Los últimos informes oficiales expresan la crítica situación en la que vive la población, una tendencia que, lejos de ser coyuntural, se ha profundizado desde la década del 70 del siglo pasado.
En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó una serie de informes en los cuales se puede observar cómo vive la población en el país. Algunos sectores arguyen una “mejora” en las condiciones de vida en comparación a la debacle acontecida en la pandemia.
Un punto más o un punto menos en las estadística, lo cierto es que para las familias trabajadoras del país el hacinamiento, el hambre y la explotación forman parte de una situación estructural y necesaria para el desarrollo de este orden social (tribuna edición 55).
Ver: Condiciones de vida en Argentina
Estas leves mejoras a las que refieren, atribuidas a una infinidad de factores dependiendo de quien las tome, son prácticamente insignificantes al lado de la gran masa que aún se encuentra en la pauperización, condición cada vez más instalada a medida que pasan las décadas.
Cabe resaltar que esta condición se sostiene estructuralmente a pesar del crecimiento en la producción de bienes y servicios,de maquinarias y tecnologías, y de las exportaciones, crecimiento producido por las propias familias trabajadoras que, sin embargo, ellas mismas son quienes no pueden obtener su fruto.
Una comparación necesaria
Las condiciones de vida de la humanidad han cambiado a lo largo de los siglos. Los regímenes de propiedad, los avances tecnológicos y el control cada vez mayor sobre las leyes naturales han modificado sustancialmente la vida de nuestra especie, y estos a su vez han influido en las formas de vida de las generaciones futuras.
Teniendo en cuenta ello, cuando hablamos de condiciones de vida nos referimos a que debe relacionarse necesariamente con las condiciones sociales de cada época y, para buscar una explicación sobre la realidad que vivimos hoy, tenemos que remontarnos a la historia.
A partir de 1964 se comienza a definir un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para todo trabajador en relación de dependencia, y se crea el Consejo del Salario para determinarlo. En 1969, con la Ley nº 18.016, se promueve el primer aumento del SMVM.
En los años que van desde 1969 a 1979, el salario promedio de la década se ubicó en 215 dólares. Mientras que en la última década hasta la actualidad el promedio es de 262 dólares, eso significa que en casi cinco décadas el salario aumentó un 21,8% en términos reales.
Pero, ¿qué produjeron esos trabajadores asalariados en el país durante el mismo período?. Según los datos del Banco Mundial, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de Argentina, desde 1969 a 1979 fue en promedio 2.113 dólares por año. Mientras que el promedio de los últimos diez años fue de 13.342 dólares, lo que significa un aumento del 531%.
El Producto Bruto Interno (PBI) es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo (en este caso 1 año). Básicamente es un indicador (posiblemente muy poco preciso, pero suficiente) para medir lo que la clase trabajadora produce en valores monetarios (en este caso pasados a dólar para observar una constante, o comparativa con otras variables). “Per cápita” significa que se divide el total del PBI por la cantidad de habitantes, teniendo un valor aún más preciso para comparar con las condiciones de vida.
Eso quiere decir que, a pesar de que los trabajadores hayan aumentado exponencialmente la producción de bienes y servicios, estos no se vieron beneficiados por aquella producción.
Ver: Testimonios en tiempos difíciles
Lo mismo podríamos comparar con otras variables, como por ejemplo las exportaciones. Desde el comienzo de la serie, en 1986, la cantidad de productos que exporta Argentina al exterior aumentaron 236%. En cuanto al valor de esos productos, desde 1996 el país pasó de exportar 26.430 millones de dólares, a 88.445 millones de dólares en la actualidad, un 234% más.
Por último, otra variable de comparación necesaria es la deuda que se instauró desde 1969 como condición insoslayable para la ejecución de este plan de saqueo y “miseria planificada”. Desde allí pasó de 3.276 a 396.000 millones de dólares en la actualidad, un aumento del 11.987%.
Así, pues, nos encontramos con un orden social que, más allá de las casi insignificantes variaciones coyunturales de la actualidad, estructuralmente somete a quienes trabajan a magras condiciones de vida, aunque produzcan cada vez más todo aquello que vemos, usamos y exportamos.
En la actualidad
Esta condición estructural se traduce en millones de familias trabajadoras en condiciones que parecieran ser propias de la Edad Media. Según los Indicadores de condiciones de vida de los hogares elaborado por el INDEC, en la actualidad 2.200.000 de personas habitan cerca de basurales y 3.500.000 en zonas inundables.
