Tras la denuncia formal de la Fiscalía ante el Congreso, el presidente de Perú activó la llamada “Carta Democrática” de la OEA. El organismo enviará una delegación.
En un nuevo episodio de las disputas políticas, la Fiscalía envió una nueva denuncia por corrupción contra Castillo al Congreso de la República del Perú.
La denuncia de la Justicia fue interpretada por el gobierno como un nuevo intento para destituirlo ilegalmente, intento que se sumaría a las tres presentaciones de “mociones de vacancia” a lo largo de su mandato.
Ante esta situación, el presidente solicitó la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA). La normativa establece que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
Tras el pedido de Castillo, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de forma extraordinaria y concertó el envío de una delegación que formarán equipos expertos de los Estados Miembros de la OEA.
Según la resolución comunicada por el organismo, el grupo de trabajo buscará “promover el diálogo” y fortalecer el “sistema democrático” de Perú. Hasta el momento no se ha detallado la fecha en la cual se enviará el equipo.
La última vez que la OEA envió un grupo de estas características fue en 2021 cuando El Salvador solicitó asistencia para “fortalecer el estado de derecho” en el marco de las elecciones legislativas.
