Protestas contra el desfinanciamiento a la educación, la ciencia, tecnología, destrucción salarial, y el ataque a la huelga ocurrieron en simultáneo en todo el país.
Los últimos conflictos en el ámbito de la educación dan señales que la realidad de los estudiantes, maestros y profesores, están lejos de ser prioridad de quienes gobiernan.
¡Abajo el decreto, arriba el salario!
Una masiva huelga de trabajadores de la educación tuvo lugar en Catamarca en las últimas semanas de mayo. La reacción de los maestros se encendió luego de que el gobierno provincial publicó el decreto 884/2025, que estableció un nuevo Régimen de Cobertura de Cargos en el sistema educativo provincial.
Según denunciaron los maestros, el régimen establecido trasladaba las facultades del poder ejecutivo desde el Ministerio de Educación al de Trabajo subordinado las decisiones a esa cartera. Además, establecía mecanismos de cierres de cursos, la cesantía de docentes en funciones y restringía los procesos de cobertura de cargos.
Emilce Martínez Azar, una de las docentes autoconvocadas, había señalado a medios periodísticos que “la cobertura de cargos debería hacerse con asambleas ordinarias como fue el año pasado. Eran normales, semanales, por listado de orden de mérito y supervisadas por las Juntas de Clasificación. No como lo decidieron con este decreto espantoso que firmaron”.
El decreto había sido publicado el 16 de mayo, y el sábado 24 explotó la pueblada con una masiva movilización hasta la casa de Gobierno. Cánticos cómo, “abajo el decreto, arriba el salario”, tiñeron el estado de convulsión en la provincia. Al conflicto fueron sumándose otros focos en todo el territorio con cortes de calle y movilizaciones.
Luego, tras un anuncio del gobernador Raúl Jalil (Partido Justicialista), el Gobierno provincial dió de baja el decreto y el ministro de Educación, Rosales Matienzo, informó que se procederá a desarrollar asambleas en las escuelas para debatir las reformas en curso.
¿La huelga y el salario?, ¡Afuera!
En el ámbito nacional, el Gobierno publicó el miércoles 21 el Decreto 341/2025 mediante el cual modificó el artículo 10° de la Ley 26.075, operando una transferencia al Consejo Federal de Educación (CFE) en la negociación salarial y del convenio con los gremios docentes.
Con esta decisión se “abre paso a un modelo en el que la ‘mano invisible del mercado’ defina el funcionamiento del Sistema Educativo según las posibilidades de cada provincia”, planteó un comunicado que llevaba las firmas de Sadop, Unión de Docentes Argentinos, AMET y CEA -gremios docentes nucleados en la CGT-.
Además, plantearon que el Gobierno “cae en una abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico” al reconocer “que debe pagar, pero se niegan a sentarse a negociar buscando volver abstracta las negociaciones”.
Si bien el gobierno se retira de la negociación paritaria, se guardó la herramienta que le permite vetar un aumento que modifique la partida presupuestaria, o bien, supere las expectativas inflacionarias buscando proteger el preciado ajuste fiscal.
También se publicó el decreto 340/2025 que restringe el derecho a huelga quedando el ámbito de la educación incluido como servicio esencial. Ante ello, la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) presentó un amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo.
Entre los argumentos señalaron que “el brutal ajuste del presupuesto educativo, el desconocimiento de la paritaria nacional docente, la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, la eliminación del FONID”, entre otras medidas, expresan el desprecio hacia los docentes y estudiantes que deben concurrir a la escuela.
Será la deuda
No se puede obviar que la asfixia presupuestaria y salarial viene de larga data. Según un informe de Argentinos por la Educación (AxE) “las provincias en su conjunto asumen el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto educativo”.
Ya para finales de la “década del 70, y en particular como consecuencia de la sanción de la Ley 24.049 de 1992, las escuelas y otras instituciones educativas de nivel inicial, básico, medio y superior -con excepción de las universidades nacionales-, fueron transferidas a las provincias”, señalan desde AxE. Además, comentan que la meta del 6% del PBI para el financiamiento de la educación, establecida por ley, solo se cumplió en uno de 20 años.
Recientemente un documento del Foro Económico Mundial, con datos de Development Finance International, indica que a partir de junio de 2024, en más del 30% de los países en desarrollo para los cuales se dispone de datos, la deuda consume más recursos que la educación, la salud, el clima y la protección social combinados.
Como resultado “la inversión pública en educación está muy por debajo de los objetivos globalmente acordados de 20% de los presupuestos nacionales o 6% del PIB. En demasiados países, los presupuestos para educación son la mitad de eso y siguen cayendo”, critican desde el Foro Económico.
Y advierten que esto va acompañado de “acuerdos de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” ya que “los países a menudo adoptan límites de gasto, congelaciones salariales en el sector público y aumentos de impuestos regresivos.”
Universidades en estado crítico
Los universitarios juegan la misma partida, y en ese marco, el pasado miércoles 28 realizaron una presentación ante el Congreso por una nueva Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa fue elaborada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) quienes, además, hicieron una concentración frente al Congreso de la Nación.
Según informó la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), a través del proyecto se establece una inversión progresiva en educación superior, proponiendo que el Estado nacional destine el 1,5% del PBI al sistema universitario para el año 2031, comenzando con un 1% en 2026.
Desde noviembre del 2023 a marzo del 2025 el salario docente universitario perdió 82,4 puntos porcentuales, una caída de 27,8% del poder de compra, según un informe de CONADU Villa Mercedes.
La presentación fue realizada en paralelo a la protesta de investigadores de Conicet que en diferentes universidades organizaron acciones de visibilización contra el desfinanciamiento, el retraso de ingresos a carrera, congelamiento de sueldos, entre otros.
En la Universidad Nacional de Villa María, científicos, becarios, estudiantes y docentes se reunieron para dar visibilización al conflicto. En el lugar leyeron el documento titulado “Cuándo y quiénes” alertando que no es posible seguir esperando más tiempo ante el desfinanciamiento.
“El sistema científico argentino enfrenta: Falta de presupuesto; salarios por debajo de la línea de pobreza; congelamiento de ingresos; parálisis de proyectos y ausencia total de políticas públicas para el área”, reza la comunicación.
Estos hechos dan una muestra de que la educación es uno de los sectores más afectados por las políticas estatales que año tras años rehuyen a mejorar las condiciones de estudio y trabajo. En cambio, hace ya tiempo que el foco está puesto en cumplir los pagos de un sistema permanente de endeudamiento estatal, cuando aún quedan deudas internas por cubrir.
