Las fuerzas armadas de Argentina y EE.UU. acordaron realizar ejercicios conjuntos. En Villa María también se despliegan operativos de las fuerzas de seguridad con allanamientos y detenciones.
El acercamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Argentina y EE.UU. se promovió activamente desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Particularmente este gobierno, desde el inicio, tomó esa bandera de gobiernos anteriores para acrecentar la presencia norteamericana en el país acompañándola de un fortalecimiento irrestricto de todas las fuerzas de seguridad y las normativas que amplían su accionar.
Una muestra clara de ello fueron los ejercicios realizados por la Armada de EE.UU. el 10 de diciembre de 2023, donde se hizo presente el portaaviones USS George Washington en la costa argentina, como parte de la operación Gringo-Gaucho II.
Además de acciones posteriores, como la firma del memorándum con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para su intervención en el Paraná, la ratificación del convenio en ciberdefensa firmado por el gobierno de Fernandez y la instalación de una base militar en la provincia de Tierra del Fuego.
Operaciones conjuntas
El lunes pasado el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Argentina (CCOEA) y el Comando Sur de Operaciones Especiales (CSOE) de EE.UU., se reunieron en la sede del Ministerio de Defensa y en la del Ejército Argentino, en Buenos Aires, para generar acuerdos de coordinación entre las fuerzas.
El documento preliminar fue firmado por el coronel Néstor Oprandi, comandante conjunto de CCOEA, y el capitán de navío Nikolaos Sidiropoulos, director de Estrategia y Planes de CSOE.
El acuerdo oficial será firmado por el contralmirante Mark Shafer, comandante de Operaciones Especiales del Comando Sur de EE.UU., que visitará Argentina en las próximas semanas.
El acuerdo consta de la participación del Ejército argentino de un ejercicio militar denominado UNITAS 2025 donde participarán ejércitos de distintos países de Latinoamérica entre septiembre y octubre próximos. Además del “Atlantic Dagger (Daga Atlántica)”, a ejecutar entre ambas fuerzas en febrero de 2026 con el objetivo de evaluar y mejorar la interoperabilidad de las fuerzas especiales.
Protestar puede significar un acto mafioso
A su vez, estos acuerdos van acompañados de leyes y regulaciones destinadas al fortalecimiento de todas las Fuerzas de Seguridad nacionales y su capacidad de acción en el territorio. A finales del año pasado el Gobierno dispuso a las fuerzas armadas para controlar las manifestaciones y protestas en las empresas y rutas de todo el país.
El 10 de marzo de este año se sancionó la Ley 27786 de Organizaciones Criminales que dota al Estado de capacidades especiales para investigar y castigar a las mismas. La ley las define como “grupos de tres (3) o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.
La normativa establece que “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave” los miembros de las organizaciones que hayan realizado acciones “para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad”, entre otros puntos.
A su vez, la ley brinda facultades especiales si estuviere amenazada “la propiedad inmueble del Estado nacional o el personal que presta funciones en ella”. También autoriza a realizar allanamientos, interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, entre otras medidas especiales.
Su expresión local
El control del territorio está a la orden del día, sea para cuidar la propiedad privada de grandes establecimientos industriales o concentraciones de recursos como Vaca Muerta, como también en las ciudades del interior reforzando la acción de las fuerzas de seguridad.
Parte de esta política fue la creación de la Guardia Local, abastecida con armas de letalidad reducida; como así también la radicación de una base operativa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el predio de Fabricaciones Militares en Villa Maria.
En la mañana de este jueves 20, se realizó un megaoperativo interfuerzas, como parte del Plan 90/10 para la reducción de homicidios y violencia, que se definió en la última reunión del Consejo de Seguridad de Villa María llevada a cabo el miércoles.
El operativo estuvo a cargo de la Policía de Córdoba con la colaboración de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Guardia Local y diversas unidades especializadas realizando 22 allanamientos en distintos puntos de la ciudad.
“Villa María no negocia la paz social”, dijo el intendente Eduardo Accastello. Por su lado, el fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, dijo que “este operativo es histórico por la cantidad de allanamientos realizados, lo que nos permite tomar medidas contundentes contra quienes eligen el camino de la ilegalidad”.
