Los senadores aprobaron el proyecto con modificaciones en un conflictivo marco de enfrentamientos en los alrededores del Congreso. Se define la sanción en Diputados.
El Senado aprobó finalmente la Ley Bases el pasado miércoles tras un empate en 36 votos que obligó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a votar para destrabar la paridad. La norma se aprobó en general, pero fue modificada en varios puntos, lo que obliga al proyecto a ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Una fracción de la CGT, encabezada por Camioneros, Smata, UOM y bancarios, y las dos CTA convocaron a una concentración frente al Congreso. Desde allí, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT, sostuvo: “esperemos que la conciencia de los senadores que llegan con los votos de los trabajadores defiendan los derechos de los laburantes”.
Se registraron a su vez movilizaciones en reclamo contra la ley en varias localidades del interior del país.
Más tarde, ya retiradas las columnas sindicales, mientras transcurría de forma dilatada el debate, hubo enfrentamientos entre las organizaciones que se mantenian movilizadas y las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de 33 detenidos, 16 de los cuales continúan retenidos en prisiones federales luego del pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien los imputó por atentados “contra los poderes públicos y el orden constitucional”.
La Oficina del Presidente celebró la aprobación, calificó a los manifestantes como “grupos terroristas” y reflotó el llamado para el establecimiento de diez “políticas refundacionales” en el Pacto de Mayo, una vez que la Ley Bases sea aprobada por Diputados.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 13, 2024
Entre los principales cambios del proyecto se encuentra la derogación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.
Con el avance del proyecto, se ratificó la declaración de emergencias administrativa, económica, financiera y energética por un año; la delegación de facultades, los artículos que facultan al Ejecutivo a intervenir y disolver organismos del Estado y liquidar los fondos fiduciarios públicos.
Por otro lado, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se acotó a nueve sectores: de foresto-industria, turismo, siderurgia, petróleo, gas, infraestructura, minería, energía y tecnología; y obliga en un porcentaje del 20% a la contratación de proveedores locales.
