Ajuste de cuentas

El mismo fue enviado en un contexto donde se produjo la salida de seis ministros del Gabinete y el cambio del Jefe de Gabinete por el gobernador tucumano, Juan Manzur, tras la caída electoral del Frente de Todos en las legislativas PASO 2021.

Dentro de este escenario distintos análisis intentan reconstruir qué ocurrió en la situación económica y social para aproximarse a comprender los resultados que determinaron a nivel nacional una avanzada de Juntos por el Cambio para colocar representantes en las cámaras alta y baja.

Esto no transcurrió simplemente en ámbitos de “analistas”, sino al interior de la misma coalición del Frente de Todos. Primero, con las declaraciones cruzadas de la diputada Fernanda Vallejos, en relación a la ejecución del presupuesto 2021, y luego respaldada por la carta pública de la vicepresidenta, Cristina Fernández.

En la misiva, expresó que este año “(…) siempre le plantee al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno.”

Mientras que, en otro apartado, reconoce que “se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales.”

Expresado en datos, la carta refleja que “el déficit fiscal (2021) iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021 -situación que no se verificó como es de público y notorio-. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de $420.000 millones. A agosto de este año, a cuatro meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI… más del doble de lo ejecutado y restando sólo cuatro meses para terminar el año”.

Ajuste fiscal

Esta expresión del ajuste en las cuentas, arreglo de los déficits o superávits fiscales, comúnmente utilizado por los economistas, refiere al uso y administración que se hace de los recursos en relación al gasto público que tiene el Estado.

El debate cobra vital importancia en nuestro país donde se cuenta actualmente con una situación social extremadamente crítica: con niveles de pobreza que alcanzan el 50% de los habitantes, con una inflación anual que alcanzó el casi el 33% en lo que va del año, lo que empujó a múltiples revisiones paritarias acordadas y un dólar que se estima alcanzará los $103 a fin de año. 

Esta condición de emergencia popular fue acelerada por la situación de la pandemia, la que se revela a través del pago de los IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) donde se visibilizó la situación de informalidad de 9 millones de trabajadores en el país. 

Dicha situación, en la que el Gobierno define el destino de los recursos a Gasto Público como IFE, Potenciar Trabajo, Asignaciones Universales, PROGRESAR, por mencionar las más conocidas, habilita la incertidumbre popular acerca de dónde están siendo destinados los recursos y porque la insistencia en ahorrar cuando la crisis que atraviesan los trabajadores exige una intervención estatal a favor de los intereses populares.

En ese sentido, el economista Horacio Rovelli reconoce que actualmente se está ejecutando un plan de ajuste, que se corresponde a las exigencias de la deuda fraudulenta contraída principalmente durante la gestión de Macri frente a los organismos multilaterales y a los fondos de inversión que se encuentran detrás de los organismos, como BlackRock o Vanguard.

Analizando las cuentas fiscales entre ingresos y gastos ejecutados, el economista reconoce que los “ingresos de la Administración Nacional crecieron considerablemente” durante 2021 cumpliendo “con creces con la meta de recaudación proyectada, alcanzando los $7.194.856 millones de pesos en los primeros ocho meses del año (incluida la suma de $ 197.700 millones de aporte solidario), cifra que representa el 73,27% del presupuesto nacional 2021”.

Aunque es contrastado en los gastos “que en conjunto se incrementaron en un 63,69% (siempre contemplando una inflación acumulada del 32,3%) pero en forma desigual, especialmente en Prestaciones de la Seguridad Social que asciende a $ 3.183.024,4 millones en los ocho meses referidos, que representa el 51,8% del gasto total”. Para Rovelli, “la otra variable de ajuste ha sido el gasto de capital, fácilmente observable cuando representa el 5,63% del gasto total en el acumulado de los primeros ocho meses del año y estaba proyectado para el ejercicio fiscal 2021 que iba a ser del 9,21% del gasto”.

Según los datos planteados por el economista esto explica porqué el déficit primario del año fue del 2,1% del PBI restando aún ejecutarse más del 50% (2,4%).

La subejecución de las partidas presupuestarias deja a la vista la postergación de los recursos en términos de políticas sociales. En un contexto signado por la pandemia que profundizó las condiciones de crisis para el sector del trabajo, tanto para formales e informales. 

Por otro lado, podemos observar una caída en los niveles de consumo, y de la pérdida del poder adquisitivo del salario por la devaluación del dólar que sólo ha beneficiado a los complejos exportadores y la inflación de los precios para el consumo internos. Y una caída salarial de los últimos años tal como revela el informe de CIFRA- CTA de los Trabajadores.

