Mercado Libre anunció tarifas diferenciadas en las provincias para las operaciones en sus aplicaciones. El gobierno de Santa Fe cuestionó la decisión.
A partir del 8 de julio, Mercado Libre “aplicará cargos diferenciados” en las provincias para “transparentar el impacto de los impuestos”, informó la empresa en un comunicado.
“El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, amplió Mercado Libre.
Además, remarcaron que las diferencias cada vez mayores en las alícuotas entre provincias “terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva”.
Las medidas anunciadas incluyen una disminución de cargos por vender en Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero. Mientras que en Córdoba, Santa Fe y Jujuy los costos aumentarán.
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— Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) July 1, 2025
Respuesta de Santa Fe
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo en Radio Perfil: “le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”.
A su vez, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, denunció en la red social X que el anuncio de la firma: “parece una represalia al reclamo que desde principio de año venimos haciendo para que realicen controles elementales a quienes les entregan dispositivos Point (dispositivo de pagos de MercadoPago)”.

Empresas del sector se posicionaron en contra de los impuestos al débito y crédito y pidieron “eliminar la discriminación fiscal”.
“Las fotos de los allanamientos en la provincia muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, denunció el ministro.
La empresa se refirió a las declaraciones como “acusaciones infundadas” que “no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su Provincia encarece la actividad de miles de emprendedores”.
De esta manera se abre un nuevo capítulo en la disputa por reformas tributarias donde los distintos actores presionan por cambios que mejoren la rentabilidad de su actividad, mientras los gobernadores se resisten a entregar la caja para su funcionamiento.
A finales del mes pasado se reunió el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para reclamar por una redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y un aumento en la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Los gobernadores provinciales se unen para elevar la guardia contra el Gobierno Nacional en reclamo por la situación fiscal.
Ello sumado a una disputa de larga data en nuestro país en el que los bancos disputan los servicios financieros con las fintech (empresas financieras de base tecnológica), exigiendo mayores controles a la actividad.
Cierre de oficinas en la ciudad de Córdoba
Sumado a las medidas anunciadas, la empresa comunicó que a partir de agosto cerrará sus oficinas en la capital donde implementará un modelo de trabajo remoto para los 1.260 empleados que actualmente desempeñan su labor en el edificio de oficinas comerciales en Humberto 1º al 630.

Según La Voz, la compañía informó que mensualmente destina 770 millones de pesos a tasas municipales en Córdoba, llegando a significar casi 24 alquileres mensuales de la oficina donde se encuentra actualmente.
Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, dijo que “cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país. Lamentablemente, las tasas actuales nos obligan a redefinir donde localizar nuestras operaciones”.
“Esto no es un mensaje político, somos una empresa, hacemos negocios, las ventas vienen creciendo y llegamos al punto de pagar estos montos. En conversaciones recurrentes hemos intentado de todas las formas llegar a un entendimiento, pero no se logró”, explicó de la Serna.
Los bancos se prendieron del reclamo
El 3 de julio, la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) presentó al Banco Central (BCRA) un ranking de las provincias que gravan con el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) a las entidades financieras.
Según el relevamiento, La Pampa encabezó la lista con una alícuota de 9,10%, seguida por Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con un 9%.
Javier Bolzico, presidente de ADEBA, declaró que “entre los impuestos distorsivos que encarecen el crédito bancario, el IIBB es el más gravoso. Las provincias y CABA deberían reconsiderar sus políticas de gastos e impuestos a fin de permitir el desarrollo del crédito en sus jurisdicciones”.