El fenómeno de la digitalización abrió las puertas del sistema financiero de la mano de las fintech, generando conflictos de intereses con las instituciones del sector.
A principios de abril, el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció un acuerdo con Ualá, en el que el Gobierno otorgará, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), un préstamo de hasta $1000 millones a la firma, que serán utilizados para el financiamiento de una línea de microcréditos para la realización de inversiones productivas de pequeñas y medianas empresas.
El convenio, suscrito por el titular de la cartera, Matias Kulfas, y el director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri; establece que los montos de los préstamos irán desde los $5000 hasta los $200.000 por beneficiario, a una tasa fija del 40%, en un plazo de hasta 18 meses y se destinarán a financiar la compra de herramientas, materiales e insumos.
El Fondep es un fondo fiduciario público creado en 2014 administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que propone “facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país”.
El ministro Kulfas destacó que el acuerdo “apuesta a una inclusión financiera en serio con las empresas más pequeñas de nuestra economía, aquellas que históricamente fueron dejadas de lado por el sistema financiero y que cayeron recurrentemente en un sistema informal que las ahoga financieramente”.
Rechazos
La medida generó un contundente rechazo de los trabajadores bancarios. A través de un comunicado, la Asociación Bancaria señaló que “es inadmisible que en lugar de canalizar la inclusión financiera y los créditos de las Pymes a través de la Banca Pública, y dentro del sistema se realice un convenio con una empresa totalmente informal que ni siquiera es un banco, y se destinen millones de pesos para tal efecto”.
A su vez, el Sindicato de Taxistas de la Capital Federal adhirió al comunicado de los bancarios y se solidarizó con “la preocupación por la medida adoptada que tiene un expreso contenido neoliberal y además impulsa y legaliza la uberización de la economía y el trabajo”.
Haciendo alusión a su lucha contra las plataformas de servicios, como Uber y Cabify, los taxistas indicaron que “a semejanza de lo que sucede en nuestra actividad con la mirada pasiva y cómplice con las multinacionales de apps en el transporte de pasajeros, el Ministerio otorgará estos créditos, que financia el Estado nacional, a través de una app financiera como Ualá, conformada por capitales de origen, por lo menos, dudoso y al margen de la Banca Pública y Nacional”.
Digitalizando las finanzas
Creada en octubre de 2017 en Argentina y operando en México desde 2020 y en Colombia desde enero, Ualá consiste en una aplicación móvil de gestión financiera personal vinculada a una tarjeta Mastercard. En la actualidad cuenta con más de 4 millones de tarjetas emitidas en la región y sus usuarios ingresaron a sus cuentas más de $78.000 millones durante el año pasado.
Valuada en 2.450 millones de dólares, la firma se convirtió en 2021 en la décima empresa argentina de base tecnológica en alcanzar la cotización de 1000 millones de dólares, logrando el status de unicornio, tras una ronda de inversiones donde recibió 350 millones de dólares, cifra récord para una empresa argentina, liderado por SoftBank Latin America Fund, un fondo de tecnología regional y la multinacional china Tencent.
George Soros, Goldman Sachs, Ribbit Capital, Greyhound Capital, Monashees y Endeavor Catalyst figuran como fondos inversores de Ualá.
Esta firma forma parte de un novedoso grupo de empresas tecnológicas que están transformando el mundo de las finanzas. Fintech, como contracción en inglés de finance (finanzas) y tech (tecnología) se entiende como la implementación de las tecnologías digitales para optimizar las actividades de la actividad financiera. Este es el concepto bajo el que se denominan las empresas que están transformando las finanzas a través de algoritmos de aprendizaje automático, blockchain y ciencia de datos.
En sí, estas firmas buscan optimizar o automatizar servicios y procesos financieros, como transacciones de dinero, contratación de seguros, acceso a préstamos, o invertir en activos tradicionales o criptomonedas, entre otras funciones que se encuentran en pleno desarrollo.
