Una breve crónica sobre la lucha docente que se convirtió en resistencia popular contra la reforma.
Desde hace semanas los docentes denuncian su precaria situación salarial. Ante ello, los gremios anunciaron un plan de lucha que contemplaba medidas de fuerza con movilizaciones.
En paralelo, las autoridades gubernamentales de la provincia propusieron una modificación de la Constitución provincial en la que intentan cercenar la protesta social y ampliar la normativa vigente para la explotación de minerales en la provincia. Las manifestaciones en contra ganaron adhesiones de organizaciones, sindicatos y comunidades de toda la provincia.
El lunes 5, los gremios docentes de la provincia definieron un paro de 24 horas en rechazo al aumento del 10% propuesto por el Gobierno provincial, y para repudiar la reforma constitucional por considerarla “lesiva a los derechos del trabajador”.
Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), dijo que “los docentes hemos llegado al punto de hartazgo” por la cuestión salarial” sumado a la “reforma Constitucional que pretende prohibir el derecho de la protesta”. “Este es el inicio de un plan de lucha hasta obtener una restructuración real del salario docente”, comentó.
Por su lado, Sebastián López, secretario general del Seom (Sindicato de empleados municipales), comentó que “hace 7 años venimos perdiendo. Los fondos que recauda la provincia no van a parar a los bolsillos de los laburantes”.
El viernes 9 en medio de la contundente demostración de los docentes por mejoras salariales y de rechazo a la propuesta de modificación constitucional del pueblo jujeño, el gobernador firmó el decreto 8.464 que sanciona con multas la protesta social. Dos días después sucede una marcha masiva en oposición a la medida
En ese marco los sindicatos docentes de Jujuy lanzaron un paro por tiempo indeterminado en paralelo a un plan de lucha que incluyó la permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas, para culminar con un paro provincial estatal con movilización bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”.
Luego se sumaron a las medidas los trabajadores municipales, personal de salud, estudiantes y docentes universitarios, bancarios, músicos, azucareros del Ingenio Ledesma, las comunidades originarias, sindicatos, partidos políticos, entre muchas otras organizaciones.
A pesar del descontento, la reforma de la Constitución logró la media sanción tras un acuerdo entre el partido gobernante y el Partido Justicialista de la provincia. En los próximos días se intensificaron las protestas en todas las ciudades de la provincia.
Uno de los principales focos de conflicto se ubicó en las cercanías de Purmamarca donde la Policía provincial reprimió y detuvo a manifestantes. Mientras tanto, Gerardo Morales calificó a los manifestantes como “sectores minúsculos que están tergiversando la realidad” y “no son de Jujuy”.
En el Día de la Bandera se aprobó la reforma, propiciando el malestar de las masivas manifestaciones frente a la legislatura y en distintas partes de la ciudad de San Salvador. El Gobierno decidió volver a reprimir con detenciones masivas, policías infiltrados, lanzamiento de gases y disparos de balas de goma. Concluida la protesta comenzó la cacería de la Policía con camionetas y autos sin identificar recorriendo las avenidas, calles y hasta barrios de las afueras persiguiendo a los manifestantes. En algunos lugares, con la retirada, se registraron el empalme de barricadas.
Mientras tanto, el juez federal subrogante de Jujuy, Diego Martín Matteucci, autorizó a Gendarmería Nacional a “tomar todos los recaudos pertinentes para asegurar la libre circulación por las rutas nacionales 9, 34, 52 y 66 dentro del territorio de la Provincia de Jujuy, con el debido resguardo del derecho a la protesta y, en especial, la integridad física de las personas, absteniéndose del uso de armas de fuego”.
El saldo de las protestas dejó casi 200 heridos, alrededor de 80 detenidos (quienes estuvieron desaparecidos durante varias horas) y unas 3 personas asesinadas producto de la represión. En respuesta, la CGT regional, ATE y CTERA convocaron a un paro por 48 horas y movilizaciones nuevamente, con la adhesión en las calles de más sectores de trabajo, como los mineros de El Aguilar. El conflicto aún continúa.
