Las centrales empresarias expresaron su apoyo a las primeras medidas del Gobierno, aunque varios sectores sostienen reclamos sobre los alcances particulares del decreto.
Tras el anuncio del paquete de medidas del DNU 70/2023 del Gobierno, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que reúne a referentes de las principales empresas del país, en ocasión de su asamblea anual, publicó un comunicado en el que aseguró que las primeras medidas generan “la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y un muy significativo aumento de la pobreza”.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró que las medidas, en particular las vinculadas a la legislación laboral, “sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”.
A su vez, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) explicitó su apoyo a “los cambios laborales, la desregulación del comercio exterior, el fomento a la competencia de las entidades financieras, la política de cielos abiertos y la revalorización del sector privado”.
Sin embargo, el sostenimiento del cobro de los derechos de exportación, su aumento en productos como la harina y el aceite de soja del 31 al 33% y su aplicación del 15% en productos que no estaban alcanzados, puso a las entidades agrarias en alerta. “Estamos en contra del aumento de retenciones, ya que hace más de 20 años venimos aportando a la mejora de Argentina que no llega nunca”, reclamó la Federación Agraria Argentina (FAA).
En esa línea, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde confluyen más de 60 entidades, envió una serie de cartas al Gobierno para alertar sobre el impacto negativo del aumento de las retenciones sobre el empleo, producción, exportación, así como también en la generación de divisas y recaudación fiscal producto de una caída de la actividad en los sectores afectados.
Por otro lado, ante el anuncio del Gobierno de “paralizar” la obra pública, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró el jueves pasado el “estado de emergencia” en todo el país y reclamaron a las autoridades nacionales y provinciales una solución en “brevísimo” plazo a los problemas planteados. “Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, comunicó la Camarco.
El 25 de enero, una comitiva económica del Gobierno encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo se reunió con representantes de las cámaras empresariales en la Casa Rosada. Allí se dieron cita Pablo Fiuza; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Daniel Funes de Rioja, de UIA; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Alfredo Gonzalez, de CAME y Carlos Achetoni, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otros.
“Los funcionarios aceptaron que no son medidas simpáticas, pero entienden que es el único camino. Filosóficamente no nos cuesta nada entender porque estamos en esa línea. Hace mucho planteamos que se necesitan reformas estructurales muy dolorosas. Hay que transitar el desierto”, dijo tras el encuentro Mario Grinman, presidente de la CAC.
