Colombia frente al nuevo pacto de Chicoral, la posibilidad para hacer balance. Por Ivan Dario Rojas Moreno. Especialista en memorias colectivas derechos humano y resistencias CLACSO Brasil.
El gobierno del cambio se dio cita en el histórico municipio de Chicoral en el departamento del Tolima, epicentro en la década de los 70s de la contrarreforma agraria y en la actualidad escenario donde se desea agenciar políticas favorables para el campesinado.
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez fue electo en el 2022 con tres importantes mandatos populares, el primero la búsqueda de la paz con los diversos grupos armados, segundo la generación de una política social que pusiera freno a la pobreza, y tercero políticas rurales que permitieran la revitalización del campo, el cierra de la frontera agrícola y la disminución de las afectaciones a la naturaleza. El primer mandato ha encontrado una realidad fehaciente, la incapacidad de ampliar los marcos normativos que permitan brindar alternativas a los grupos armados para su incorporación a la vida civil, elementos que corresponden a la correlación de fuerzas en el legislativo, a lo que se suma la rentabilidad de las economías ilegales que en el país operan como commodities, aunado a la falta de capacidad técnica y operativa por parte del establecimiento para avanzar en las conversaciones de paz, lo cual se entremezcla con la dudosa voluntad política de los actores armados.
El segundo mandato se ha chocado frente a la barrera fiscal dejada por los gobiernos anteriores, quienes al seguir las fórmulas políticas del libre mercado beneficiaron con el endeudamiento público los sectores privados y oligopólicos, esto se vincula con la poca posibilidad de movilidad del erario público, en especial por los reveces presentados a la ley de financiamiento en cuanto a la imposibilidad de aumentar los cobros de impuestos a sectores como el minero energético, lo cual se entronca con la baja capacidad técnica de algunas carteras que orientan la política social del gobierno, elemento que ha retrasado la posibilidad de impactar los índices generales de pobreza.
A este segundo mandato se vincula la pérdida del control político de las gobernaciones y alcaldías de las regiones y ciudades principales, espacios gobernados en su mayoría por los clanes políticos tradicionales, en donde el electorado y las bases del movimiento social progresista no han percibido directamente las actuaciones del gobierno nacional, haciendo que se aumente la impopularidad del mismo, ello acrecentado por la matriz mediática que se encuentra en abierta campaña política con miras al 2026. Aun así, si en algo ha demostrado capacidad de agencia el gobierno del cambio es en el desarrollo de la política agraria y de tierras, en donde tanto el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras han jugado un papel estratégico en las nuevas oportunidades que se abren para el campo colombiano.
Y es que el tema de tierras es tan importante que se encuentra en el núcleo del acuerdo de paz del teatro Colón, ha sido identificado por académicos distinguidos como uno de los pilares fundamentales para comprender las desigualdades sociales del país, y tiene importantes organizaciones campesinas como la ANUC, CNA y FENSUAGRO agenciando propuestas para un ordenamiento agropecuario acorde a las necesidades de los territorios.
A modo de memoria es importante mencionar que en la década de los años 70 el gobierno de Misael Pastrana acordó con el capital internacional, el latifundio y la clase política tradicional formular el llamado Pacto de Chicoral, el cual se enfiló en contra de la organización del campesinado y su oportunidad de acceso a tierras, concentrando las más productivas del valle interandino del Cauca, Magdalena, llanura del Caribe y altillanura del Orinoco en pocas manos, lo cual influyo directamente en la ampliación de la frontera agrícola, el boom del narcotráfico y el aumento de los grupos armados, ello en zonas rurales donde la presencia del estado era solamente mediante las fuerzas militares.
De esta contrarreforma se encuentra que las tierras más productivas quedaron en manos de agroindustriales, terratenientes y no en pocas ocasiones del narcotráfico, haciendo que el campesinado se ubicara en pequeños fundos en las ramificaciones de los andes, y en polígonos de expansión agrícola como la Serranía de San Lucas, rio Atrato, región del Ariari, región del Sarare, región del Catatumbo, entre otros espacios. En donde el campesinado, bajo formas de autogobierno entremezcladas con la necesidad de protección frente a la violencia terrateniente, termino próximo a las reivindicaciones de actores insurgentes, en donde el clorhidrato de cocaína y la actividad extractiva fungió como moneda de cambio para sustituir al estado en la política social, abriendo de esta manera un nuevo capítulo en la historia del conflicto armado del país.
Por ello es muy valioso el intento de revertir la política de la “revolución verde”, de la concentración de tierras por vías coercitivas y de despojo, donde es crucial reconocer que a pesar del marco normativo agrario, ha sido el gobierno del cambio quien mayor impulso ha dado a la constitución de Zonas de Reserva Campesina, Territorios Campesinos y Agroalimentarios, ha avanzado en la implementación de Autoridades Territoriales Económicas y Ambientales, ligado a los procesos de formalización de tierras, sumado al reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.
Esto ha permitido que en diversas partes del país se pueda transferir tierras incautadas por la Sociedad de Activos Especiales, y se adquieran tierras mediante la Agencia Nacional de Tierras a organizaciones campesinas, activando de nuevo el mercado de tierras y avanzando de esta manera en la distribución de las mismas. Es de visibilizar el papel que han jugado allí la actual ministra de agricultura Martha Carvajalino, el director de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman, el director de la Unidad de Restitución de tierras Giovany Yule, y de manera indirecta la exministra de ambiente Susana Muhammad, quienes actuando de forma anterinstitucional, reconociendo las conflictividades del territorio y la experiencia de las organizaciones sociales han avanzado en revitalizar el campo, haciendo que la canasta familiar disminuyera drásticamente su proceso inflacionario, mejorando la soberanía alimentaria y aportando al cierre de la frontera agrícola.
Por esto el nuevo Pacto de Chicoral será un hito en la historia agraria del país, el cual puede redundar en disminuir la deuda que se tiene frente a la paz y a los procesos de desigualdad social, porque bien dicen los campesinos “para que exista la paz hay que aflojar la tierra”, pero también hay que acompañar a quienes la defienden para crear futuros sustentables. Aprovecho estas cuartillas para recordar de manera grata al campesino Teófilo Acuña, asesinado hace tres años siendo un luchador por los derechos del campesinado que construye paz en el Magdalena medio.
