respaldo de los trabajadores de la fábrica constituye un derecho fundamental de nuestra constitución. “Iniciar una huelga, demostrar el descontento al sector empresario para que recapacite y entienda que tiene que solucionar la demanda de los trabajadores”, es un derecho constitucional.
“Fueron 5 o 6 días bastantes largos, con un acampe pacifico, afuera del establecimiento sin generar ningún bloqueo. No se ha bloqueado ninguno a diferencia de lo que ellos dicen”, añadió. Explicó que el acampe se realizó posterior a la conciliación obligatoria dictaminada por el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero que fue realizado fuera de los horarios laborales por lo que no incumplió en ningún momento con el funcionamiento de la planta.
“Nuestro objetivo es solucionar lo que nos están reclamando nuestros compañeros y sabemos que la característica del sector patronal es transformar una causa laboral en una causa penal”. “Actualmente estamos en una conciliación y ayer hubo una primera reunión o audiencia en el marco de esa conciliación obligatoria. La gente del ministerio está reconociendo las irregularidades que estamos denunciando”, comentó el sindicalista.
“Ellos propusieron en la audiencia de ayer en blanquear al personal que tenian en negro, cosa que eso no se tendria que estar discutiendo. Eso nos generó un sabor amargo al dejar un dictamen de conciliación obligatoria porque sabemos que es volver todo lo anterior al conflicto. Esto quiere decir que actualmente hay trabajadores que en Mayol están trabajando sin ART, sin obra social y eso es muy preocupante”.
Consultado por las declaraciones del empresario Mayol que cobraron gran relevancia en otros medios de comunicación evaluó que, “siempre es más simpático ver a un empresario con canas y llorando en una pantalla, que las declaraciones de un dirigente sindical trabajador. Son declaraciones de odio que acompañan a la posición del empresario sin saber qué es lo que se está reclamando”.
“Yo veo en las distintas notas y en los espacios que le han otorgado a lácteos Mayol como héroes o heroínas. Como que se pusieron al frente de luchas o peleas de mafias sindicales y ningún medio de comunicación le preguntó el tema central que es laboral. Y si en realidad todo lo que las “lacras, mafiosos” reclamaban eran ciertas o no. No vi una nota donde puntualmente le hayan preguntado si lo que se reclamaba era cierto. Todo lo derivan a una cuestión penal”, puntualizó Ríos.
Para finalizar dijo que “no queremos que esto se convierta en una cuestión política, ni de partidos o afiliaciones. Están buscando transformarlo en una cuestión penal y política. Mientras se resuelvan los problemas de los compañeros, después discutamos cualquier tema en otro ámbito”, concluyó.
Actualmente se encuentra abierto el conflicto ya que aún no hubo decisiones oficiales sobre cómo avanzará el registro de los trabajadores y si serán incluidos en el convenio de trabajadores de Atilra. Pero la ofensiva empresarial ha acusado que de ser así correría riesgos de cerrar la fábrica amenazando con dejar más empleados afuera. El hilo se corta por lo más delgado y bajo el argumento de la situación económica de los propietarios se trata de ponerse como raíz del problema a los trabajadores.