Además 10.764.000 personas viven en estado de hacinamiento (dos o más por habitación). El 50% de la población del país (23 millones de personas) no accede a algunos de los servicios de agua corriente, gas de red o desagües cloacales. Y, en cuanto a la salud, 15.318.000 personas no poseen obra social, prepaga, mutual ni servicio de emergencia.
La tendencia empeora al ver los salarios frente a la inflación. Según el Índice de salarios de marzo éstos aumentaron 10,1% respecto al mes de febrero, y 102,4% interanual. El índice para el sector privado registrado y no registrado fue aún menor: 7,9% y 6,1%, respectivamente
Ello, sin desprenderse de la tendencia histórica que vimos anteriormente, va a pérdida comparado a la variación de los precios de bienes y servicios básicos. Hasta marzo de 2023, la canasta básica alimentaria (CBA) aumentó un 120,1% interanual, y la canasta básica total (CBT) un 113,2%, muy por encima de las variaciones del salario.
El último Índice de precios al consumidor (IPC) llegó al 8,4% mensual, 108,8% interanual y 32% acumulado en este año. Los ítems que más crecieron fueron los alimentos 10,1% (en la región pampeana 10,8%), que lleva un acumulado del 41,2% en lo que va del año, y la vestimenta un 10,8%.
Ambas cifrasos ítems llevan una variación interanual superior al índice y a la variación interanual de los salarios: 115 y 120,7%, respectivamente. Además, hay que tener en cuenta que son los dos ítems con mayor incidencia en la variación del índice total.
Ante la situación, las familias se arreglan para que alguno de sus integrantes consiga más de un trabajo o mandando otros integrantes a trabajar. A ello se le suma el trabajo no remunerado que, según el informe del INDEC, llega a aproximadamente 5,3 horas diarias y consta de quehaceres, apoyo escolar y cuidado de personas. Dicha cantidad es superior en mujeres.
Esta situación sin dudas es una regresión extrema a lo planteado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional vigente que establece condiciones dignas, jornada limitada, descanso y retribución justa. Mucho más aún de la Constitución de 1949 que establecía al trabajador la “posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia”.
Ver: Derogación de la Constitución Obrera
Trabajo y pobreza, van de la mano
Según el último informe de INDEC sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia, en el país el 39,2% de la población, eso quiere decir 18.032.000 personas, son pobres, o sea que no llegan a cubrir con sus ingresos la CBT. Y el 8,1%, 3.726.000 personas, son indigentes, o sea que no llegan a cubrir ni siquiera sus necesidades alimenticias.
La situación se agrava aún más en los niños y jóvenes del país, ya que más de la mitad (54,2%) de niños entre 0 a 14 años son pobres, y el 12% indigentes. Mientras que el 45% de los jóvenes de 15 a 29 años son pobres.
Ver: 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina
En cuanto al ordenamiento del trabajo parece responder a la misma lógica: división del trabajo irracional, desperdicio de fuerzas productivas, superexplotación, etc. De los 20.739.000 de ocupados, 6.000.000 (casi el 30%) trabajan más de 45 horas semanales (osea que se encuentran sobreocupados).
Mientras que 2.405.724 trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas (subocupados). Además que, contemplando los subocupados demandantes de empleo, son 5.400.000 personas las que buscan trabajo en Argentina.
Según el mismo informe, el 73,6% del total de ocupados (15.263.904 personas) es asalariado, y de ellos casi el 65% cuenta con descuento jubilatorio (en blanco), o sea, 9.845.218 de los ocupados.
El resto de los ocupados, el 26,4% (5.475.096 personas) son no asalariados, de los cuales 4.637.406 trabajan por “cuenta propia”, una modalidad de trabajo que dejó hace tiempo de ser “emergente” para volverse una condición estructural de la precarización y las nuevas formas de regulación del trabajo en el país.
Con dicho recorrido resulta imperioso reflexionar acerca de que las condiciones es las que vivimos actualmente los trabajadores no responden a un mero cambio coyuntural, sino que se asientan como situación estructural de un plan de saqueo instaurado a mitad del siglo pasado y el cuál es necesario derrotar para que reine el bienestar en nuestro país.