El 5 de marzo de 1956, el general Aramburu sancionó el Decreto 4161/56, proscribiendo al peronismo e iniciando un proceso de crisis política en el país.
La autodenominada Revolución Libertadora, producida en septiembre de 1955, fue el golpe que, además de derrocar al gobierno de Juan Domingo Peron, constituyó el inicio de una guerra civil abierta, conocida como la “resistencia peronista”.
Impulsada por la burguesía industrial, la oligarquía terrateniente, sectores eclesiásticos y la pequeña burguesía universitaria, una rebelión de fracciones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea lideró un escuadrón de 30 aviones bombarderos que atacó la ciudad de Buenos Aires (dejando un saldo de más de 200 muertos y decenas de heridos) y destituyó al gobierno peronista, asumiendo en la presidencia de facto el teniente Eduardo Lonardi.
Las tensiones hacia dentro de esta alianza se vislumbraron desde un principio: en noviembre de ese mismo año se produce lo que se llamó un golpe palaciego (un golpe dentro del golpe) y es depuesto Lonardi para asumir en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, desplazando así a los sectores más proclives al diálogo para instalar a aquellos que propugnaban la erradicación de la escena nacional de los sectores que se identificaban en el peronismo.
Con despidos en masa, intervención en las organizaciones sindicales y caída en el salario real de los trabajadores, se avanzó hacia el explícito objetivo de la destrucción de los niveles de vida y organización de los sectores de la clase trabajadora, impulsando a su vez el endeudamiento externo y el sometimiento de la política al Fondo Monetario Internacional.
La algidez de esta política adquirió niveles inusitados, llegando hasta el Decreto 4161/56 mediante el cual se prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que propagandizara al peronismo.
El decreto formó parte de un plan de aislamiento de la clase trabajadora en la definición de la política del estado, instaurando la persecución al peronismo como expresión organizada de la misma. Este período histórico generó las condiciones para el surgimiento de agrupaciones clandestinas y la organización de medidas de lucha, desde el sabotaje de la producción hasta la organización de huelgas. Y es que detrás de la proscripción electoral del peronismo se ocultaba la decisión política de la burguesía de proscribir política y socialmente al movimiento obrero.
La proscripción comprendía un doble carácter, ya que no solo se limitaba a la prohibición de la expresión política partidaria de la gran mayoría de la clase obrera, sino que a su vez se constituyó en la represión de toda tendencia que impulse a los sectores trabajadores a movilizarse más allá del régimen institucional burgués.
Así es como en el marco de una política electoral se estructura una política de oposición que adopta la táctica del voto en blanco, que contiene al movimiento como el segundo partido, evitando así su desalojo del sistema electoral, aunque sin representación parlamentaria.
Esta situación solo es vista como otro indicador más del desarrollo de la crisis de la forma política de dominio de la burguesía, haciendo efectivas distintas formas de lucha y fortaleciendo la conciencia de las masas. A su vez, la agudización de la crisis económica engendró nuevos métodos de defensa y ataque que conducen a una crisis revolucionaria de todas las clases sociales.
De esta forma, el voto en blanco finalmente terminó siendo una táctica que profundizó la crisis del sistema electoral-parlamentario, y por tanto, de todo el andamiaje institucional político, agudizando la crisis ideológica en el seno de los sectores populares desde el punto de vista de las formas de poder en las que se manifiesta y ejecuta la dominación política y social.
Este fue el cuadro de situación que desde el punto de vista institucional político intentó reducir el conflicto dentro del “dilema” peronismo-antiperonismo, pero la guerra civil no fue entre partidos políticos sino entre sectores sociales, que en la lucha contra la proscripción política y social fue articulando un movimiento que combinó distintas formas de resistencias —huelga, movilizaciones, actos, barricadas, etc.— hasta dar inicio a una situación de lucha directa de masas, cuyo máxima expresión se alcanzó durante el año 1969.
Revivimos otro tiempo de la historia en donde los principios generales que conforman los cimientos y fundamentos de la democracia como régimen de legalidad burguesa fueron vulnerados desde las mismas cúspides del poder que la instauraron, sin poder disimular las contradicciones que aún hoy conviven en el seno de nuestro pueblo.
