Tras la aprobación de la Ley Bases la privatización de empresas públicas avanza. Capitales checos miran de cerca a Fabricaciones Militares que podrían ingresar a la producción de armamento para la OTAN.
El pasado 28 de agosto se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 764/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el cual aumentaron las facultades para que el abogado Diego Chaher, actual titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, avance con la privatización y remate de las empresas estatales.
La normativa crea nuevos cargos ejecutivos en la órbita de la administración pública y amplía las funciones a cargo de Chaher, quien se ocupará del seguimiento, evaluación, distribución de partidas presupuestarias y la ejecución de los planes de venta de acciones parciales y/o totales de las empresas del Estado.
Desde la puesta en funcionamiento del DNU 70/2023 de Desregulación estatal, la aprobación de la Ley de Bases y la designación de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación del Estado, el foco de la política estuvo en la reconversión de las empresas públicas para su desarme, división y remate al sector privado que mira con ansiedad los recursos de los que puede apropiarse.
Una política de “desarme”
En ese marco, el pasado 29 de agosto, trabajadores estatales locales de la Fábrica Militar instalaron una carpa en Plaza Centenario con el objetivo de difundir la situación actual que atraviesa la empresa.
Durante la jornada se hizo presente el secretario de ATE Río Tercero, David Salto, quien cuestionó la política del gobierno sobre la industria y la soberanía nacional. Destacó que hay actores del sector privado que ya estuvieron realizando visitas en la planta de FM en Río Tercero con el interés de adquirir parte de la empresa.
“Todo lo que se produzca será para exportación para la guerra en Ucrania. Nos dijeron que no será para abastecer el mercado interno” además de “que la Ley Savio es muy bonita pero es para otra época. Para esta época no sirve”, explicó Salto. En ese sentido indicó que la producción armamentística va a estar “ligada a la producción bélica” para convertirnos en “proveedores de la OTAN”. “Nos están sometiendo a una guerra donde la mayoría de los argentinos no formamos parte”, sentenció.
La empresa interesada es CSG Defence, un grupo industrial-tecnológico-armamentista radicado en República Checa, que abastece militarmente a integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) implicados en el conflicto bélico Ucrania contra Rusia.
Retiros, ¿voluntarios o condicionados?
Parte de las estrategias de reconversión de las empresas que el Gobierno puso en funcionamiento apunta a reducir el costo laboral a través de los llamados “retiros voluntarios”, situación que fue cuestionada por los sindicatos como “despidos encubiertos”.
Los mismos constan de un programa de retiro adelantado a los tiempos que a cada obrero le corresponde una vez cumplido con sus años de aportes al sistema previsional. Por medio de ese mecanismo, el Estado cumple con los trabajadores anticipando sus salidas y evitando a futuro sostener el financiamiento desde las cajas previsionales, como Anses, como así también el inicio de numerosos juicios laborales por despidos injustificados que podrían alentar un clima aún mayor de protestas.
Según el informe “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades- julio 2024”, 109.263 personas estaban vinculadas a “Empresas y sociedades” estatales en febrero, mientras que para julio el número desciende a 100.777, es decir una reducción de 8.486 trabajadores. Si se contempla además la “Administración Pública” el dato pasa de 332.603 personas (febrero) a 310.537 (julio), una disminución de 22.066 personas en cinco meses.
En estos meses empresas como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, aplicaron planes de retiros voluntarios recortando alrededor de 1.400 empleos. La misma tiene entre sus interesados a la firma israelí Mekorot.
La vinculación con esta empresa tampoco es una novedad ya que en 2022, el entonces ministro de Interior, Wado de Pedro, junto a gobernadores habían viajado a Israel donde suscribieron un acuerdo con Mekorot, a través del Consejo Federal de Inversiones, para mejoras de planes hídricos en Argentina.
En 2014 un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU había cuestionado el accionar de la empresa por su participación discriminatoria en la causa palestina.
“La empresa nacional israelí de suministro de agua, Mekorot, posee todas las redes de abastecimiento de agua en la Ribera Occidental y suministra cerca del 50 por ciento del agua disponible en las comunidades palestinas. Según la información recibida, Mekorot reduce considerablemente el suministro de agua a los palestinos en los meses de verano con el fin de satisfacer la demanda en Israel y los asentamientos”, relata el documento de la ONU.
Otro foco de conflicto abierto lo mantienen trabajadores de las empresas aeronáuticas, tanto los de Intercargo -empresa que quedó sujeta a privatización en la Ley Bases-, como Aerolíneas Argentinas -esta última fue retirada del texto original-.
El 21 de agosto los gremios denunciaron un proceso de desmantelamiento y los programas de despidos. En conferencia de prensa, Edgardo Llano, secretario de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) planteó que “la gente se está yendo de Aerolíneas Argentinas por los sueldos miserables que están pagando”.
El dirigente gremial mencionó que la gran cantidad de retiros voluntarios “hacen que no podamos atender los vuelos porque no hay personal suficiente”. “Por eso, la problemática no es solo salarial, sino también falta de personal y condiciones de trabajo”, planteó.
Por su parte, Pablo Biró, secretario de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas consideró que “el plan de retiros voluntarios está apuntando a cerca de un 10% del personal. Eso, salvo que fuera cierto lo que decían que había una sobredotación, no tendría que haber dado lugar a un achicamiento de rutas”.
“Sin embargo, achicaron frecuencias, achican el número de horas de vuelos que se ofrecen al mercado por mes, planifican las desprogramación de aviones. Viene de la mano la política de menos vuelos, de menos conectividad, de menos laburo, así que estamos muy preocupados”, añadió Biró.
La compañía Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) también quedó en miras del sector privado por su importancia en la generación de energía eléctrica que abastece con el 10% al mercado eléctrico mayorista según datos de CAMMESA. La compañía cuenta con 99% de participación estatal y gestiona las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse.
Recientemente el intendente Eduardo Acastello consideró que sería necesario montar una nueva estructura empresaria que desplace a CAMMESA como abastecedora de energía eléctrica ya que afecta al sector pyme y consumidores minoristas con sus cobros.
Luego de que se publicara el decreto 718/2024 los trabajadores de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) iniciaron un plan de lucha contra la entrada de capitales privados a Nucleoeléctrica S.A. La normativa establece la prórroga por 1 año de la concesión para explotar las represas hidroeléctricas Alicurá, el Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, a las empresas AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.
Entre sus considerandos el decreto establece que dentro “de los 180 días corridos la Secretaría de Energía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades”.
Recientemente, en declaraciones radiales, Sturzenegger sostuvo que “el marco legal ha institucionalizado el modelo de la casta que le extrae recursos a la población en general para dárselo a estos actores”, en referencia a lo que denominó como una “triple casta”, conformada por sindicatos, empresas y Estado. Además contó que en “cualquier país del mundo, donde digo que los sindicatos se llevan el 3% de la masa salarial formal, se ríen”, ironizó Sturzenegger.
La expresión de Sturzenegger refleja la visión programática de esta fracción enquistada en el gobierno: no se trata solo de partir al Estado para repartirlo, sino de fragmentar y debilitar uno de los pocos instrumentos que la clase trabajadora cuenta para hacer resistencia al modelo capitalista, como los sindicatos.
