La decisión, anunciada a través de una cadena nacional, fue tomada en el marco del juicio político contra el presidente ecuatoriano.
El 17 de mayo, un día después del inicio del juicio político en el parlamento ecuatoriano, Guillermo Lasso tomó la decisión de activar la llamada “Muerte cruzada” que le permite disolver la Asamblea Nacional. Dicha medida está establecida en el artículo 148 de la Constitución y supone, a su vez, el adelantamiento de nuevas elecciones.
A través de una cadena nacional, Lasso expresó que la medida fue adoptada para “dar una salida constitucional al Ecuador”, en el marco de la fuerte crisis política que atraviesa al gobierno. Según el actual mandatario ecuatoriano, la medida se tomó aludiendo a una “grave crisis política y conmoción interna”.
A pesar del intento gubernamental de mostrar el carácter “democrático y constitucional” de la decisión, desde la oposición acusaron a Lasso de intentar un “golpe de Estado”. El expresidente Rafael Correa tuiteó que “lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”.
El decreto emitido por el Poder Ejecutivo expresa, también, el llamado a nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Hasta la emergencia de un nuevo gobierno, durante los próximos seis meses, el actual mandatario ecuatoriano, gobernará a través de decretos.
En este contexto, se espera que el gobierno de Ecuador decrete tres reformas estructurales que no habían logrado obtener los votos en la Asamblea Nacional en el pasado: las reformas laboral, económica y tributaria.
