La concentración de las tierras, el aumento de los alquileres y los salarios a la baja hacen de la vivienda un problema sin fronteras para las familias trabajadoras.
Nuestro país, a pesar de ser la octava nación más extensa en territorio del mundo con una superficie de 2.780.400 Km2, cuenta con una concentración urbana del 92% (ocupando el 14° lugar a nivel mundial), dejando como saldo una densidad de 16 personas por Km2, una de las más bajas del globo.
Siguiendo una tendencia mundial, el flujo de migración interna de las zonas rurales a las zonas urbanas se profundizó principalmente en el siglo XX, a raíz de un proceso de concentración de tierras en la producción agrícola y la expulsión de miles de familias productoras hacia las ciudades.
En 1810, el 90% de la población residia en los campos. Hacia 1960, las zonas urbanas de la Argentina explicaban ya el 59% de la población. Un modesto desarrollo de la industria, junto al del modelo de producción agrícola con gestión por arrendamiento, también llamado pool de siembra, ilustran buena parte de los motivos de estos movimientos demográficos.
En la actualidad, el Censo Nacional Agropecuario de 2018 afirma que el 1,08% de las fincas (2473) concentran el 36,4% de la tierra (57 millones de hectáreas). En el otro extremo, las chacras más pequeñas (menos de 100 hectáreas) representan el 54,6% del total de las explotaciones agropecuarias (125.023 fincas), con la posesión de solo el 2,25% de la tierra (3,5 millones de hectáreas).
El registro también refleja que entre 2002 y 2018 desaparecieron 82.652 explotaciones agropecuarias, es decir, el 25,5% del total. Y, si se compara con el censo de 1988, en sólo treinta años desaparecieron el 41,5% de la chacras.
Paralelamente, también vivimos un proceso de despoblamiento de los pequeños pueblos hacia los grandes conglomerados urbanos. En la actualidad, la Región Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y San Miguel de Tucuman reúnen casi el 50% de la población del país.
Crisis y especulación inmobiliaria
La otra cara de la moneda refleja que en Argentina aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no poseen acceso a un pedazo de tierra. El déficit de este acceso se extiende a su vez dentro de las mismas ciudades, donde la concentración pasa del productor rural al de las agencias inmobiliarias.
Paradójicamente, la propiedad inmobiliaria en Argentina es un conocido destino de inversiones con origen en la renta agraria. El boom de los commodities agrícolas terminó impulsando el boom inmobiliario, cuando los sectores vinculados a la producción agroexportadora reciclaron sus ganancias adquiriendo propiedades y fomentando grandes desarrollos privados, cotizadas en dólares y por encima de la tasa de interés, un negocio redondo.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, en el 2004 el 75% de las familias eran propietarias de su vivienda, mientras que en el 2020 se habían reducido al 70%. En el mismo periodo, el 15% de los hogares que alquilaba subió al 20% en el 2020. El restante 10% de las familias se mantienen en la calidad de ocupantes legales (ocupan con permiso del propietario) o ilegales (invasión de propiedad).
Los valores de las viviendas y de los alquileres se han convertido en inaccesibles para la inmensa mayoría de la población. Con propiedades que cotizan en dólares y salarios en pesos devaluados, ya no solo se imposibilita el sueño de la casa propia, sino que se compromete hasta el pago de un alquiler para los trabajadores.
Diversos estudios respaldan esta situación demostrando la imposibilidad de acceder a un inmueble por parte de los trabajadores comparando la relación entre salarios y el valor de la las propiedades por m2.
El Monitor Inmobiliario que realiza Daniel Bryn, titular de Invertiré Real Estate, asegura que en abril de 2017, se calculaba que había que trabajar cinco años y siete meses para pagar una unidad de 30 m², en razón de sueldo de un Administrativo Categoría F con cinco años de antigüedad y presentismo, según la escala salarial vigente de Empleados de Comercio. Desde entonces, la cifra aumentó y alcanzó el pico máximo en septiembre del año pasado, cuando se necesitaba ahorrar el equivalente a más de 21 años de sueldos para comprar una propiedad de esas características.
Este aumento del valor de las propiedades impacta a su vez en los alquileres, como asegura una encuesta de Inquilinos Agrupados, que refleja que el 52% de la población del país destinó más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler.