El año 2021 se inició con un nivel bajo de salario mínimo, que en febrero se ubicó en un piso equivalente al 34,6% del nivel de 2015 y al 35,5% de la canasta de pobreza para una “familia tipo”. El Consejo del Salario aprobó aumentos nominales desde abril que alcanzaban el 35% recién en febrero de 2022; pero ante la aceleración de la inflación ese aumento se adelantó para septiembre de 2021.

Ver: Se adelantan los aumentos del Salario Mínimo

En detrimento, se ha cumplido con los pagos de la deuda externa. La semana pasada se honró la misma realizándose un pago al Fondo Monetario Internacional del orden de u$s 1.800 millones. Ello representa alrededor de $178.200 millones de pesos los cuales convertidos a $99 pesos equivalen al pago de 3.960.000 millones nuevos de IFE a razón de una cuota de $45.000.

Presupuesto 2022

Los datos presentados en el proyecto del presupuesto del 2022, plantean un escenario macroeconómico donde se espera que el PBI se expandirá 4% en 2022, 3% en 2023 y 2% en 2024. A nivel sectorial, para las ramas de servicios se proyecta una expansión en promedio de 4,3%, con una fuerte recuperación del sector Hoteles y restaurantes  (+41,2%). Además “se destaca la recuperación del sector agropecuario (+4,7%), luego de dos años consecutivos en baja, gracias al aumento proyectado en la cosecha de soja (+9%), hasta los 50 millones de toneladas.” 

Este dato es complementado por las proyecciones del Departamento de Agricultura de EE.UU, el cual estima que “el  balance de oferta y uso de soja en EE.UU. seguirá muy ajustado durante el ciclo comercial 2021/22 (septiembre 202131 agosto 2022). Esto, junto  con el contexto de tasas de interés muy bajas a nivel global, permite prever que el precio de la oleaginosa permanecerá en niveles elevados en  el año 2022”.

Ver: El negocio crece

Por su parte, la industria manufacturera registraría un aumento del 2,6%. Se proyecta que el consumo privado crezca a una tasa superior a la del PIB y que continúe la recuperación  de  la inversión, con un aumento del 6,6% en 2022, cayendo a 3,2% en 2024. 

El tipo de cambio nominal se proyecta en $131,1 en diciembre de 2022, mientras que el IPC (índice que mide la inflación) alcanzará un 33% interanual y del 20% para diciembre del 2024. En el presupuesto 2021 había sido firmado por el 29% y en el octavo mes alcanzó el 47%.

Si tomamos el sector educación, según lo planteado en el presupuesto 2022, se estima destinar alrededor de $335,7 mil millones para las universidades nacionales. “En  particular, la inversión de la Administración Nacional en Educación registraría en 2022 un incremento de 0,3  p.p. respecto al mínimo registrado en 2019 (1,1% del  PBI)”.

El vicepresidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Enrique Mammarella, respecto al presupuesto destinado a las UUNN planteó que, “estamos en poco más del 82% que esperábamos; se elevó un proyecto de $335,7 mil millones y el CIN preveía 407,9 mil millones. Fundamentalmente, más allá de los números aspiracionales, en comparación con el Presupuesto 2021 representa un aumento que no llega al 47% que es lo que fue dado en paritarias a docentes y no docentes. De alguna manera nos termina apretando a las universidades porque nos achica el disponible para funcionar, sin pensar en los incrementos inflacionarios o el desfase del dólar”, comentó a El Litoral. 

En ese sentido, el funcionario dijo que el presupuesto que se está desarrollando para el 2022 es de ajuste.  Según describe un informe sobre educación de la Izquierda Diario, si tomamos todo lo que le pagó el gobierno de Fernández al FMI desde diciembre de 2019 (U$S 4.216 millones), equivalen a 1,6 veces el presupuesto universitario de 2021.

El llamado a equilibrar las cuentas fiscales (ajuste) no es otra cosa que recortar la transferencias de ingresos hacia los sectores populares en detrimento de las necesidades vitales como educación, salud y vivienda.

La contracara de esta situación estructural sobre la que se enmarcan los presupuestos y la situación de caída del poder adquisitivo es el sostenimiento de una deuda externa que se ha tornado impagable y es la condición por la cual se mantiene el llamado al ahorro en pos de demostrar ante los poderes concentrados la posibilidad de austeridad para el pago de futuros compromisos.

Además, desde el Gobierno se hace un llamado a la creación del desarrollo de los mercados de capitales en pesos a fines de desdolarizar la economía, pero ello se reproduce sobre la base de más endeudamiento. Tal cómo planteamos en ediciones anteriores acerca de la crisis que está ejecutándose sobre las emisiones de letras y pases pasivos que inmovilizan recursos a costa de las ganancias seguras para los bancos.