El miércoles pasado se realizó el lanzamiento de la Guardia Local en Villa María encargada de la “prevención del delito”. Se suma a las políticas de seguridad y equipamiento de las fuerzas policiales dictadas a nivel nacional.
El miércoles pasado el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, junto al intendente de Villa María, Eduardo Accastello, presentaron la nueva Guardia Local, un área policial que suplantará a la Seguridad Ciudadana y se encargará de la “prevención del delito” en la ciudad.
Esta implementación forma parte de un plan provincial en el que se vienen integrando otras ciudades y pueblos. Además se suma a las políticas de control como las cámaras de seguridad y el centro de monitoreo.
Política pública provincial
Desde hace décadas la provincia de Córdoba viene siendo pionera en la promoción e implementación de políticas represivas. Muestra de ello fueron el Código de Faltas, devenido en el actual Código de Convivencia, y la Ley de Seguridad Pública, aprobada por la Legislatura de Córdoba el pasado 20 de diciembre.
Dicha ley establece la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía; el uso de armas “no tan letales” (dicho por el propio intendente Accastello); la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia; entre otros aspectos.
Se suma a ello la radicación de una base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el predio de Fabricaciones Militares de Villa María como parte de la implementación de esta ley en la ciudad.
La puesta en marcha
Los recursos que destinan los pueblos y municipios a la seguridad suelen ser los más importantes, luego de obras públicas.
Para el caso de Villa María, el presupuesto para 2019 estimaba un gasto de $211 millones para seguridad ciudadana, mientras que para 2024 la secretaría de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana contempló un gasto superior a $2.000 millones. Esto quiere decir que en el lapso de 5 años el área de seguridad local tuvo un incremento presupuestario superior al 870%.
Sólo para este año, el eje Seguridad fue el ítem de mayor incremento con un 126%, destinado principalmente a las políticas de videovigilancia, sala de monitoreo de cámaras, operativo de cuadrantes, entre otras.
Además, la secretaría de Prevención y Convivencia Urbana, a cargo de la ex-sindicalista Guadalupe Vazquez, contempló dentro del presupuesto $65.792.500 para la puesta en funcionamiento de la Guardia Local.
También, durante este año, la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial suscribieron un convenio con la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) para que los futuros integrantes realicen allí la Diplomatura en Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El convenio se realizó junto a otros pueblos de la zona, como La Playosa, General Roca, Saira, Pozo del Molle, Oliva, Idiazabal, Justiniano Posse, Cintra y Ballesteros, entre otros, para que sus integrantes se formen en la institución.
En cuanto a la formación operativa de los agentes, desde comienzo de año se vienen realizando distintas capacitaciones dictadas por instructores internacionales de Byrna Technologies Inc., una empresa dedicada a producir armas de letalidad reducida. En una de dichas instancias, Vázquez comentó que “es importante conocer este tipo de armamento, su uso en el contexto urbano y sus diferentes protocolos”.
Para el intendente Accastello la creación de la Guardia Local supone “una decisión revolucionaria” que contará inicialmente con 34 integrantes -además de 52 aspirantes en proceso de formación- y 10 móviles. En el lanzamiento oficial realizado el miércoles pasado, también dijo que este es un paso crucial para enfrentar a aquellos que “buscan dañar a las comunidades”.
Por su parte, el gobernador Martín Llaryora, dijo que “es muy difícil combatir el delito en una Argentina que tiene más del 50% de pobreza. Esto no es estigmatizar. Pero claramente hay una relación entre los países que más prosperidad tienen con menores índices de inseguridad”.
Contexto
Actualmente el tratamiento de este problema por parte del Estado está siendo motivo de fuertes críticas. La represión a jubilados y a los trabajadores de la UOCRA de Jujuy por trabajo digno son sólo algunos de los hechos de las últimas semanas que describen el accionar del Estado al respecto.
Por su lado, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, estableció un protocolo antipiquetes (Resolución 901/2024) que habilita a convocar a todas las fuerzas policiales a las protestas de trabajadores que los empleadores identifiquen como bloqueos, para restablecer el funcionamiento de los establecimientos.
Además, la normativa establece que incluirán la identificación de los responsables de la acción y el resto de participantes para iniciar las denuncias legales en las jurisdicciones del poder Judicial correspondientes.
No satisfecha aún, en un almuerzo del Club del Petróleo, la ministra anunció la creación de un comando especial para proteger recursos y zonas estratégicas vinculadas a las firmas petroleras, donde cada vez que exista una protesta de trabajadores se puedan articular las fuerzas provinciales y nacionales para “despejar” el área en cuestión.
