El Gobierno Nacional profundiza la militarización del territorio con el despliegue de las fuerzas policiales y envía al Congreso una “ley antimafia”.
Luego del asesinato de cuatro trabajadores en diversas circunstancias vinculadas a bandas de narcotrafico en la ciudad de Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindóuna conferencia de prensa el lunes pasado en donde anunció: el envio de una ley “antimafia” al Congreso; oficializó la creación de un comité de crisis e inició el desembarco de 450 integrantes de las fuerzas federales a la ciudad santafesina con el objetivo de “combatir el narcoterrorismo”.
Según explicó la funcionaria, la ley permitirá penalizar a todos los integrantes de una organización delictiva “por el hecho de participar” en ella. “La idea es que el delito de uno sea el delito de todos. Cuando un miembro de una banda ataque, todos los miembros de una banda serán juzgados con la misma pena”.
Además, el Gobierno anunció que se sumarán agentes de las Fuerzas Armadas para dar asistencia logística y una compra de armamentos y equipamiento para las fuerzas por 10 millones de dólares.
“Las Fuerzas Armadas si tienen un cometido es ser un garante de la paz, y cuando la paz está en peligro, es cuando se hace necesario el auxilio para que cooperen en el marco de la Ley de Seguridad Interior”, dijo Luis Petri, ministro de Defensa, también presente en la conferencia.
A su vez, la ministra Bullrich anunció el miércoles la puesta en marcha de un reglamento general para el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad en donde establece circunstancias en el que los oficiales podrán disparar “sin la necesidad de identificarse” . “Los agentes tienen que tener la seguridad de que cuando usan el arma no pasan a ser victimarios”, declaró.
La situación de violencia en la ciudad llevó a varios sindicatos a tomar medidas para resguardar a sus trabajadores. Amsafe, el gremio de los docentes, realizó un paro el lunes ante “la escalada de violencia criminal”.
Por su parte, el gremio de colectiveros (UTA) completó 96 horas consecutivas sin servicio, al tiempo que el gremio de taxistas (SPT) y de trabajadores de las estaciones de servicio (SOESGPyLA) dejaron de brindar atención nocturna.
