Se reafirma el rumbo del programa económico apoyado por los organismos internacionales de crédito. Distintos sectores perjudicados pelean por resistir a la política de gobierno.
La orientación de la política económica en el país se reafirma sobre tres pilares fundamentales: el ajuste de los recursos destinados a la población, la apertura de las importaciones y el desarrollo de sectores exportadores estratégicos como la minería, la energía y el agro.
Sobre estos aspectos se asienta la “integración al mercado global” que busca subordinar el entramado productivo nacional al proceso de valorización financiera, cuestión que se viene cumpliendo a rajatabla.
El rumbo
El impacto de esta política puede verse reflejado en vastos sectores de la sociedad. Según un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en los últimos 26 meses cerraron más de 24.000 empresas y se perdieron 290.000 puestos de trabajo.
Bajo este contexto, transportistas autoconvocados de varias ciudades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Misiones y Buenos Aires, se vienen movilizando para lograr establecer una tarifa que “refleje los costos reales del transporte”, condición que consideran indispensable para sostener la actividad en plena campaña agrícola.
Las agroexportadoras, nucleadas en la Ciara-Cec, acusan a los transportistas de “extorsionadores” al ver perjudicados sus negocios con el comercio global. Mientras tanto el Gobierno Nacional y las provincias se responsabilizan mutuamente ante el conflicto.
En paralelo, la política del ajuste se profundiza como uno de los pilares antes mencionados, donde las últimas semanas fue dirigida particularmente hacia el Pami y las universidades. En el organismo público desde hace años los trabajadores vienen denunciando despidos encubiertos y ajuste.
La semana pasada emergió a la superficie un conflicto de deuda del Pami con las administraciones provinciales, clínicas y profesionales, que ocasionó protestas en varios puntos del país. Producto del congelamiento de la tarifa por paciente, una médica psiquiatra comentó a Tiempo Argentino que es la primera vez en 30 años que viven “una baja en el salario del 52%”.
Para el caso de las universidades, desde comienzo de año los gremios y federaciones de trabajadores vienen realizando paros y distintas actividades por aumento salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El próximo 12 de mayo se realizará un paro nacional de la docencia acompañado de una “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, que fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ratificada por gremios universitarios.
Por ahora las medidas no lograron torcer la fuerza del Gobierno Nacional que pelea por destinar cada vez más recursos a financiar el vencimiento de los compromisos de deuda que el Estado contrae con los bancos y fondos de inversión.
Dicha decisión quedó asentada en el presupuesto 2026, como en años anteriores, donde los recursos destinados a cumplir con los servicios de la deuda pública ($14 billones) superan con creces a los destinados a energía, comunicaciones, transporte, agricultura, industria y comercio en conjunto ($11 billones).
Transcapitalismo
Otro de los pilares es la apertura de importaciones que genera transformaciones profundas en el entramado industrial nacional. Las importaciones de bienes terminados (es decir que no necesitan ningún agregado de valor) llegaron a un récord el año pasado por un monto superior a los 11.000 millones de dólares.
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) los productos que más incrementaron su importación fueron alimentos elaborados, calzado, electrodomésticos y artículos para el hogar.
En muchos sectores se trata de firmas oligopólicas que pasaron de producir o agregar valor a productos intermedios a “comercializar bienes finales que no requieren transformaciones industriales adicionales”.
Reflejo de ello es la baja significativa del uso de la capacidad instalada de la industria manufacturera. En la actualidad se encuentra en el 54,6% (4 puntos menos que el año pasado), donde los sectores más perjudicados fueron el textil pasando del 46,4% en febrero de 2025 al 39,9% en el mismo mes de este año, el automotriz de 54,6% al 38,9% y la metalmecánica del 44% al 33,9%.
Y, debido a que la maquinaria está sin utilizar, es inevitable que la producción corra la misma suerte: el Índice de producción industrial manufacturero del INDEC se encuentra en su nivel más bajo desde 2016 (exceptuando el período de la pandemia).
En medio de la desidia industrial la actividad petrolera fue la única beneficiada, donde la refinación de petróleo pasó de utilizar el 73,9% de la capacidad instalada al 88,9%, siendo, a su vez, el único sector que registró un aumento de la producción en el último mes.
Esta conversión productiva fue vanagloriada la semana pasada en el evento Summit de AmCham que reúne a la cúpula política y económica del país para debatir sobre la dirección que debe asumir el programa de gobierno.
Allí estuvo presente Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, quien celebró que “la Argentina tiene lo que el mundo necesita: la energía en Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio y agroindustria”.
Por su lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que “las industrias que dejan de producir bienes y prestan servicios” forman parte de la “reconversión” que están impulsando desde el Gobierno Nacional.
Prácticamente en paralelo el Gobierno obtuvo la renovación del apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante el desembolso de 1.000 millones de dólares al cumplir con los requisitos del programa acordado el año pasado.
En el mismo sendero, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometieron a aportar garantías por 2.000 y 550 millones de dólares respectivamente para obtener el financiamiento de bancos privados destinado al pago de la deuda que vence el próximo 9 de julio por 4.300 millones de dólares.
De esta manera se reafirma el rumbo del saqueo en el país con el apoyo de los organismos de crédito y los principales actores de la economía nacional beneficiados. Para quienes viven de su trabajo, y no tienen la posibilidad de convertirse en dueños de empresas petroleras o fondos de inversión, la realidad se presenta cruenta.
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