Mientras el debate acerca de la reforma laboral se centra en los aspectos legislativos y parlamentarios, la precarización, el monotributo y la baja del poder adquisitivo moldean la actualidad del trabajo en el país.
Luego de las elecciones de octubre el Gobierno Nacional se hizo eco de los reclamos del sector empresarial para retomar la iniciativa de reformas estructurales, entre las que se encuentra la laboral.
Martín Rappallini, presidente de la UIA, justificó la necesidad de las reformas debido a que en el país existe “una presión fiscal del 52% que hace imposible que podamos competir a nivel global”.
Además, denunció que la regulación actual propone “un sistema laboral muy rígido, con mucha litigiosidad”. “Necesitamos que producir en Argentina vuelva a ser un buen negocio: o me das la competitividad por un lado [tipo de cambio/impuestos] o me la das por el otro [reforma laboral]”, exigió el empresario.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró que las reformas pensadas por el gobierno apuntarán a regular los juicios, impuestos, convenios y otros aspectos de la organización laboral.
“Si te querés tomar las vacaciones en partes y tu empleador está de acuerdo, se hace, y si no está de acuerdo, queda como ahora. Siempre es en términos de generar más libertad”, declaró en una entrevista realizada a Radio Mitre el pasado 20 de noviembre.
De esta manera empresarios y gobierno tratan de enfrentar una situación que también se les impone: los primeros buscan ser competitivos a nivel mundial para no desaparecer reclamando “bajar costos”, mientras que el ejecutivo precisa más tiempo en su carrera por fortalecer las reservas haciendo malabares frente a los reclamos sectoriales.
El Tesoro estadounidense junto al JP Morgan y los organismos internacionales de crédito tomaron posiciones en la deuda y el gabinete del Gobierno para fortalecer su política de ocupación.
Por el lado de los trabajadores, el nuevo triunvirato de la CGT anunció posibles medidas para diciembre en rechazo a la propuesta de las cámaras empresarias y el gobierno. Por su lado, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, aclaró que “en Argentina no alcanzan 10 reformas laborales juntas si no cambiamos el modelo económico”.
La reforma silenciosa
Lo cierto es que en paralelo a los debates mediáticos de las últimas semanas, la transformación estructural de las relaciones laborales continúa su curso modificando de hecho la situación de los trabajadores.
En la actualidad la informalidad laboral es una realidad que aqueja a la mayoría. De los casi 21 millones de trabajadores estimados en total, sólo 13,3 millones se encuentran bajo algún tipo de registro. Y si contemplamos a los monotributistas y autónomos dentro de la fuerza laboral informal, ésta última es el 54% del total.
Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) los asalariados del sector privado con aportes se incrementaron sólamente de 6,1 a 6,3 millones en los últimos 12 años, es decir el 3,2%, cuando la población ha crecido alrededor del 10% durante el mismo periodo.
Los últimos informes oficiales expresan la crítica situación en la que vive la población, una tendencia que, lejos de ser coyuntural, se ha profundizado desde la década del 70 del siglo pasado. 
A principios de la década de los 90 los “asalariados sin descuento jubilatorio”, medido por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, superaban el 30%, porcentaje mucho mayor a las décadas anteriores o previo a la dictadura militar.
Sin embargo no había tocado su techo ya que llegó a alcanzar el 49,5% en octubre del 2002. Durante los años siguientes descendió, y desde 2011 hasta la pandemia se ubicó en alrededor del 33-35% hasta llegar en la actualidad a alrededor del 40%.
Dicho proceso se dió en paralelo a reformas legislativas que fortalecieron el esquema de precarización laboral, como la Ley Nacional de Empleo en 1991 que creó modalidades de contratación temporal con reducción de aportes patronales, o la Ley de PyMEs de 1995 que buscaba mayor flexibilidad para negociar aguinaldo y vacaciones en empresas chicas.
El entonces presidente Carlos Menem anunciando la promoción de la Ley de Empleo, entre otras reformas.
Aunque la frutilla del postre fue la Ley N° 24.977 de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con la cual se crea el monotributo. Ante la recesión económica, alto desempleo y baja recaudación estatal, el poder impuso a los trabajadores mayor precarización a costa de sostener a regañadientes la supervivencia.
En el primer mes de vigencia, se inscribieron masivamente cerca de 600.000 “contribuyentes”. En la actualidad la cifra total asciende a 2,2 millones aproximadamente, donde el total de trabajadores independientes, que incluye también a autónomos, supera los 3 millones.
Vida a la baja
A su vez, a pesar de cierta “estabilidad”, las condiciones de vida de los trabajadores formales cayeron en picada en los últimos años: según el dato de Remuneración Promedio (RIPTE) brindado por el Ministerio de Capital Humano, perdieron el 36% de su salario desde 2017 a la fecha.
Dicha situación empuja a esos trabajadores a agregar horas o directamente buscar otro empleo para complementar sus ingresos.
La cantidad de ocupados que tienen más de un trabajo pasó del 8,3% en 2017 al 10,5% en la actualidad. Mientras que los Ocupados Demandantes (que buscan empleo activamente), pasaron del 15,4% al 17,5%.
Asimismo el retroceso del poder adquisitivo fue un ataque al conjunto de los trabajadores. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) dejó de ser una garantía de subsistencia para convertirse en una garantía de explotación laboral y condiciones paupérrimas de vida.
En 2017 con 1,9 SMVM se alcanzaba a cubrir el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia de 4 integrantes, es decir, un 53,1% del total, mientras que en la actualidad ese número supera los 3,2 SMVM, alcanzando a cubrir sólo el 30,8%.
Ello está vinculado directamente con las estadísticas que miden el nivel de pobreza de la población: mientras que en 2017 el porcentaje que no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas era del 25,7% (10,4 millones de personas), en el 2do semestre de este año ese número alcanzó el 51% (23,5 millones), luego bajado radicalmente por la estadística del 3er trimestre.
Ésta radiografía muestra sólo algunas de las consecuencias de un plan sistemático de saqueo y explotación implementado desde hace décadas en nuestro país. Su ejecución en los hechos fue la garantía para las reformas impuestas desde la legislación durante y posteriormente.
