El Gobierno designó por decreto a Lijo y Garcia-Mansilla para integrar la Corte. Paradójicamente, la asunción de Lijo fue rechazada por Garcia-Mansilla.
En febrero, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 137/2025 para designar a Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de la Justicia hasta la finalización del próximo período legislativo.
En marzo de 2024 el Gobierno los había propuesto para ocupar los cargos vacantes en la Corte, pero la propuesta no fue tratada en la Cámara de Senadores.
A través de X, el Gobierno Nacional justificó el nombramiento al argumentar que la Corte “no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”. A su vez, apuntó contra el Senado al señalar que la Cámara “debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo”.
“El gobierno nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, sentenció.
En este marco, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) -sindicato nucleado en la CGT-, aseguró en un comunicado que “los trabajadores y trabajadoras ven con esperanza la designación por su amplia trayectoria y por sus conocimientos de la Justicia” y denunció la “irresponsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas del Senado”.
Por su parte, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores denunciaron que Lijo “recibió más de 30 impugnaciones a su designación y el juez García Mansilla, otras 20. Estas son suficientes razones y motivos para que se dude de su idoneidad para encabezar el primer escalafón judicial de la Nación”.
Para la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la designación “representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática”. A su vez, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) subrayó que es “responsabilidad de cada uno de los poderes de la República la presentación de candidatos con fundados antecedentes de probidad, así como su debate y aprobación oportuna”.
Debido al carácter transitorio de la designación (en noviembre el Senado debería prestar su acuerdo a la misma), Lijo pidió una licencia extraordinaria a su cargo como juez federal, aprobada por la Cámara Federal, para poder asumir en la Corte sin renunciar a su juzgado de primera instancia.
Sin embargo, la Corte Suprema, con el voto de Garcia-Mansilla, rechazó por mayoría la licencia. “La Constitución Nacional no admite que una misma persona sea titular de dos cargos simultáneamente”, argumentaron los jueces Garcia-Mansilla, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la resolución, en la que se abstuvo Ricardo Lorenzetti.
