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Pauny y el avance de la conflictividad laboral en el país

19-11-2026
en Movimiento

Anoche marcharon en apoyo a los 450 trabajadores de la fábrica de tractores, que llevan dos semanas de toma por salarios impagos. El conflicto refleja un caso más de aumento en los reclamos de trabajadores.

La ciudad de Las Varillas volvió a salir a la calle ayer por la noche para respaldar a los trabajadores de Pauny, la histórica fábrica de maquinaria agrícola que mantiene paralizada su actividad desde comienzos de mes. 

Alrededor de 600 vecinos, familiares y operarios marcharon desde la plaza San Martín hasta el predio fabril, donde los trabajadores sostienen una toma desde hace quince días, en la previa de una nueva audiencia convocada para hoy en el Ministerio de Trabajo de Córdoba.

La protesta evidenció que el conflicto excedió las puertas de la planta. Tras semanas de colectas de alimentos impulsadas por vecinos, clubes y distintos espacios de la comunidad, la movilización expuso el peso que tiene la firma en el entramado productivo local. 

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Lucas Sarmiento, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Francisco, precisó que la crisis alcanza de manera directa a unos 450 trabajadores, una cifra que al menos se duplica en empleos indirectos. 

El efecto arrastre ya comenzó a sentirse también en las empresas proveedoras: la fundición local Fundición Gabebadi S.R.L., que destina buena parte de su producción a Pauny, presentó un procedimiento preventivo de crisis.   

Cronología de un deterioro acelerado

La situación actual comenzó a expresarse con mayor intensidad a partir del segundo semestre de este año. A fines de agosto, el gremio y la compañía firmaron un acuerdo en el marco de un procedimiento preventivo de crisis avalado por el gobierno provincial con el objetivo de sostener los puestos de trabajo. 

Los empleados aceptaron ser suspendidos los lunes y martes, reduciendo la semana laboral a tres días, y percibir el 70% de sus haberes a la espera de que la empresa utilizara ese alivio para ordenar sus cuentas.   

“Siempre priorizaron cuidar sus empleos y acompañar a la empresa en su mala situación económica”, recordó Sarmiento sobre aquel entendimiento. Sin embargo, la caída de las ventas y el deterioro financiero no se detuvieron. 

Lucas Sarmiento, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Francisco.

De acuerdo con los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en septiembre de 2026 se patentaron 401 tractores en todo el país, lo que implicó un retroceso del 21,1% respecto de agosto y del 22,6% en la comparación interanual.

Pauny, que según su propio sitio web llegó a fabricar seis de cada diez tractores que circulan en el país, pasó de 33 unidades patentadas en agosto a 24 en septiembre, con una participación acumulada del 7,9% en el año.   

En paralelo, el frente financiero de la empresa se desmoronó. Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa acumuló 146 cheques rechazados por $1.028,4 millones (más de 600.000 dólares) entre el 13 y el 23 de octubre, además de registrar a agosto deudas bancarias por $30.817 millones, con el Banco Nación como principal acreedor.   

El quiebre definitivo se produjo a fines de octubre, cuando la firma envió un comunicado dispensando al personal de asistir a la planta los días 28, 29 y 30. Los operarios desoyeron la orden y se presentaron con normalidad, mientras la UOM solicitó una audiencia urgente ante la cartera laboral provincial para exigir respuestas por los haberes impagos y las irregularidades en las contribuciones.   

“Pese a los sacrificios de los trabajadores, la empresa no cumplió su parte del acuerdo. Dejó de pagar los salarios y retuvo los aportes de obra social de los recibos de sueldo sin realizar las contribuciones correspondientes, dejando a los trabajadores sin cobertura médica”, afirmó Sarmiento. 

“Ante el incumplimiento y el riesgo de que la empresa no existiera más, la organización de trabajadores se movilizó” debido a que “los compañeros saben que la empresa los hace partícipes en las pérdidas, pero nunca en las ganancias”.   

Tras fracasar las primeras negociaciones, el 4 de noviembre los trabajadores decidieron en asamblea iniciar una toma de la planta argumentando el adeudamiento de dos meses de salarios y la falta de cobertura de obra social y ART. 

Los trabajadores hicieron efectiva la toma el pasado 4 de noviembre.

La tensión volvió a escalar el pasado jueves 12 de noviembre, cuando los directivos de la firma no se presentaron a la audiencia fijada en el Ministerio de Trabajo y se limitaron a enviar una nota a los medios de comunicación. 

Esa ausencia bloqueó la discusión por un cronograma de pagos y un plan de continuidad productiva. Ante la urgencia social de las familias, el gobierno de Córdoba instrumentó un paquete de asistencia de emergencia con aportes directos de $300.000 por trabajador durante cuatro meses, módulos alimentarios y fondos para el hospital local frente al corte de la obra social. 

Para hoy jueves a las 10 está prevista una nueva audiencia en la delegación Las Varillas del Ministerio de Trabajo, instancia a la que la empresa fue intimada a concurrir bajo apercibimiento de ser trasladada por la fuerza pública.   

El mapa nacional de la conflictividad

La crisis de Pauny no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una ola más amplia de conflictos laborales en todo el país. El informe de conflictividad laboral en el gobierno de Milei, publicado este mes por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), contabilizó al menos 953 casos. 

A partir del seguimiento de coberturas periodísticas y sitios sindicales, entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026, comenta que la Industria es la rama más golpeada, con el 65,3% del total de los casos relevados. 

