Continúan los conflictos sociales con protestas contra la reforma previsional, el cierre de la multinacional Chiquita y la criminalización de la protesta del gobierno.
Desde finales de abril, sindicatos obreros y gremios docentes iniciaron movilizaciones y huelgas en rechazo a la reforma de la Ley 462 que modifica el sistema de pensiones. También se encuentran en conflicto ante la reapertura de la mayor mina de Centroamérica con capital canadiense.
En ese escenario, la huelga nacional indefinida aún continúa su curso, sostenida por los trabajadores de la construcción, docentes y de la producción de banana.
Ante ello, la principal empresa bananera del país decidió el miércoles 21 suspender la actividad. “Chiquita Panamá informa que las operaciones de siembra, empaque y exportación de banano, así como las labores administrativas de la empresa en la provincia de Bocas del Toro continuarán suspendidas hasta nuevo aviso”, señaló la empresa en un comunicado.
Entre las próximas medidas, el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, adelantó que el 7 de abril habrá manifestaciones en rechazo a la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al istmo del Canal de Panamá.
La del Bocas del Toro es una de las mayores plantas de la empresa que está paralizada por la huelga que mantienen los trabajadores desde el 28 de abril.
Además, Chiquita Panamá que empleaba a más de 7.000 trabajadores, notificó el despido de 5.000 empleados justificandolo en un comunicado en el que citó “el abandono injustificado de labores en nuestras fincas y centros de operación”.
En el caso docente, el pasado martes 27, la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) realizó una movilización hasta la Asamblea Nacional. “Nosotros mantenemos nuestra posición de seguir apoyando a la huelga, hasta que no deroguemos la ley 462” manifestó el profesor y dirigente de Asoprof, Diógenes Sánchez.
Estudiantes de la Universidad de Panamá también mantienen las protestas fuera del campus ubicado en vía Transístmica, una de las 3 arterias principales de la ciudad de Panamá.
Por su parte, trabajadores del gremio de la construcción enfrentan la criminalización de la protesta, luego de que la fiscalía de Panamá emitiera una orden de detención contra el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez. Tras emitirse la orden judicial, el dirigente gremial se resguardo en la embajada de Bolivia dónde pidió asilo político.
Al respecto, Fernando Abrego, del gremio docente, cuestionó que, mientras “a los ricos que roban millones y que se roban los sueños del pueblo panameño le dan salvoconducto para que gocen de la riqueza robada en otros países”, a “los patriotas, los luchadores sociales, los gremialistas y sindicalistas se le aplica el rigor de la ley (…) con expedientes amañados, y pruebas falseadas”.
