Mientras el pueblo enfrenta ajustes en salud y educación por 210.000 millones de pesos en agosto se le pagaron a los bancos montos superiores a los 450.000 millones de pesos.
Apenas dos decisiones administrativas (826/2022 y 827/2022) bastaron para que el ministro de economía, producción y agricultura, Sergio Massa, pusiera en curso un recorte presupuestario de 210.000 millones de pesos afectando las áreas de salud y educación.
Además, se congeló el pase a planta en organismos públicos quienes deberán informar mensualmente ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la variación de su dotación de personal para su publicación.
– $50.000 millones para educación
– $10.000 millones para salud
– $50.000 millones para Procrear
– $100.000 millones para obra pública
Lejos de las proclamas acerca de “lo esencial” que resulta para la sociedad la educación y salud, en términos de política de gobierno lo que viene ocurriendo es un desfinanciamiento directo que se enmarca en las condiciones actuales del programa de endeudamiento y el cumplimiento con las metas fiscales acordadas con el fondo monetario internacional (FMI).
El hilo se corta por lo más delgado, los grandes actores del complejo agroexportador y del sistema financiero obtienen ganancias elevadas a través de la rentabilidad financiera y el acceso a dólares. La educación, la salud y el trabajo, relegados.
Corte en la cadena de pagos
En lo que respecta a salud, estas semanas fueron protagonistas las movilizaciones que realizaron profesionales de la salud, docentes, transportistas, pacientes y familiares de personas con discapacidad quienes sostuvieron que hace tres meses no cobran lo adeudado por las obras sociales. Muchos de ellos con regímenes de trabajo precario y monotributistas.
El jueves se realizó una movilización de alrededor de 300 personas que se congregaron frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María advirtiendo por recortes en salud y ante la falta de pagos por parte de las obras sociales.
“Somos seres humanos, tenemos que pagar alquileres, monotributo, obra social para nosotros y nuestras familias. Nos están llevando al límite todos los meses y no podemos más. Con todo el dolor del mundo tenemos que suspender terapias a nuestros niños y adultos que reciben esto por falta de pago, es una vergüenza. La salud y la educación son los pilares de los seres humanos”, comentó una profesional a través del parlante.
El día viernes se realizó nuevamente una movilización frente a la Plaza Centenario. En el lugar, Virginia Genné, psicopedagoga, comentó a Tribuna que “la gota que rebalsó el vaso fue que se cortó la cadena de pago de los prestadores. Eso hizo explotar y visibilizar un problema más profundo. Esto se visualiza como un recorte de las partidas que se asigna a nivel nacional a las obras sociales para estas prestaciones”. Actualmente “las obras sociales están buscando que el gasto por discapacidad pase a nación”, comentó.
“Las obras sociales no hablan de esto, ni lo niegan ni lo aceptan. En las prepagas no aceptan que se afilien quienes, por ejemplo, tengan hijos con discapacidad. Eso te habla de que somos un gasto y no una inversión en salud”, sentenció Genné.
Disciplina fiscal
Las obras sociales reciben financiamiento a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual es administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) el cual es financiado por el aporte de los trabajadores registrados, y parte de contribuciones patronales.
La SSS libera los recursos a las obras sociales a medida que notifica a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para realizar los pagos, entidad encargada de retener los recursos disponibles en el FSR. El rubro “discapacidad” supone alrededor del 70% de la recaudación del FSR destinado principalmente al pago por educación y transporte.
Mensualmente se destinan $ 10.000 millones de pesos a 93 mil beneficiarios con discapacidad.
Sin embargo, desde el gobierno aclararon en un comunicado que no se han tocado las partidas presupuestarias afectando a las prestaciones por discapacidad. Desde “la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación se comunica que no existe ningún recorte presupuestario ni tampoco decisión de ajuste alguno por parte del gobierno nacional”.
Los dirigentes sindicales siguen entre ceja y ceja lo que ocurre respecto al financiamiento y aporte a las cajas de las obras sociales. De hecho, a fines de agosto, unos 10 dirigentes sindicales se reunieron en el Sindicato de Gastronómicos su titular Luis Barrionuevo con el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Armando Cavalieri (Comercio), dónde se barajó la idea de un paro ante la crisis de financiamiento a las obras sociales.
Estudiar o trabajar
En otra medida unilateral, el día martes 40 mil personas que estudian y trabajan fueron dadas de baja en los programas de empleo “Potenciar Trabajo” (cobro por $23.925) luego de que se realizarán las auditorías en las universidades y un cruce de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Determinando desde Anses la “incompatibilidad” del mismo a quienes recibían al mismo tiempo ingresos por la beca de estudio PROGRESAR ($7.400).
