Se avanza en la desregulación comercial con EE.UU. Quejas de sectores industriales por el ingreso de productos usados.
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, llegó a Argentina para reunirse con los funcionarios locales. Del encuentro participaron el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el secretario de Políticas Económicas, José Luis Daza.
Luego de la reunión, Bessent y Milei realizaron una conferencia de prensa desde Casa Rosada. Allí, el presidente sostuvo que “el mundo ya no es el mismo que hace 10 años”, producto de “acumular tensiones en el orden global” por lo que “se está reconfigurando”.
Además, remarcó que los aranceles que impuso Donald Trump “está haciendo que se discutan desequilibrios comerciales en pos de un rediseño más justo”. Por lo tanto, “estamos listos para firmar un acuerdo comercial” con los Estados Unidos.
Previamente al encuentro, Bessent fue consultado por la agencia Bloomberg, acerca del swap en yuanes firmado con China que constituyen cerca del 30% de las reservas internacionales del Banco Central. Bessent respondió que “Argentina debería tener flujos extranjeros para pagarlo (al swap)”, y aclaró que su objetivo es “evitar lo que ha pasado en África, donde China firmó acuerdos rapaces, donde se adueñaron de derechos minerales y los endeudaron con arreglos secretos”.
Industriales afectados
El día jueves a través del Decreto 273/2025, el Gobierno Nacional derogó la exigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), un trámite que restringía el ingreso de maquinaria usada al país.
Según informó en un comunicado la Secretaría de Comercio, “la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023”.
Tras conocerse la medida, sectores industriales salieron a cuestionar la decisión señalando que serán afectados en el marco de una competencia desleal. El presidente de la cámara de fabricantes de maquinaria agrícola de Córdoba, AFAMAC, Gustavo Piccioni expresó que “esto pone en riesgo toda la cadena de valor del sector”, ya que “no puede competir en precio por las deficiencias estructurales de nuestro país”.
“A lo mejor una medida que quiere facilitar y potenciar al productor termina perjudicando a toda la industria nacional. No se trata de cerrarse al mundo, sino de abrirse con inteligencia. Si no tenemos igualdad de condiciones, no hay forma de competir”, sentenció Piccioni.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) fue contundente al sostener que el CIBU era “una forma de evitar que Argentina reciba descartes y material obsoleto de otras industrias”. Por lo tanto, “su derogación es un retroceso” y “configura una competencia absolutamente desigual” en “momentos donde el mundo defiende sus industrias estratégicas”.
Desde UIA ilustran que el sector metalmecánico en Argentina está conformado por más de 20.000 empresas, y emplea a más de 300.000 trabajadores de forma directa siendo responsable del 25% del producto industrial nacional.
También la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) exclamó que la medida “expone a la industria nacional a una competencia desleal”. Indican que “Santa Fe cuenta con un entramado industrial metalmecánico robusto y diverso, con más de 2.000 fábricas de maquinaria y productos metalmecánicos, distribuidas entre grandes ciudades y localidades del interior productivo, que generan en conjunto más de 50.000 puestos de trabajo”. Interpelan al gobierno a realizar “una revisión urgente de esta decisión, que atenta contra la industria local”.