El surgimiento de estas empresas tiene su génesis en la crisis financiera mundial de 2008, punto de inflexión donde se desmoronó la percepción de confianza en las instituciones financieras, de la mano de un alto desempleo y las dificultades de las pequeñas empresas para acceder al crédito.
Este fue el marco en el que se propiciaron regulaciones como la Ley “Jumpstart Our Business Startups” (JOBS) (Reactivar nuestra creación de empresas), promulgada por el gobierno de Barack Obama en 2012 para flexibilizar las limitaciones de acceso al capital, promoviendo así el financiamiento colectivo (crowdfunding), el modelo mediante el cual las empresas ceden acciones a cambio de capital para continuar sus operaciones o acelerar su crecimiento.
De esta forma se fueron mancomunando nuevas estrategias financieras por fuera del tradicional sistema bancario, estableciendo a partir de entonces la conformación de un nuevo paradigma para la industria de servicios financieros, caracterizada por el ingreso de empresas tecnológicas y de telecomunicaciones.
La administración masiva de datos digitales, la ubicuidad de los teléfonos móviles inteligentes y la existencia de enormes cantidades de personas sin cuenta bancaria son algunos factores que explican el despegue de la inversión mundial en tecnología financiera, alcanzando los 98.000 millones de dólares en 2.456 operaciones en el primer semestre de 2021, un aumento del 90% con respecto al 2020.
Según datos de la Cámara Argentina de Fintech, en la actualidad el sector fintech en el país estaría integrado por 310 empresas, de las cuales un 20% surgieron entre los años 2020 y 2021, en plena pandemia de Covid-19. Además, el sector emplea a alrededor de 20.000 personas, con estimaciones de alcanzar los 30.000 puestos de trabajo directos para fines de este año, según afirmaciones del presidente de la cámara, Ignacio Plaza.
Tabla de crecimiento anual de puestos de trabajo en sector fintech (datos de Cámara Argentina de Fintech).
El 80% de las empresas que componen este sector son pymes que tienen 50 empleados o menos, encuadrados en su mayoría dentro del convenio colectivo del Sindicato de Comercio. Las más grandes, por su parte, optan por la modalidad “fuera de convenio” ofreciendo salarios altos, en una rama de actividad en donde la demanda laboral supera a la oferta.
Reacción de los bancos
En este contexto de digitalización financiera se han generado, por un lado, las condiciones necesarias para la proliferación de estas novedosas firmas, y por otro, las reacciones de las instituciones tradicionales que ven amenazados sus intereses.
En este marco, el año pasado la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y que reúne a los bancos privados extranjeros, y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), las cámaras que agrupan a las entidades privadas extranjeras y nacionales, respectivamente, plantearon a través de una carta dirigida al Banco Central mayores controles y regulaciones para las fintech y sus cuentas, solicitando modificar la norma que fija los montos de interoperabilidad de transacciones entre cuentas bancarias y cuentas virtuales, dejando a discreción unilateral de cada entidad bancaria la fijación de las restricciones.
El argumento principal de este pedido fue “el incremento de fraudes y estafas que se verificaron como una consecuencia indeseada del crecimiento del uso de medios digitales”. En la misiva, los bancos aseguran que “esta posibilidad de interoperabilidad de alguna manera facilitó la concreción de ilícitos vinculados a estas empresas que brindan diferentes servicios financieros”.
En respuesta, la Cámara Argentina de Fintech emitió un comunicado rechazando la propuesta de ABA y Adeba de limitar las transferencias, por tratarse de “una práctica anticompetitiva, que no cumple el marco regulatorio actual y atenta contra la interoperabilidad del sistema y la inclusión financiera”.
A su vez, señalaron que “pese a que las transacciones que involucran cuentas de pago (CVU) han crecido durante los últimos años a un ritmo acelerado, no se ha registrado un aumento proporcional del fraude. Todos los fraudes y delitos cibernéticos que se cometen con cuentas virtuales, también se cometen en bancos”.
