El salario real tuvo una caída de más del 20% en los últimos tres meses. Hoy los ingresos de los trabajadores formales no llegan a cubrir la canasta básica familiar.
Los primeros datos de la gestión de Milei reflejan la imposición de una alianza cada vez más reducida por sobre los intereses de los trabajadores.
La semana pasada el INDEC publicó el último informe del Índice de precios al consumidor (IPC) que reflejó una inflación de 13,2% en el mes de febrero. De esta forma, el primer bimestre acumuló un alza del 36,6% y en los últimos doce meses tuvo un aumento del 276,2%, el número interanual más elevado desde marzo de 1991 (287,3%). El mayor impacto provino de los rubros de servicios: comunicación (24,7%), transporte (21,6%), y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (20,2%). El capítulo alimentos subió 11,9%.
El Gobierno Nacional, a través de un comunicado, celebró el dato calificandolo como “contundente desaceleración de precios” logrado a partir de una “fuerte disciplina fiscal”. “En su discurso de asunción, el presidente Javier Milei informó al pueblo argentino que recibía una inflación camino al 15.000% anual contra la que lucharía con ‘uñas y dientes’. Ese es el compromiso asumido y el objetivo innegociable”, añadió. Para Melisa Sala, economista de la consultora privada LCG, “el desplome de la demanda viene siendo el principal factor de disciplinamiento de precios”.
A su vez, el organismo estadístico publicó la actualización de los costos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establecen las líneas de pobreza e indigencia, marcando una variación mensual en febrero de 15,8% y 13,1%. Por tanto, los ingresos para que una familia no sea considerada pobre tuvieron que superar los $690.902; y para superar la indigencia, el piso se estableció en $322.851.
En tanto, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) alcanzó en el mes de enero los $555.269, reflejando un aumento del 14,7% mensual y un 175% interanual. Cabe aclarar que el Ripte exhibe la evolución de los salarios antes de descuentos (sueldos brutos) de los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más. Por ende, tomando en cuenta el salario de bolsillo, es decir, restando un 17% correspondiente a aportes patronales y cargas sociales, se obtiene como resultado que el ingreso neto promedio de un trabajador formal en enero fue de $460.873.
A partir de estas cifras, el director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma Luís Campos, estimó que en los dos primeros meses de gestión de Javier Milei el salario cayó 20,7% en términos reales, una caída que solo podría compararse con la producida durante los 12 meses de 2002, cuando los ingresos se menospreciaron un 26%. Esto refleja un hecho aberrante en el que ni siquiera el trabajo en blanco y estable brinda las condiciones necesarias para una sobrevivencia digna, como consecuencia de un derrumbe del salario real y del poder adquisitivo.
Este dramático ajuste de los ingresos, apalancado por un gobierno empecinado en generar condiciones de mercado antes que condiciones de vida, se profundiza a través de la escalada de los costos de las tarifas de luz, gas y transporte, los aumentos de combustibles y los alimentos, y el techo de las paritarias que se encuentran bajo la órbita estatal.
El gran saqueo
El agravamiento sin parangón de la situación de pobreza e indigencia se enmarca en una disputa por los recursos producidos por el trabajo transferidos a las arcas de los sectores exportadores, energéticos y financieros.
En ese marco, el Mirador de la actualidad del trabajo y la economía (MATE) presentó un informe en el que describe la transferencia de ingresos durante el mes de diciembre a partir de datos publicados por el Indec. Según MATE, en comparación con el mes de noviembre, la variación salarial contrajo un retroceso del 11% para los trabajadores privados registrados, de 14% para los trabajadores privados no registrados y de un 16% para los trabajadores estatales, superando “el recorte de 13% de Bullrich en 2001”, ilustra el documento.
“Milei decidió llevar a cabo la segunda devaluación más brusca de la historia del país en diciembre de 2023 y el efecto sobre la inflación fue inmediato”, añade el estudio. Además estimó así una transferencia de ingresos total de 1,65 billones de pesos de “valores perdidos con la licuación salarial”.
Desagregando esta cifra, 1,13 billones se deben a la pérdida de masa salarial para el conjunto de los trabajadores, 390 millones de pesos en pérdida a través de la recaudación de aportes y contribuciones, más de 109 millones por pérdida del ingreso de las obras sociales, sindicales, estatales y privadas, y 24,3 millones de pérdida de ingresos para los sindicatos.
Para el 2024, los primeros meses del año indican que la gestión de gobierno continuará en la senda de esta tendencia. Según el análisis de la Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional, que publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), revela que el Gobierno Nacional cumplió con su objetivo de alcanzar un superávit financiero acumulado en el primer bimestre, tras una fuerte caída del gasto en febrero del 32,8% en términos reales.
Las caídas más significativas en los dos primeros meses del año se observaron en los gastos de capital (obra pública), que cayeron 82,4% interanual, en las transferencias corrientes a provincias (-73%) y en los subsidios energéticos (-59,5%). Además, las erogaciones destinadas a pagar jubilaciones y pensiones se redujeron 33% en términos reales. El único gasto que no solo no tuvo que sacrificarse, sino que se incrementó fue el pago de los intereses de deuda, que aumentaron un 34,2% en el primer bimestre, totalizando la suma de 2,46 billones de pesos, el 25,5% del gasto total.
No todos pierden
A su vez, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, el Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI) registró en enero un 29,9%, el nivel más bajo de la serie y sufrió una caída de 6,9% respecto al mismo mes del año 2023, indicando una importante retracción en la producción y ventas de la industria.
A pesar de estos indicadores, las direcciones empresariales expresan su apoyo al Gobierno Nacional. Facundo Gómez Minujín, titular de JP Morgan en la Argentina y presidente de la Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina), en la reunión anual de la entidad dijo que adhieren a “los objetivos y a la dirección de las medidas anunciadas” por el gobierno de Javier Milei. “No es sostenible una economía basada en el subsidio a los alimentos, la salud, la educación, la seguridad, el transporte, la vivienda, el combustible, la luz y el gas”, añadió.
Ver: Bancos pidieron políticas de ajuste
A pesar de que la contracción económica también genera un efecto negativo sobre la demanda, y por tanto, sobre los ingresos empresariales, lo cierto es que tras cada periodo de crisis se produce una elevación del costo para que una empresa sea rentable, produciendo una profundización de la concentración de la riqueza, a fuerza de precarización laboral, despidos y la pobreza que atraviesa al pueblo en su totalidad. De esta manera, el objetivo de la política implementada no es reducir la inflación ni el déficit fiscal, sino que es la consumación de este proceso.