Dentro de la actividad manufacturera, los rubros más comprometidos son el textil, el alimenticio y el metalúrgico y siderúrgico, todos ellos expuestos de lleno al ingreso de productos importados y a la retracción del mercado interno. 

Detrás se ubican el sector Servicios (15,9%, con foco en hotelería, gastronomía, transporte, medios de comunicación, finanzas y sanidad), Comercio (8,4%, concentrado en supermercados), el sector Primario (7,9%, principalmente hidrocarburos, pesca y minería) y la Construcción (2,5%).   

Al observar el tipo de conflicto, los despidos encabezan ampliamente el registro con el 53,7% de los casos. Según indica el documento de CEPA, esa dinámica se correlaciona con la pérdida de 437.611 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y julio de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 

Luego aparecen los cierres de empresas (17,5%), las situaciones de crisis (10,7%) y las suspensiones (9,1%), mientras que el resto del cuadro se completa con quiebras (2,3%), retiros voluntarios (2,1%), concursos preventivos (1,9%), conflictos por condiciones de trabajo, en particular salarios adeudados, (1,4%) y paralizaciones (1,3%).   

El impacto recayó principalmente sobre el entramado de capital nacional y de menor escala. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) concentraron el 41% de los conflictos laborales, seguidas por los conglomerados extranjeros (23,5%), que en numerosos casos optaron por reemplazar producción local por mercadería importada o recortar plantillas ante la caída del consumo, las grandes empresas (21,8%), los grandes grupos económicos (9,7%) y las firmas estatales (4%). 

Según el origen del capital, el 74,2% de los episodios involucró a empresas nacionales, frente a un 24% de capital extranjero y un 1,7% mixto. En términos territoriales, la zona centro acumuló el 54,8% de la conflictividad relevada.

Buenos Aires lidera con el 27,9% (266 casos), seguida por Santa Fe con el 10,4% (99 casos), Córdoba con el 6,9% (66 casos), la Ciudad de Buenos Aires con el 5,7% (54 casos) y Entre Ríos con el 3,9% (37 casos). 

El reporte advierte además un agravamiento marcado durante el último año, donde la frecuencia de conflictos pasó de un promedio de 25 casos mensuales entre enero de 2024 y octubre de 2025 a 33 casos por mes entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. 

Al mismo tiempo, se endureció la salida de los conflictos: los cierres de plantas o empresas, quiebras y concursos preventivos escalaron del 6,2% de los registros en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. En el segundo semestre de este año, más de la mitad de los episodios relevados (56,5%) derivó en un cierre, una quiebra o un concurso preventivo.   

Casos en toda la industria

El informe documenta que al menos 46 firmas de la base de datos comenzaron con despidos, suspensiones o atrasos salariales y terminaron meses después cerrando sus puertas o acudiendo a la Justicia comercial. 

Dentro de la propia provincia de Córdoba y el sector ligado al agro y la metalmecánica, además de Pauny, CEPA relevó la trayectoria de Metalfor en Marcos Juárez, que arrastró atrasos salariales desde 2025, abrió un procedimiento preventivo de crisis en julio de 2026, ejecutó despidos en su planta de Noetinger y un plan de 225 retiros voluntarios en agosto, y solicitó el concurso preventivo en noviembre. 

Instalaciones de Metalfor en Marcos Juárez.

En el rubro automotor y autopartista, el trabajo menciona la paralización por siete semanas de la planta cordobesa de Stellantis, el cierre de la autopartista Crucianelli y el de la fábrica de fertilizantes de Bunge en Campana, con más de 200 despidos.   

El deterioro se extiende también a la industria alimenticia, donde figuran la declaración de quiebra de SanCor en abril de 2026, con 917 trabajadores, y Granja Tres Arroyos, que incluyó el cierre de su planta La China en Concepción del Uruguay, 1.250 despidos en Buenos Aires y el concurso preventivo en septiembre. 

En el sector textil y de calzado sobresalen el cierre definitivo de la planta de Dass en Eldorado (Misiones) en julio de 2026, la paralización de Topper en Tucumán con licencias para 1.200 operarios y la quiebra de Algodonera Avellaneda.   

La planta de Topper en Tucuman.

La lista de casos testigo incluye también a la industria electrónica, siderúrgica y comercial: Electrolux dejó de fabricar en Rosario en septiembre tras meses de suspensiones a 400 operarios; BGH avanzó con la eliminación de 250 puestos en Tierra del Fuego y Peabody cerró su planta; Acindar volvió a frenar producción ante la caída de la demanda; Unionbat cerró en Gualeguaychú con 101 despidos antes de concursarse en octubre; y la proveedora industrial CAMSA pidió el concurso con deudas por $13.029 millones. 

En comercio, Musimundo (Carsa) cerró sucursales en el norte del país y terminó en quiebra en septiembre, mientras que la cadena Le Blé se presentó a concurso con pasivos por $1.566 millones tras reducir más de dos tercios de su personal.   

Con ese telón de fondo nacional, los trabajadores de Pauny y la comunidad de Las Varillas aguardan el resultado de la audiencia de hoy en el Ministerio de Trabajo provincial. El reclamo sigue centrado en dos puntos concretos: la presentación de un esquema verificable para saldar los salarios y aportes retenidos, y definiciones sobre la continuidad productiva de una planta clave para la economía local y nacional.

 

Tags: Condiciones de trabajoCONDICIONES DE VIDAEDICION DIGITALINDUSTRIAMOVILIZACIONESMOVIMIENTOQUE PASOSOCIALTRABAJADORES

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