El gobierno Nacional reformuló el Estatuto de la Policía Federal Argentina y lanzó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
En un acto llevado a cabo el pasado martes en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich junto al presidente de la Nación, Javier Milei, formalizaron la reforma del Estatuto de la PFA.
Con esta decisión, oficializada mediante el DNU 383/2025, el Gobierno cambió el estatuto modificando la estructura organizativa, presupuestaria, de formación y funciones de la fuerza. Además estableció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un cuerpo especializado en inteligencia.
Uno de los puntos que ha llamado la atención refiere al artículo 6°del Anexo al DNU, en el que se amplían las facultades de la PFA para realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, incluyendo redes sociales y requisas “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
También habilita a detener personas “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todas modificaciones “sin necesidad de autorización judicial”.
“Vamos a aprender de los mejores, de Estados Unidos e Israel. Pondremos a la PFA en línea con los estándares del FBI”, planteó en su discurso Milei.
Críticas de organizaciones sociales
Esta “forma de inteligencia es una limitación extraordinaria a derechos como la privacidad y la libertad de expresión y, en contextos de tensión social como el que atraviesa el país, es una herramienta que amenaza el debate democrático y la protesta social, habilitando por ejemplo la vigilancia y persecución masiva”, cuestionó la organización Derechos Digitales.
Por su parte la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que desde el gobierno “vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social”.
Esta medida se suma a una serie de modificaciones que implementó este gobierno como la resolución 428/2024 del Ministerio de Seguridad en el que permitía a la PFA ejecutar “labores preventivas en el espacio cibernético” y el DNU 1112/2024, que modificó la Ley de Seguridad Interior habilitando a las Fuerzas Armadas a intervenir en las ciudades y fronteras.
