El JP Morgan gana posiciones en el gobierno abriendo el juego a las inversiones privadas con la venta de empresas públicas, mientras busca acordar con otros actores cambios en la legislación laboral y fiscal.
Luego del resultado triunfal de las elecciones, el bloque comandado por el JP Morgan fortaleció sus posiciones en el país reubicando y colocando a más funcionarios dentro del Gobierno Nacional.
Sumado a los designados anteriormente, asumió como secretario de Finanzas Alejandro Lew, quien trabajó durante más de una década en la sede de la entidad en Nueva York enfocado en mercados emergentes.
A la cabeza del equipo se encuentra Luis Caputo, Ministro de Economía, un reconocido funcionario del banco, quien se encuentra acompañado por José Luis Daza como secretario de Política Económica, exdirector gerente y jefe de investigación de mercados emergentes en Nueva York.
El recorte de los fondos del transporte al interior del país del Gobierno, antes que una declaración de guerra a los gobernadores, fue una “sugerencia” del banco JP Morgan.
El Banco Central (BCRA) también está tomado: Santiago Bausili, su actual presidente, fue director para Latinoamérica del JP Morgan, mientras que Vladimir Werning, su vicepresidente, llegó a ser director ejecutivo y economista jefe para la región. Sumado a otros cuantos miembros del directorio también provenientes de la misma entidad.
Otro agente del grupo es Pablo Quirno, quien se desempeñó como secretario de Finanzas hasta el 28 de octubre cuando asumió como ministro de Relaciones Exteriores. También trabajó en el JP Morgan como director para Latinoamérica desde Nueva York.
Programa
De esta manera se acentúa su programa económico que tiene el objetivo de garantizar las jugosas tasas de interés en el sistema financiero local. Para ello, debe acompañarlo de una política de ajuste fiscal e incremento de la deuda pública, fortaleciendo en paralelo el esquema de reprimarización de la economía.
En el análisis de la edición anterior describimos la lucha de este bloque financiero por el control de las variables económicas y los grupos subordinados, aunque las medidas implementadas a tal fin no son suficientes hasta el momento.
El Tesoro estadounidense junto al JP Morgan y los organismos internacionales de crédito tomaron posiciones en la deuda y el gabinete del Gobierno para fortalecer su política de ocupación.
Al préstamo y apoyo político de EE.UU. previo a las elecciones se suma un nuevo acuerdo comercial realizado la semana pasada luego de varias instancias de negociación que busca acentuar la apertura de los mercados a través de compromisos arancelarios concernientes a lo tecnológico, ambiental y laboral, entre otros.
Por su parte, Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), en una conferencia la semana pasada, había adelantado las medidas que las principales empresas estadounidenses consideran prioritarias para destrabar inversiones.
El encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham) puso el foco en la competitividad a través de la reforma laboral.
La séptima edición del AmCham Summit 2025 tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el pasado 20 de mayo bajo el lema “Una Argentina competitiva”.
En ese marco, Facundo Gómez Minujin, presidente de la AmCham y del banco J.P. Morgan, comenzó su discurso de apertura del evento elogiando al Gobierno, destacando algunos hitos como la “eliminación del déficit fiscal y el ordenamiento del mercado cambiario”.
Sin embargo, el bancario resaltó que “no alcanza con estabilizar la economía solamente”. En ese sentido, sostuvo que la Argentina enfrenta “barreras estructurales que frenan el desarrollo”.
“Hace ya tres años que en AmCham decidimos levantar la voz con una visión estratégica y de largo plazo, entendiendo que sin institucionalidad no hay país que prospere”, añadió.
Yendo al grano, se refirió a los costos laborales en el país, que son entre 0,8 y 2 veces mayores que los de Brasil o Chile. “La rigidez normativa ha desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible e inclusivo”, señaló el jefe de Amcham.
Entre ellos se encuentra el condicionamiento al presupuesto nacional que comenzó a debatirse inmediatamente después de concluidas las elecciones. A su vez, presionan por la reforma laboral y tributaria, la ley de glaciares, la modificación de la inocencia fiscal y una reforma al Código Penal.
