La Comisión Nacional de Valores promueve un nuevo sistema de indemnización por despidos como negocio para los Fondos de Inversión. Se profundiza la reforma laboral y previsional contra los trabajadores.
El último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso como condición las reformas laboral y del sistema jubilatorio en el país. El documento del acuerdo firmado por las autoridades de la entidad con el gobierno establece el objetivo de “profundizar las reformas estructurales” centrando los esfuerzos en “fortalecer la flexibilidad del mercado laboral”.
Concretamente, el FMI espera “que las reformas ya implementadas faciliten negociaciones salariales más flexibles y la simplificación de los procesos de despido” a través de un “régimen de indemnización a nivel sectorial”.
Las finanzas dictan, el gobierno ejecuta
La modificación del régimen se viene impulsando con fuerza desde la Ley de Bases N° 27.742 que tiene como objetivo promover una alternativa a la indemnización por antigüedad prevista en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, vigente desde 1976.
Dicha alternativa apuntaría a que los empleadores puedan realizar la “contratación de un sistema privado” con el objetivo de solventar la indemnización pactada “libremente entre las partes” en caso de despido de trabajadores.
Bases para una reforma laboral y extranjerización de la economía
Ante ello, haciéndose eco del FMI, la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó el viernes 9 de mayo la resolución 1066/25 mediante la cual proponen un nuevo Sistema de Cese Laboral donde permiten la creación de Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Fideicomisos Financieros (FF) destinados específicamente a esa actividad.
Estos fondos se harían cargo de cobrar el dinero destinado a indemnizaciones y administrarlo en el mercado financiero. Además, no necesitarán la aprobación de la CNV para comenzar a operar, siempre y cuando el negocio no supere el 30% del total administrado.
Roberto Silva, presidente de la CNV, dijo que esta propuesta “tiene la potencialidad de revolucionar la forma en las que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que integra inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales impulsando su desarrollo”.
Según la normativa, tal como se establecía en la Ley Bases, no será obligatoria para los empleadores sino que se aplicará mediante un sistema de adhesión voluntaria en aquellos sectores en los cuales los sindicatos y las cámaras empresariales acuerden implementarlos a sus convenios colectivos.
El mismo mecanismo fue extraído del régimen laboral de obreros de la construcción, aprobado en 1980 por la Dictadura Militar, donde las empresas aportan todos los meses durante el primer año el 12% del salario del trabajador, que luego se reduce al 8% en los años siguientes.
La diferencia del régimen de la construcción respecto de la nueva normativa que buscan implementar es la participación directa de los FCI y los FF, convirtiendo el dinero de millones de trabajadores en capital moviéndose en las Bolsas de Valores de todo el mundo.
Reformas mundiales
Lo cierto es que esta política de reformas de los sistemas laboral y previsional en beneficio de los actores del sector financiero se viene aplicando sistemáticamente a pedido explícito de los propios FCI.
En la última carta anual de Larry Fink, el CEO de BlackRock (el FCI más grande del planeta), propuso un esquema individual similar para los sistemas jubilatorios. “Una vez que las personas comienzan a invertir para su jubilación, el objetivo es simple: hacer que su dinero crezca tanto como sea posible y lo más rápido posible”, explicó.
En la actualidad “la inversión para la jubilación representa aproximadamente el 30 % del dinero que fluye en el mercado bursátil”, sumado a que también forma parte de “más de la mitad del dinero que gestiona BlackRock”.
De esta manera, buscan ampliar el mercado de inversiones no sólo en los países centrales como EEUU, donde se encuentra el “negocio principal” de BlackRock, sino también donde hasta el momento no han podido insertarse. Para ello, presionan a las instituciones mundiales, como el propio FMI, y gobiernos de todo el mundo para que promuevan las reformas necesarias para su injerencia.
Larry Fink, CEO de BlackRock: “la inversión para la jubilación representa aproximadamente el 30 % del dinero que fluye en el mercado bursátil”.
El parlamento francés, de manera indirecta, dio un “gran paso” en este sentido aprobando el aumento gradual de la edad de jubilación de 62 a 64 años, como así también Gran Bretaña anunciando que subirá de 66 a 67 años entre 2026 y 2028. Incluso China implementará reformas graduales que elevarán la edad de jubilación para hombres de 60 a 63 años, y para mujeres de 50/55 a 55/58 según el empleo.
También en varios países de Latinoamérica resuenan las propuestas de reformas. Tal es el caso de Chile con la reforma previsional del gobierno de Boric aprobada en enero de este año que plantea algunas modificaciones en cuanto al cobro jubilatorio y un seguro social público, aunque algunas organizaciones denuncian que la nueva reglamentación terminaría de fortalecer el sistema de fondos de pensiones privados.
Para el caso de Argentina, en sintonía con las exigencias del FMI, el gobierno de Javier Milei eliminó la moratoria previsional que permitía jubilarse sin 30 años de aportes, por lo que unas 240.000 personas (principalmente mujeres) perderán ese plan de pagos especial.
En su lugar obtendrán la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima representando un recorte automático para miles de jubilados del país.
Pobreza y represión: el trato del gobierno con los jubilados
De esta manera, tanto la reforma en el sistema de indemnizaciones por un nuevo esquema de fondos privados, como las modificaciones al sistema previsional, forman parte de una disputa global por los recursos producidos por los trabajadores de todo el mundo.
Quedando en claro, además, que con o sin Congreso a su favor las reformas de hecho se implementan: millones de familias se sumergen en la pobreza, trabajadores en la desocupación o debiendo contar con tres o más trabajos precarizados y con salarios que no alcanzan a cubrir siquiera las necesidades básicas.
Esa es la contracara que genera en el pueblo las reformas promovidas por estos Fondos de Inversión que nos ofrecen para salvarnos la misma mano con la que nos quieren ahogar.
