La crisis del sistema sanitario atenta de lleno contra los trabajadores. Jubilados y médicos del Pami inician medidas y gremios del sector conforman frentes sindicales en el sur.
Médicos y odontólogos que trabajan con afiliados del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) concretaron un paro nacional de 72 horas desde el pasado lunes en reclamo de una actualización de los valores de las consultas para recomponer los honorarios y garantizar la continuidad de la atención médica.
La medida fue convocada por un grupo de profesionales, sin el aval de los gremios del sector, que se desmarcaron de la misma.
Desde la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) se comunicó que no se ha decretado ningún paro y advirtió que la adhesión es realizada bajo la responsabilidad individual de los trabajadores.
A su vez, desde la asociación gremial ratificaron que la vía elegida para resolver el conflicto es el diálogo directo con las autoridades nacionales de la obra social.
Paro de médicos de PAMI_ APPAMIA aseguró que no avala ninguna medida de fuerzaSin embargo, son otros los tiempos para los usuarios. Jubilados del Pami de Río Cuarto, denunciaron que la oficina local aplica cobros indebidos y pone trabas para acceder a las prestaciones médicas de la obra social.
En diálogo con Puntal, la delegada gremial Nora Oviedo advirtió que los afiliados deben afrontar copagos de hasta $25.000 para ser atendidos en algunas clínicas y guardias médicas, pese a que esos cobros no están contemplados por la obra social.
Esta situación adquirió una notoriedad particular cuando a fines de mayo una jubilada de 74 años murió dentro de la sede central del Pami de Río Cuarto a causa de un paro cardiorrespiratorio repentino, cuando se encontraba en el lugar realizando gestiones para obtener una derivación médica vinculada a una intervención quirúrgica por un aneurisma.
Garantía de insostenibilidad
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que entre enero y abril el PAMI recibió $0,4 billones del Tesoro y otros $0,6 billones provenientes de la ANSES, registrando una caída del 54,4% frente al mismo período del año anterior.
A su vez, en el último informe de gestión del Gobierno, el Ejecutivo admitió que 2,2 millones de afiliados del PAMI quedaron afuera de la cobertura del 100% que tenían ciertos medicamentos, a pesar de que sigue vigente una cautelar de la Justicia que obligó a volver a aplicar el beneficio a todos los jubilados.
Para el Gobierno, el ajuste está orientado a “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
La Defensoría de la Tercera Edad estima que el costo de los medicamentos representa el 27,5% de la canasta de un jubilado, lo que equivale a $500 mil. En la actualidad, el monto de la jubilación mínima, con bono incluido, es de $403.318.
El organismo aumentó recientemente la cápita de los médicos de cabecera de 2.100 a 2.400 pesos por afiliado, con retroactividad a mayo, aunque para el sector el incremento no alcanza a compensar la pérdida de ingresos registrada desde abril.
En este escenario, un grupo de clínicas y sanatorios de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunció que, ante la falta de respuesta a los reclamos por los aranceles, la suspension desde el 3 de junio de la atención bajo cobertura de PAMI de las consultas de guardia.
La salud no puede esperar
La crisis atraviesa así a todo el sector, repercutiendo tanto en la realidad de los trabajadores que asisten a los centros de salud como a los que integran el sistema sanitario. En Villa Maria, referentes de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) denunciaron que las clínicas Marañón, Fusavim y Cruz Azul todavía adeudan pagos salariales correspondientes al mes de abril.
Pero la reacción lejos está de hacerse esperar. En mayo se convocó una movilización nacional con epicentro frente al Ministerio de Salud de la Nación, para denunciar los recortes del sistema sanitario, en la que confluyeron trabajadores sanitarios, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes y estudiantes.
La misma puso sobre la mesa el conflicto bajo la consigna “La salud no puede esperar”. Los convocantes advirtieron por el deterioro del sistema sanitario, el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto concreto de esas medidas sobre pacientes, hospitales y centros de atención.
Recientemente, la Asociación de Profesionales de la Salud de Santa Cruz (APROSA) anunció un paro provincial de 72 horas que se desarrollará los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, en reclamo de aumentos salariales y la regularización de sus condiciones laborales.
En diálogo con Tribuna, Andrea Perez, secretaria general de APROSA, sostuvo que la presión se intensifica debido al endeudamiento de los trabajadores. “Vos vas pensando cómo vas a pagar el crédito que sacaste y cuando pensás que vas a cobrar un monto determinado de repente cobras menos de la mitad”.
Sin embargo, aseguró que “no solamente salud está con conflicto, sino que los docentes, la policía, los judiciales, vialidad o la universidad” y que ante ello, el gobierno de la provincia los convoca a reuniones paritarias donde las autoridades no llevan ninguna propuesta.
“En el medio hay una un proyecto de ley de endeudamiento de la provincia de 600 millones de dólares para obra pública”, añadió Perez.
Frente a este panorama, la dirigente indicó que los trabajadores se organizan en toda la provincia en mesas intersindicales para efectuar medidas de fuerza en unidad. “Uno se siente respaldado con el otro compañero que está viviendo la misma situación en la calle”.
En un momento de crisis y reclamo salarial de los profesionales de la salud, el PAMI publicó una resolución que les otorga $2100 por paciente. 
