El acceso a los consumos básicos se ha tornado cada vez más un deseo que una realidad. Los precios se disparan siguiendo el mercado internacional, y los salarios en pesos no corren la misma suerte.
Los estremecedores aumentos en los precios convierten a la inflación en una constante para la realidad cotidiana, condicionando las posibilidades de consumir los aportes nutricionales básicos para una dieta de bolsillos “flacos”.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los números de la inflación para febrero. La misma alcanzó un 4,7% en comparación al mes pasado y acumula un 8,8% para lo que va del 2022.
En el desagregado por rubros, el ítem alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más aumentó alcanzando un 7,5%, convirtiéndose en el punto de mayor incidencia para la inflación en todas las regiones del país.
Además se anotaron subas en el transporte del 4,9%. Vale recordar que el lunes pasado, la petrolera estatal YPF S.A, aumentó el valor del combustible entre el 9,5% y el 11,5%, medida a la cual se sumarían Shell y Puma. El precio de la nafta súper en Córdoba aumentó de $108,40 a $118,16 y la nafta Infinia escaló a $ 142,41 y ya es el segundo incremento del año.
Según expresó la empresa estatal en un comunicado, las subas responden “al aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la pre pandemia, que requieren importaciones para complementar la oferta local”.
A la presentación de estos datos se agregan también los valores difundidos por Indec sobre las respectivas canastas básicas para medir indigencia y pobreza.
Durante febrero de 2022, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 9,0% y la canasta básica total (CBT) fue de 6,6%. Es decir que para febrero un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 8 años necesitaron $83.807 para no ser pobre y unos $37.414 para superar la indigencia.
Por su parte, el miércoles pasado el Consejo del Salario definió aumentar el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) un 45% este año, contra una variación interanual que alcanzó un 52,3% el mes pasado.
Así, el nuevo salario quedará en $47.850 para fin de año con incrementos escalonados en cuatro tramos: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. De los 32 integrantes del espacio, entre sindicalistas, empresarios y gobierno, hubo 31 positivos y una abstención de la CTA Autónoma.
En este esquema, una familia que perciba un ingreso y medio ($71.775) no logra completar una canasta básica ($83.807) quedando por debajo de la línea de la pobreza.
Rescatamos el informe que realizaron los trabajadores de ATE Indec quiénes estimaron que un hogar necesitó en enero unos $136.104 cómo el “mínimo” para satisfacer sus necesidades. Desagregado en: $46.711 para cubrir la canasta alimentaria y $89.393 para otros bienes y servicios básicos.
La Bolsa de Chicago define la paritaria local
Una de las noticias que más impacto tuvo en las últimas semanas fue el incremento exponencial de la harina de trigo, que repercutió directamente sobre el precio del pan y derivados básicos en las dietas argentinas.
Previo al conflicto que se desató en Ucrania, la bolsa de 25 kg de harina costaba alrededor de $1.300. La semana pasada, el precio de la misma se incrementó hasta los $3.000 en Córdoba (más del 100%).
Los precios del trigo en la Bolsa de Chicago las pizarras norteamericanas llegaron a registrar valores máximos en 14 años con incrementos que llegaron a 368,08 dólares por tonelada del contrato de marzo del cereal. Así, el precio del trigo en Chicago, el día previo al avance de Rusia en Ucrania (24 de febrero) se ubicaba en 343,47 dólares en el mercado estadounidense.
Cómo en el caso de los combustibles, la referencia para imponer un aumento en los precios locales está planteado por causas externas. Esta situación lleva a preguntarnos acerca de quiénes resultan beneficiados de estas circunstancias.
Atendiendo que en el país el consumo del trigo requiere entre 6.5 y 7 millones de toneladas al año del cereal, mientras que la producción alcanza los 22 millones de toneladas, la diferencia de ello resulta como saldo exportable. Es decir, con lo que se produce basta para abastecer 3 veces la demanda interna.
Para la producción de harina intervienen alrededor de 160 molinos dispersos en todo el país que atienden la demanda. Mientras que los exportadores de trigo apenas alcanzan una docena.
De estos molinos, son 11 los que acaparan el 56% de la producción de harina en Argentina. Y entre ellos una sola empresa, Molino Cañuelas, posee una participación de molienda que supera los dos dígitos explicando una fuerte dinámica de concentración en el sector.
