El pasado 24 se desplegó en las calles y plazas del país la primera expresión de confrontación abierta, masiva y organizada al plan de ajuste iniciado por el Gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre.
Bajo la convocatoria a un paro de 12 horas de la CGT y las dos CTA, se estima que alrededor de 600.000 personas se hicieron presentes en la movilización en Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la ciudad de Córdoba concurrieron casi 50.000.
A su vez, Villa Maria también fue testigo de una significativa manifestación de 1200 personas, al igual que en varias localidades del interior de todo el país donde se expresaron los reclamos bajo la consigna “La patria no se vende”.
La convocatoria fue reforzada a través de la reciente organización de mesas intersectoriales locales y la conformación de espacios asamblearios, como el Cordobazo Cultural, conformada por la emergencia de trabajadores de la cultura y la comunicación.
El tenor principal de la protesta apuntó en contra del proyecto de la ley ómnibus y los efectos del decreto 70/2023, presentados por el Gobierno durante los primeros días de su asunción.
La ofensiva
El 20 de diciembre, a través de una cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia que establece más de 300 reformas con el objetivo de “empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico en nuestro país”.
El paquete de medidas incorporó la derogación de ley de alquileres, abastecimiento, tierras, control de precios, promoción industrial; la transformación de las empresas estatales en sociedad anónimas para su posterior privatización y la modernización del régimen laboral, entre tantas otras.
“Durante los últimos cien años los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Nuestro país, que en los años 1920 era la primera potencia mundial, a lo largo de los últimos cien años se ha enfrascado en una serie de crisis que tienen todas el mismo origen: el déficit fiscal”, fundamentó Milei.
A días de la publicación del DNU 70/2023, el Gobierno envió al Congreso el paquete de leyes titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (conocido como ley ómnibus): 664 artículos desplegados en 163 páginas que proponen establecer una profunda reforma en el Estado y efectuar una delegación legislativa, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Y la resistencia?
Al ritmo de los anuncios del Gobierno, la ciudadanía, de forma espontánea, salió a desaprobar las medidas y jugó de memoria: a los cacerolazos, como en 2001. La presión del hervidero, reflejado parcialmente en los últimos datos de Indec: 25% de inflación en diciembre y de 211% anual con aumentos salariales de apenas 144% interanual (hasta noviembre de 2023), se constituyó como un factor del anuncio del primer paro general de la CGT desde 2019.
La convocatoria fue a través de una declaración del Comité Central Confederal (CCC) y que a su vez definió una duración de la medida de 12 horas con movilización al Congreso Nacional, un plenario nacional de sus delegaciones regionales para el 10 de enero, realizar una presentación judicial contra el DNU y reuniones con los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura de la CGT frente al DNU y la Ley Ómnibus. “Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, resumió Hector Daer, uno de los tres secretarios generales de la central.
Un día después del anuncio del paro, se realizó el Plenario Nacional de la Militancia convocado en forma conjunta por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde decidieron sumarse a la convocatoria cegetista.
A partir del llamado de la CGT, tanto las asambleas de los diversos sectores de trabajo, como de las ciudadanas “autoconvocadas”, se estructuraron alrededor del llamado a las calles del 24, reflejando el ímpetu de construir la tan mentada unidad en las calles.
Haciéndose eco de estas circunstancias, el gobierno ajustó las tuercas: a través del Ministerio de Seguridad, intimó a gremios y agrupaciones políticas que se movilizaron el pasado diciembre para que abonen por los “gastos ocasionados” al Estado por “la interrupción total o parcial del tránsito vehicular”.
A su vez, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció el descuento del día a los trabajadores estatales que se plieguen al paro. “No existe razón para el paro, los porqués son casi infantiles. ‘Es para voltear tal o cual cosa’, no los entendemos”, ninguneó el vocero. El 23 de enero, a un día del paro, envió al Congreso un proyecto de ley para restaurar la cuarta categoría de Ganancias, con un piso de $1.350.000 de salario bruto.
En consonancia con sus intereses, centrales empresarias, como la Cámara Argentina de Comercio (CAC), descalificaron la medida, llamando a reflexionar sobre “los dispares criterios con los que algunos sectores de la política y el sindicalismo protestan contra los gobiernos”.
Por su parte, 25 entidades agrarias, entre las que figuraron la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresaron su rechazo al paro general en un comunicado. “La senda para superar la crisis que abraza a nuestra Nación radica en continuar trabajando”, sostuvieron.
Hasta el diario La Nación dedicó una de sus editoriales a desestimar la medida, apuntando contra las contradicciones de las cúpulas sindicales, asegurando que “constituye, sin temor a equivocarnos, un absurdo efecto de pirotecnia”.
Sin embargo, todos los intentos por deslegitimar el paro se vieron frustrados por las contundentes movilizaciones, que colmaron el llamado a concentrar a las grandes urbes y se replicaron en varias localidades a lo largo y ancho del país.
Más aún, se registraron convocatorias en todo el mundo en solidaridad con el movimiento nacional. El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay se movilizó frente a la embajada argentina en Montevideo para expresar su “rechazo a las medidas antipopulares, que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y el pueblo argentino en general”. En Italia, las centrales sindicales CGIL y UIL lideraron una marcha en Roma en rechazo de la ley Ómnibus. También se dieron muestras de apoyo en España, Alemania, Francia, Bélgica, Chile, Brasil, Paraguay, entre otros.
Un plan para hoy y para mañana
A pesar de esta primer muestra unificada de fuerza y los fallos favorables de la Justicia que hicieron lugar a los reclamos de la CGT e invalidaron los artículos de la reforma laboral contenidas en el DNU, el proyecto de la ley “Bases” avanzó en el Congreso con su aprobación en general. Sumado a ello, el Gobierno refuerza sus vínculos con los organismos financieros que reclaman el ajuste fiscal y las gestiones institucionales, valga la redundancia, gestionan el ajuste, acoplados al slogan “no hay plata”. Por tanto, a la luz de las debilidades que nos llevaron a este escenario, el panorama sigue siendo de crisis.
Esto nos indica apenas que estamos ante la necesidad de transformar esta situación, para lo cual se hará presente la demanda de un plan que supere el techo de ser solamente una oposición al gobierno. En cambio, que ponga sus esfuerzos en generar desarrollo de las capacidades organizativas de los trabajadores para no repetir el “hay 2019”, ni a 2001, sino para conducirnos hacia escenarios más optimistas, aquellos que en estos días se suelen etiquetar como “utópicos”. A la medida de ese plan, y solo posible de esa manera, nos podremos permitir mediciones más precisas para acciones más contundentes y que nos arrojen certezas de un plazo más allá de mañana, y de estos cuatro años.