A su vez, el circuito formal de alquileres exige una serie de requisitos (garantías, pago a la inmobiliaria, depósitos) que deja fuera de juego a muchos trabajadores. La sola exigencia de una garantía o de un comprobante de trabajo en blanco imposibilita el acceso a una vivienda digna a una amplia cantidad de familias, independientemente de que tengan recursos para afrontar el pago de un alquiler.
Esto incluye también a una de las últimas iniciativas estatales, el plan Pro.Cre.Ar, destinado a personas con ingresos de hasta $45.000 y a tasas en pesos que van del 2% al 16,5% anual.
Las secuelas
Este panorama se recrudece al tomar nota de sus consecuencias. Según el último Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en 2019 por organizaciones sociales con la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General porteña, concluyó que en la Ciudad de Buenos Aires había 7.251 personas sin techo, lo que significó un aumento considerable a las 5.872 personas relevadas en el censo correspondiente al 2017.
En octubre, militantes de Proyecto 7, una organización social que defiende los derechos de personas en situación de calle, realizaron un acampe de 4 días frente a la sede del Congreso Nacional, en reclamo de la sanción de un proyecto de ley que impulsan para proteger a las personas sin vivienda bajo la consigna: “La calle no es un lugar para vivir”.
A esta delicada situación la complementa, irónicamente, la creciente cantidad de viviendas ociosas, relevadas en un informe elaborado por la Mesa de Estudio de Viviendas Vacías, publicado la semana pasada. El documento precisó que la cantidad de casas no ocupadas alcanza unas 138.328 en la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale al 9,2% de los usuarios residenciales. La investigación indica que la cantidad de casas sin habitar es equivalente al déficit habitacional, que es del 11,6% de los hogares.
En el marco del Día Internacional del Inquilino, el 4 de octubre, Ariel D’orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor de Rosario, presentó recientemente un proyecto de ley en la Legislatura para crear un registro de propiedades ociosas.
“Hoy es un día de reflexión y lucha en un momento muy complicado desde el punto de vista económico para un sector que debe destinar el 50 por ciento de su salario a la renta mensual, dejando muy poco margen de vida para el resto de las ocupaciones económicas como expensas, servicios y lazos para trabajar sin caer en la pobreza”, comentó D’orazio.
Las familias trabajadoras; acorraladas por los exuberantes costos de la propiedad, los aumentos del alquiler y sus magros salarios; se ven obligadas entonces a recurrir a la toma de tierra y a la ocupación ilegal de viviendas, una manifestación que se multiplica en todo el territorio.
El 29 de octubre se cumplió un año del fin de la toma de Guernica, cuando 4500 efectivos desalojaron y reprimieron a más de 2.500 familias en situación de emergencia habitacional, que se concentraron por tres meses en condiciones de extrema precariedad en localidad del sur del conurbano bonaerense.
Otro reciente e importante ejemplo se dio en la Villa 31, Buenos Aires, donde más de 100 familias que llevaban tres meses instaladas en precarias viviendas en un basural en reclamo por una vivienda digna fueron desalojadas por las topadoras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, personal policial y judicial.
Se calcula que hubo más de 2 mil intentos de ocupaciones en el período abierto desde el inicio del 2020.
Villa María no es ajena a esta situación, donde numerosas familias en múltiples ocasiones realizaron este tipo de protestas en los últimos años, dejando a las claras que el conflicto habitacional no es solo un flagelo de las grandes ciudades. Las tomas en los barrios Las Playas, Nicolás Avellaneda y Las Acacias son algunas de las situaciones más recientes.
La regional local de la Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo eco de esta situación la semana pasada en un plenario ampliado del consejo directivo, donde 30 sindicatos advirtieron acerca del bajo poder adquisitivo de los salarios, el difícil acceso a la casa propia y el alto precio de los alquileres.
Y lejos de ser solo un problema nacional, hace un mes en Berlín, Alemania, se aprobó a través de un referéndum la expropiación de 240.000 viviendas para que el Estado pueda regular el mercado inmobiliario en una ciudad donde el 80% de la población alquila sus hogares. Ahora la iniciativa aguarda su aprobación en el Senado.
La irracionalidad del mercado hipotecario junto a las insuficientes respuestas del Estado profundizan un flagelo que hacen del acceso a una vivienda digna más que un sueño, una utopía para los trabajadores.