Casos testigos en diferentes partes del país muestran una reestructuración a nivel empresarial que deja como saldo despidos y cesantías.
La semana pasada en el sector de alimentación, se conoció el quiebre de la empresa láctea La Suipachense.
El juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes decretó la quiebra de la firma con más de 70 años en el mercado. Esta decisión afecta directamente a 140 trabajadores de la planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha.
También se sumó el cierre de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), empresa proveedora de productos de la marca SanCor que fue declarada en quiebra el pasado 6 de noviembre.
La principal planta operaba en el partido bonaerense de Lincoln y empleaba 180 personas, mientras que otras 200 trabajaban en Monte Cristo, Córdoba.
La Suipachense y ARSA son controladas por el grupo venezolano Maralac. Este grupo se quedó con la participación de Vicentin que era controlante de ARSA luego de declararse en quiebra en 2019.
Por su parte, trabajadores del Frigorífico Euro, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Santa Fe, decidieron ocupar la planta.
La crítica situación económica de apertura de importaciones y paralización de la actividad se apoya sobre los hombros de trabajadores que aguantan las consecuencias. 
El hecho se dio luego de que la empresa incumpliera el reciente compromiso de pago de salarios adeudados. Ante ellos 160 operarios del sector de tripas para embutidos decidieron que sostendrán la ocupación hasta conseguir los sueldos pertinentes.
“Este conflicto arrancó en enero con 60 despidos que fueron comunicados por WhatsApp. En ese entonces intervino el Ministerio de Trabajo y dictó conciliación obligatoria y los compañeros fueron reincorporados al plantel. Desde ese momento venimos en lucha por el atraso en el pago de sueldo”, remarcó a medios locales el delegado Walter Navarro.
Si bien “las ventas bajaron un poco por la situación del país, eso no es todo el problema. Esta gente (los dueños) no son del rubro y no conocen este tema. Son financistas, dueños de una empresa llamada LTF que está en Buenos Aires”, amplió sobre los motivos.
Otro de los sectores más golpeados por las aperturas de importaciones fueron las ramas textiles.
En Tierra del Fuego se conoció el cierre de la fábrica Blanconieve que despidió a 35 trabajadores. La misma se dedicaba a la elaboración de ropa de cama.
“Encontramos la puerta cerrada. De un día para otro nos quedamos sin trabajo. Lo único que pedimos es que nos paguen la indemnización al 100%. No queremos limosnas”, contó Marcela, trabajadora despedida a Crónica TV.
El mapa de conflictos continúa agravándose en el país, con despidos, paralización de plantas, reducción de turnos y trabajadores en lucha por salvar su empleo.
También la reconocida firma de sweater Mauro Sergio, radicada en Mar del Plata, suspendió el pasado jueves a 175 trabajadores hasta otoño acusando el derrumbe de ventas.
Previamente se realizó audiencia con el Ministerio de Trabajo decidiendo que los trabajadores recibirán el 78% del salario sin aportes jubilatorios.
“Cuando estábamos esperando la baja de impuestos, nos despachamos con que el Gobierno le bajó el impuesto a los chinos”, expresó el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano.
