El Gobierno Nacional eliminó las contribuciones obligatorias que las empresas deben realizar a favor de las cámaras empresariales.
“Sonríe el Ministro Luis Caputo con esta baja de costos generalizada”, celebró en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras la publicación del Decreto 149/2025 publicado el miércoles pasado en el cual se prohíben los aportes obligatorios que las empresas realizan a las cámaras gremiales.
Estos aportes provienen de los Convenios Colectivos de Trabajo donde se establece un porcentaje de los sueldos de los trabajadores para financiar la actividad de las cámaras empresarias que, hasta la puesta en marcha de la nueva reglamentación en 90 días, son obligatorios.Sturzenegger aclaró que “junto al Jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los 6 (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido”.
El Decreto 149/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @SPettovelloOK termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer “impuestos privados” para beneficio de privados. Explicamos.
Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Convenios…
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2025
Por eso, el decreto también aclara que la Secretaría de Trabajo de la Nación “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contradigan lo dispuesto”.
Además, el funcionario justificó la medida aludiendo a que estos aportes son “cargas obligatorias para financiar asociaciones empresarias, ‘institutos de capacitación’ y demás objetos variopintos que empezaron a operar como verdaderos ‘impuestos privados’”, aludiendo particularmente al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
En sintonía con la política oficial, Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme apuntó contra el INACAP, controlado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), debido a ”la falta de transparencia y rendición de cuentas públicas”.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) también apoyó la medida aludiendo a que “este tipo de contribuciones sólo encarecen los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleador” y por ello su eliminación “permitirá fomentar la contratación de más puestos de trabajo”.
Por medio de un comunicado, oponiéndose a la medida, la CAC salió en defensa del instituto aclarando que su propósito es “sostener el núcleo de la actividad gremial empresaria” y que “muchas de las acciones que llevan adelante estas instituciones muy difícilmente serían sostenibles con el financiamiento voluntario”.