En conjunto los dos programas totalizan una suma fija mensual de $31.325 pesos, apenas poco más de la mitad de un salario mínimo vital y móvil, estipulado en $51.200.
Rápidamente un conjunto de organizaciones sociales y estudiantiles del país comenzaron a plantear el malestar en la medida unilateral de determinar la “incompatibilidad” de uno u otro.
Ver: Recorte de programas de empleo y becas estudiantiles
Bajo la consigna “El Gobierno deja sin trabajo a miles de estudiantes. ¡Trabajar y Estudiar no pueden ser incompatibles ni un privilegio!” se convocaron en una Jornada Nacional a las puertas del Anses. Luego el Gobierno Nacional dio marcha atrás con la medida y restituyó a los beneficiarios. Pero ningún funcionario amplió declaraciones acerca de la medida.
Valor dólar, valor soja
Resulta imposible comprender el encuadramiento de este tipo de medidas sin relacionarlo con el proceso de concentración económica y los grandes beneficios que son otorgados al gran capital, particularmente a aquellos actores que valorizan sus ganancias a través de la capitalización en dólares.
En ese sentido, la semana pasada se anunció un tipo de cambio especial para exportadores de grano, el reconocido “dólar soja” que a diferencia de la cotización diaria del BCRA (Banco Central de la República Argentina) será abonado a razón de $200 contra un valor oficial a $140.
🌱 El #DólarSoja a $200 podría provocar una fuerte oferta de soja disponible. pic.twitter.com/xiMCMA3b1y
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) September 7, 2022
Ver: Nuevas concesiones a agroexportadores
De esta forma a través de esa diferencia otorgada por el tipo de cambio (pesos a dólares) diferenciado se estaba implícitamente una quita a las retenciones a la soja con los cuales pueden ser abonadas.
Este incentivo promueve que los exportadores liquiden sus cosechas (por alrededor de US $5.000 millones), al menos hasta septiembre que establece la vigencia del decreto, y alimentar las reservas en dólares del BCRA que luego son entregadas en concepto de pagos por intereses a la deuda externa. Un ciclo extractivo por donde se lo mire.
Rápidamente la medida fue celebrada por los directivos de las corporaciones que componen el complejo agroexportador. En ese sentido la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) publicó en Twitter que “a 72 horas del inicio del decreto 576/2022, el ingreso de divisas sumó 1075 millones de dólares”, superando el objetivo establecido el domingo último.
Los bancos hacen fortunas
Las mismas concesiones ocurren en el sistema financiero donde los bancos absorben grandes masas de dinero en circulación con el supuesto propósito de disminuir la inflación entendida como el excedente de dinero circulante que luego es colocado a través de herramientas financieras como préstamos al Estado.
Es lo que ocurre actualmente con el sistema de Leliqs, Notaliqs y pases remunerados, que se conforman como obligaciones (deuda) que son compradas por los bancos a cambio de financiar al Tesoro de la Nación.
https://radiocut.fm/audiocut/horacio-rovelli-favores-recibidos-7-9-22-salir-por-arriba/
El economista Horacio Rovelli explica la política de beneficios al sistema financiero en el programa radial “Salir por arriba”
El total de encajes remunerados que tienen los bancos hoy es de 7 millones de pesos. Es decir que este monto es mayor que el total del crédito legal, ósea lo que prestan los bancos, que no llega a 6,8 millones de pesos. Esto es un marco de inmovilización de ese dinero, arrojado a la especulación del interés y la renta financiera.
En agosto se le pagaron a los bancos montos que superan los 425 mil millones de pesos, esto supone el pago en un mes por más del doble que lo recortado en salud y educación para el resto del año por 210.000 millones de pesos.
Bajo esta línea, se definen acciones como que se debe realizar un informe mensual de los ingresos de trabajadores a organismos públicos, cruces de información que permiten detectar las “incompatibilidades” en becas de estudio y programas de empleo que refuerza a su vez el empleo precario. Pero, las auditorías a estos tenedores de dinero que se inmoviliza para resolver las necesidades populares parecen pasar inadvertidas.
Regímenes cambiarios diferenciales para los grandes actores del capital, pagos onerosos para financiar la deuda externa y alimentar el círculo extractivista y recortes a la salud y educación componen la radiografía actual sobre la que es necesario debatir y resolver los problemas estructurales que nos afectan como sociedad.