Las reformas, con recaudo
Dichas reformas apuntan a desviar el impacto negativo del ajuste en el sector comercial e industrial, sin afectar el negocio financiero en el país. Por ello, otros actores adhieren al pedido laboral y fiscal en sintonía con lo planteado por AmCham, aunque con matices ya que también se ven perjudicados por la baja de la actividad económica y el consumo.
El mismo CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en la 31º Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que el país “necesita de una fuerte estructura industrial” y no sólo desarrollar los sectores exportadores como el agro y la minería.
De esta manera, reculando ante el programa económico del gobierno, el empresario aclaró que “el concepto de política industrial se ha desprestigiado en los últimos años por los abusos, pero eso no le quita valor y relevancia”.
El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, en un intento por ganarse las voluntades del sector, aclaró en ese mismo encuentro que la reforma laboral tiene el objetivo de que “puedan contratar más gente sin sufrir la industria de los juicios laborales, que encarece los costos y no les da previsibilidad”.
Dicho funcionario es quien está encargado de reunirse con los gobernadores para lograr los consensos necesarios y llevar una propuesta al Congreso antes de finalizar el año, aunque aún no se conocen detalles del proyecto. Luego de la cumbre post elecciones, la semana pasada comenzaron las reuniones bilaterales, donde ya se predispusieron a negociar los mandatarios de Córdoba, San Juan, Salta y Tucumán.
El pasado 30 de octubre se realizó una reunión entre Javier Milei, el gabinete y gobernadores en Casa Rosada para abordar las reformas del Estado.
Así el programa económico entiende a las reformas como un complemento para acrecentar su influencia sobreponiéndose a la resistencia de la oposición política y manteniendo al margen la protesta social.
Remate y tensiones en el sistema productivo
Aún con el ajuste, sumado a la recaudación de las retenciones y el préstamo de EE.UU., al parecer no alcanza para conseguir los recursos necesarios. Julie Kozack, la vocera del FMI, en una conferencia de prensa la semana pasada, enfatizó “la necesidad de acelerar la acumulación de reservas” para “fortalecer aún más la confianza del mercado”.
De gira por Washington, Milei rinde culto a los poderes globales reuniéndose con el FMI, Banco Mundial y el BID.
En la encrucijada, el gobierno acelera la marcha para la venta de empresas públicas y apertura de concesiones en la carrera por cumplir sus metas fiscales. En ese sentido, Caputo anunció la licitación de dos nuevos tramos de 1.800 kilómetros de rutas nacionales para el sector privado.
El plan se enmarca en la Red Federal de Concesiones con la que se licitarán más de 9.000 km distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20% de la red vial nacional y concentran el 80% del tránsito.
“Estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro” con el objetivo de “alentar la inversión privada”, dijo el ministro Caputo en el anuncio de la licitación.
El sector energético tampoco queda exento: Caputo firmó una resolución que da inicio al proceso de venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). El titular de la empresa, Demian Reidel, reconoció que el interés sería en gran parte por “la exportación de uranio y combustibles nucleares a Estados Unidos”.
Además, el ministro también lanzó la licitación durante 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén. Según la comunicación oficial el Gobierno avanza “en la transformación del sector energético, retirando al Estado del rol de operador para dejar que el capital privado lidere las inversiones”.
Dichos movimientos se suman a la licitación que se realizará a fin de año por el Belgrano Cargas y Logística S.A. que administra los ramales del Belgrano Cargas y el San Martín. El Grupo México Transportes (GMXT), una megacorporación minera y de transporte, ya se mostró interesado en el negocio.
Bunge, Cargill, ACA, AGD y Louis Dreyfus habían presentado una propuesta conjunta en la Bolsa de Comercio de Rosario para participar del proceso. Además de seguir teniendo un ojo puesto en la concesión del dragado y balizamiento en la hidrovía del Paraná.