Por el lado de las exportadoras, que son las que compran el cereal al productor, podemos ver que el principal exportador de trigo en Argentina fue COFCO con 2,14 millones de toneladas (Mt) de ventas de exportación. Le siguen ADM (1,52 Mt), Cargill (1,48 Mt), Bunge (1,44 Mt) y Louis-Dreyfus (1,44 Mt).
Son apenas 10 empresas las que controlan el 90% de las exportaciones del comercio de granos y cereales de Argentina explicando una fuerte concentración de la actividad y el poder de fuego de estas empresas para imponer sus ventas al extranjero dolarizando sus ganancias y condicionando a millones a pagar más caro los alimentos que se siembran en nuestras tierras.
Según Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, hay actores que “quieren que se les convalide un efecto riqueza del 50% en dólares solo por acopiar un cereal. Los huevos de oro no pueden quedar en el gallinero”. “Los molineros tenían 1.100.000 toneladas de trigo acopiado. Estrangulaban el abastecimiento de harina”, añadió.
Por su parte, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), emitió un comunicado el jueves rechazando los dichos de Feletti: “La industria nunca buscó evadir los problemas ni especular con las soluciones”.
Estos incrementos exponenciales en los precios configuran un escenario que, a fuerza de los actores del mercado financiero y de los grandes exportadores extranjeros que se apostan sobre las orillas del Río Paraná, tuercen el brazo a su favor, hasta dolarizar el precio de los alimentos mientras los ingresos de los trabajadores continúan anclados al ritmo devaluatorio del peso.
Desanclar precios locales de los internacionales
En este contexto, el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas para combatir la escalada inflacionaria. Entre ellas las disposiciones de los decretos 131/2022 y 132/2022 que establecen una suba de retenciones a derivados de soja (harina y aceites), incrementos de retenciones al biodiésel de un 1% llegando al 30%, y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo, respectivamente.
Según declaró Feletti, el Fondo de Estabilización “es un mecanismo de compensación que permite desacoplar el precio local del internacional, evitando el traslado de este último a productos que forman parte del consumo diario de las familias, como harina, pan, fideos y otros derivados de ese grano”.
“No podemos aceptar que los intereses de unos pocos afecten el acceso a los alimentos de las y los argentinos. Se trata de maniobras especulativas que no vamos a permitir”, sentenció.
Estas medidas han desatado un conflicto latente que empuja a la lucha a sectores de la producción agropecuaria, envalentonados en la figura de las asambleas autoconvocadas de productores que presionan a las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace a frenar las medidas.
Según respondió el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, “a los productores no se los afectará con esta medida, ya que tributan el mencionado porcentaje”. Domínguez precisó que la suba de retenciones “alcanza a once empresas exportadoras de subproductos de la soja, de las cuales ocho representan el 95 por ciento del total de las exportaciones”.
En este escenario resulta importante remarcar que, si bien las medidas buscan instaurar un desanclaje de precios locales e internacionales, lo que efectivamente ocurre es que la concentración del sector agroexportador le otorga un poder determinante para definir el precio de los alimentos. Ello articulado a los valores a futuros que se establecen en el mercado internacional de commodities donde tiene lugar la valorización “agro-financiera” en beneficio de los fondos de inversión.
Para añadir, uno de los objetivos propuestos en el marco del acuerdo con el FMI establece aumentar el saldo exportable a fines de generar mayores exportaciones en dólares para pagar una deuda ilegítima. Recordando que este esquema continuará como mínimo durante 10 años más, según lo acordado en el último acuerdo.
Independientemente de las “buenas” voluntades, la realidad de una economía dolarizada se impone y queda a las claras que la paritaria ha dejado de ser negociada entre patrón-empleado donde las bolsas de valores extranjeras y el valor del dólar marcan la cancha de qué podemos y hasta dónde.
Estos elementos resultan aportes a las condiciones objetivas de la lucha actual y venidera para el movimiento trabajador por mejores condiciones de vida. A sabiendas que seguir intentando alcanzar la inflación resulta un señuelo, cuándo deberíamos entonces pensar acerca de cuáles son las necesidades que efectivamente deben ser resueltas.
