La situación empeora para estudiantes y docentes que hacen malabares entre la deficiente conectividad y la presencialidad precaria de la vuelta a clases. Sin financiamiento y con condiciones paupérrimas el escenario es desalentador para el ciclo lectivo 2021.
Educación para privilegiados
En Argentina existen actualmente más de 60.300 establecimientos educativos (contando niveles públicos y privados), a los que asisten diariamente más de 10.381.433 estudiantes y más de un millón de docentes. Debido al Covid-19, dicha asistencia quedó truncada y el aula quedó convertida a algún lugar de la casa, acompañados por un aparato tecnológico que nos conecta virtualmente con nuestros compañeros y docentes.
Este esquema fue el único medio habilitado para la realización de la actividad académica, pero al ponerse en marcha demostró las carencias que tienen nuestro sistema educativo en general.
Según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el 36% de los hogares no tiene acceso a internet fijo y esta situación se profundiza en algunas provincias donde la cifra escala hasta un 70%, sumado a que en “el 45 % de estos hogares no tienen acceso a una computadora”.
Parte de los problemas que aquejan a la comunidad educativa tienen que ver con pérdidas salariales, problemas edilicios, falta de acceso a dispositivos de conectividad y la vuelta a clases de forma paulatina que no repara esta situación para educadores y estudiantes que quedan expuestos a condiciones paupérrimas en el desarrollo de la actividad.
Esto llevó a la convulsión del 2020 a través de paros docentes, apagones virtuales, marchas en largas caravanas de vehículos, huelgas de hambre y acampes que se hicieron sentir desde varias partes del país.
Estudiantes desconectados
Mientras que el 54% de los estudiantes no pudieron adherirse al cursado virtual por falta de conexión a internet, y el 10,2 % no pudo acceder por falta de herramientas tecnológicas.
En una entrevista el Ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta: “Un millón de estudiantes directamente no tuvieron contacto con la educación en todo el año” y esta situación no ha mejorado para el comienzo del año lectivo 2021.
Esto generó movimientos en todo el país de parte de estudiantes, que exigieron por el acceso a la educación a través de la liberación de datos y becas de conectividad para acceder a la conexión virtual, sumado al reclamo urgente de más presupuesto para sostener la educación.
En la provincia de Jujuy donde se movilizaron exigiendo al Ministerio de Educación por más becas de conectividad. Otra, es la Universidad Nacional de Comahue, en la cual, varios estudiantes se reunieron para exigir que se abran los espacios educativos para generar puntos de acceso a internet.
Algunos estudiantes debido al aislamiento social, decidieron presentar los reclamos a través de los órganos de gobiernos como Consejos Superiores, por ejemplo en las universidades de Tucuman, Misiones, Buenos Aires, Corrientes, Rio Cuarto, entre otras.
Para el caso de La Plata, Córdoba, San Luis, Villa Mercedes, también expresaron el descontento en torno al financiamiento que se destinará para la partida presupuestaria 2021.
La imposibilidad de acceso a las herramientas adecuadas de tecnología como lo son las computadoras o la conexión a internet, dejan en una situación realmente preocupante a muchos estudiantes que se ven imposibilitados a continuar sus estudios, otros incluso a arrancarlos.
Luchando también están enseñando
Los docentes también sufren las consecuencias del sistema educativo excluyente que los deja sin poder cubrir los ingresos alimenticios, debido a los salarios de pobreza que reciben. A su vez, afrontan desde su bolsillo los costos del teletrabajo, que dio un saldo positivo a grandes firmas tecnológicas y de telecomunicaciones absorviendo ganancias extraordinarias por el servicio de conexión a la red.
Respecto a las condiciones de trabajo remoto, pese a que el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.555 de Teletrabajo que establece que el empleador deberá aprovisionar a sus trabajadores con el equipamiento adecuado, cubriendo gastos de conectividad, de instalación, de reparación, etc, el beneficio queda a disposición del sector privado y a la buena voluntad de este.
Mientras el sector público debe conformarse con un monto que se destinará desde el gobierno nacional
de $1100 pesos para afrontar gastos en los equipamientos de bioseguridad (barbijo, alcohol en gel, etc).
Pero varios decidieron enfrentar las condiciones adversas con lucha y organización. En el año 2020 los docentes exigieron mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales.
En Neuquén los docentes llevaron a cabo una huelga de hambre en el mes de junio, de 50 horas, y un apagón virtual exigiendo mejoras en las condiciones de conectividad. En Resistencia (Chaco) se llevó a cabo una marcha en desacuerdo frente al aumento del 20% propuesto por el Gobierno Nacional en reuniones con los gremios del sector.
Según un informe realizado por Argentinos por la Educación, en los últimos 10 años los docentes perdieron más del 12% de su sueldo en promedio a nivel nacional.
Sumado a esto en el año 2020 los trabajadores en contexto de emergencia sanitaria, afrontaron
180 días con salarios congelados, lo que generó malestar de toda la comunidad debido a que los salarios no superan el mínimo que se necesita para cubrir la canasta básica alimentaria mensual.
El Secretario Adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Jorge Adaro, explicó que no solo buscan ganarle a la inflación del 2021, sino “recuperar lo que se ha perdido en los últimos años ya que sus salarios quedaron 10 puntos por debajo de la inflación”.
Actualmente hay 1.057.136 docentes en actividad en el país que volverían a las aulas la primera semana de marzo, aún sin demasiada información sobre cómo va a ser la nueva modalidad, ni los planes de vacunación que se propusieron.
Los riesgos del trabajo presencial son muy elevados y no está existiendo respuesta a las peticiones reclamadas por los docentes, en paralelo, la virtualidad no da garantías de mejores condiciones.
Sin presupuesto vamos en caída libre
Los institutos de enseñanza de todos los niveles, hace tiempo que vienen afrontando recortes en torno a la política presupuestaria. El presupuesto que se destina desde nación, provincia y municipio funciona para cubrir los costos de funcionamiento edilicios, pago de salarios docentes, financiamiento de proyectos educativos y gastos administrativos generales, es decir, permite a través de cada partida el funcionamiento de cada una de las instituciones.
En el año 2006, se aprueba por medio de la ley de educación superior un mínimo de financiamiento necesario y obligatorio a cumplir entre los poderes del 6% del PBI (producto bruto interno), pero solo se cumplió en el año 2015. Desde entonces el financiamiento de la educación viene en una caída cada vez más preocupante.
El malestar de toda la comunidad educativa empeora cada año, sin embargo, esta situación demostró que, incluso en contexto de pandemia y en estado de aislamiento total, los estudiantes junto a los trabajadores lograron organizarse para luchar. Necesitamos replantearnos a donde se están dirigiendo los recursos generados por todo el pueblo trabajador para sostener esta educación.
